Por Pablo Rocha
Tejero
Diario de León, 05/01/2018.
¿Quién de nosotros no se ha mostrado indignado en alguna
ocasión con el comportamiento de los bancos?
Comisiones excesivas, cláusulas suelo, ejecuciones
hipotecarias o de préstamos personales, acciones preferentes, imposición de
contratar seguros de vida o planes de pensiones para la concesión de un
préstamo, entre otras actuaciones, pero el presente relato se enmarca dentro de
los gastos de constitución que en las operaciones de préstamo hipotecario los
bancos han estado imponiendo en su totalidad e injustamente al prestatario
(notario, registro, tasación, impuesto actos jurídicos documentados).
La imputación de estos gastos en exclusiva cuenta al
prestatario ha sido declarada abusiva por numerosas sentencias de los
tribunales y juzgados españoles, e ilegales y nulas las cláusulas que contenían
esa imposición unilateral y de exclusiva cuenta del prestatario de los gastos
de constitución, y en fechas recientes esas numerosas sentencias han sido
ratificadas por el Tribunal Supremo.
Pues bien, dentro de estos gastos de constitución, se
encuentra uno que no alcanzo a calificar (estafa, timo, hurto, robo,
apropiación indebida), lo que si tengo claro es que es un abuso ilícito y que,
en mi humilde opinión, determina bien a las claras que el comportamiento
profesional y ético de las entidades financieras es sucio, ruin, injusto,
abusivo e intolerable, y me refiero a la factura de la Gestoría Administrativa
del Banco, que nos viene impuesta por el mismo cuándo solicitamos un préstamo o
crédito, y cuyos servicios profesionales consisten únicamente en recoger una
escritura pública de la notaría, presentarla ante la Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Castilla y León para abonar el Impuesto de Actos
Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales, y finalmente depositarla
para su inscripción en el Registro de la Propiedad.
Pues sepan ustedes, que los bancos utilizan para tales
servicios a unas gestorías, con sedes en Madrid, Barcelona, Valencia u otra
gran ciudad, que a su vez tienen delegaciones en las pequeñas capitales de
provincia como León, delegaciones estas, escondidas, oscuras, sin carteles o
rótulos anunciadores de las mismas, sin publicidad externa ni información sobre
teléfonos de contacto, y que finalmente prestan estos servicios en virtud de un
acuerdo con el banco, que les obliga a facturar unos honorarios determinados
por tales servicios, y que en la actualidad tiene como importe estandarizado la
cantidad de 393,25 euros (IVA incluido).
Si, han leído bien, 393,25 euros por la realización de un
servicio profesional de lo más básico que hay en el mercado, y por el que un
gestor administrativo legal, colegiado en León, y ejerciendo honradamente su
profesión cobraría 70,00 euros más IVA.
Pero es más, y si les dijera que de esos 393,25 euros que
cobra la gestoría del banco, este se lleva finalmente no menos del 50% de los
honorarios de la gestoría. ¿Qué les parece la jugada? Insisto, yo no alcanzo a
calificarlo, creo que me quedó corto diciendo que es un comportamiento sucio,
ruin, injusto, abusivo e intolerable.
Este relato real, tiene como actores principales al Banco
Popular S.A., sucursal de León, calle José María Pereda, núm. 15 (Polígono 10),
a la Gestoría Diagonal Company Services Solutions S.L., con sede en Barcelona,
y delegación en León en Avenida Ordoño II, nº 8, planta principal, puerta 7, y
a una cliente de quién suscribe, que vendió su vivienda, con hipoteca, a otro
particular al que financió la sucursal del Banco Popular S.A. antedicha, a
través de un préstamo hipotecario, y que exigió de mi cliente una provisión de
fondos de 1.263,25 euros por cancelar la hipoteca que la misma tenía en otra
entidad financiera, es decir que en una escritura de cancelación de hipoteca en
la que no interviene el Banco Popular, S.A., se le impone a mi mandante, que
los trámites administrativos de la cancelación de la hipoteca los tiene que
efectuar la Gestoría del Banco Popular S.A., impidiéndome a mí, su abogado,
haberle tramitado el asunto, ahorrándole un dinero.
Concluyo mi relato expresando mi más profundo malestar, indignación
e impotencia ante los comportamientos denunciados, insisto, no encuentro
calificativos, pero animo a todos los lectores a que no se dejen engañar, no
permitan estos robos con apariencia de legalidad que cometen día tras día las
entidades financieras, y que los denuncien, que no queden impunes, yo, en mi
caso particular, voy a iniciar cuantas acciones legales sean necesarias para
obtener el reintegro de parte de esos honorarios cobrados indebidamente a mi
cliente, y a su vez daré toda la publicidad que me sea posible al asunto, para
impedir que estas tropelías, estos actos de racanería y usura, continúen
produciéndose, y sean condenados y sancionados debidamente.
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