Por Cristina Puig
La vanguardia,
08/11/2018.
Cuando una persona quiere poner en marcha un negocio o
emprender alguna actividad empresarial, lo primero que acostumbra a hacer es ir
a su banco y cruzar los dedos para que le concedan un crédito. El problema es
que a veces el proyecto que propone el cliente a su entidad implica asumir
algunos riesgos que esta prefiere no correr, especialmente en tiempo de crisis
cuando se cierra el grifo del crédito y entonces la financiación se tiene que
ir a buscar a otra parte. Aquí es donde aparece la banca pública, que en
Catalunya se identifica con el Institut Català de Finances (ICF), una entidad
creada en 1985 con el objetivo de impulsar el crecimiento, la innovación y la
sostenibilidad de la economía catalana facilitando el crédito al tejido
empresarial del país y actuando como complemento del sector financiero privado.
De hecho el ICF funciona como un banco, en el sentido que concede créditos a
los clientes, pero sus parámetros de evaluación a la hora de concederlos son
diferentes a los de la banca tradicional.
Desde el 2014 el ICF es miembro de la Asociación Europea de
Bancos Públicos –que agrupa cerca de un centenar de entidades de 16 países de
Europa– pero paradójicamente la actual normativa estatal no permite
considerarlo un banco como sí ocurre en cambio con el resto de bancos públicos
de la Unión Europea. Así que, a la espera de que la ley cambie, desde el ICF se
quiere poner en valor el concepto de banca pública y todo lo que representa,
haciéndolo atractivo y conocido no sólo entre la pequeña y mediana empresa -que
es donde tiene su mercado principal- sino entre la población en general.
La proximidad geográfica y cultural de estas entidades las
hace conocedoras de las necesidades de los emprendedores
¿Pero si tanto los bancos tradicionales como la banca
pública funcionan como garantes del crédito, cuáles son los beneficios de tener
un banco público en un territorio? Desde el ICF insisten que son
complementarios y en ningún caso, competidores de las entidades privadas. Ahora
bien, destacan que la banca pública tiene unas ventajas añadidas como son la
proximidad geográfica y cultural y por lo tanto el conocimiento extenso de las
necesidades empresariales del país. Además, a diferencia de los bancos
tradicionales, las entidades públicas acostumbran a financiar sectores por los
cuales los primeros no apuestan tanto, como el sector de la vivienda social,
porque a menudo se trata de proyectos de perfil arriesgado. A diferencia de los
bancos también, el ICF concede créditos a medio y largo plazo, es decir de
entre 5 y 25 años para que el empresario pueda devolver el préstamo, y también
dispone de líneas de financiación que tienen el apoyo de varios departamentos
de la Generalitat que bonifican el tipo de interés, de manera que el empresario
también sale beneficiado.
El 95% de la cartera de clientes del Institut Català de
Finances son las pequeñas y medianas empresas y actualmente está financiando
más de 5.800 proyectos por un importe superior a los 2.000 millones de euros.
Catalunya es un país de pymes. El 99,8% de su tejido
empresarial son empresas que facturan menos de 50 millones de euros y tienen
menos de 250 trabajadores pero en cambio, proporcionan el 75% de puestos de
trabajo y suponen el 60% del producto interior bruto. Son por lo tanto el motor
de la economía catalana y las principales demandantes de crédito. En más, hay
que tener en cuenta que el 95% de estas pequeñas y medianas empresas son en
realidad micro empresas de menos de 10 trabajadores –en Catalunya hay 525.000
autónomos– para las que el acceso a la financiación que ofrece el ICF es la
única opción para poner en marcha su negocio. Josep-Ramon Sanromà explica que
el papel del ICF “es dar crédito participativo en las fases iniciales y
acompañar la empresa hasta que esta ya es autosuficiente y se puede financiar
bien a través del capital riesgo o en el mercado alternativo bursátil”.
Ahora bien, si se quiere acceder a la financiación del ICF
quien presente el proyecto no puede llegar sólo con una buena idea y las manos
vacías sino que tiene que presentar un plan de negocio que sea viable y
sostenible, que después será evaluado y también un compromiso firme de que el
préstamo se podrá devolver. A diferencia de la banca tradicional, desde el ICF
destacan que no piden compensaciones por el préstamo que ofrecen como por
ejemplo obligar a contratar seguros, tarjetas o a domiciliar las nóminas y de
aquí la diferencia con las entidades comerciales.
Sanromà insiste en la idea de que el ICF “no quiere competir
con los bancos tradicionales sino hacer la función de complemento al sector
privado y compartir la financiación de un proyecto”. Para explicarlo habla del
“rol anticíclico” de la banca pública, en el sentido que facilitan el crédito
cuando los bancos tradicionales son más restrictivos. Cuando eso ocurre es
cuando la pequeña y mediana empresa encuentra el crédito que necesita para
salir adelante. El secretario general de PIMEC, Antoni Cañete hace énfasis en
la necesidad de que el empresario entienda que hoy día hay otros instrumentos
de financiación aparte de los bancos que hay que tener en cuenta sobre todo
porque “somos un país con los plazos de dilación de pago mayores de toda Europa
–después de Grecia– que provoca que un autónomo pueda tardar más de 160 días en
cobrar”.
Por lo tanto, el empresario no sólo tiene que tener crédito
para poner en marcha un negocio sino dinero “circulante” que le permita vivir
en aquellos momentos en que está pendiente, por ejemplo, de un cobro.
Utilizando una metáfora, Antoni Cañete habla de “el aire para respirar” de una empresa,
que es lo que facilitan instrumentos como la banca pública o el capital riesgo,
porque si no sucede lo que pasó durante la última crisis y es que “1 de cada 3
empresas cerró por la falta de aire”, añade. Por eso insiste en hacer entender
a los empresarios que deben que confiar en estos nuevos instrumentos de
financiación y evitar que se produzca un hecho habitual como es que frunzan el
ceño cuando se les habla del capital riesgo. Antoni Cañete cree que es un error
porque “no queriendo compartir la empresa o con alguien más están dejando
escapar una oportunidad de crecimiento y profesionalización”.
Las gestoras de capital riesgo son líneas de financiación
con las que la banca pública también trabaja. El ICF ha invertido en 31 fondos
por un total de 160 millones de euros con el objetivo de potenciar lo que se
conoce en el mundo financiero como “efecto multiplicador” que se da cuando una
gestora de capital riesgo se interesa por una empresa y provoca que el resto de
inversores que hay alrededor también quieran participar en ella porque lo
consideran un negocio más fiable. Los expertos aseguran que está demostrado
que, por cada euro que el ICF invierte en un negocio provoca que el resto de
inversores pongan 9. La gestora Suma Capital es una de las agencias de capital
riesgo que trabaja con el ICF. Su consejero delegado, Enric Tombas pone en
valor este modelo de accionistas porque “además del dinero, aportan
credibilidad al proyecto, experiencia porque es un inversor profesional que ya
ha recorrido este camino previamente y también un punto de ambición que ayude a
un empresario a dar el paso adelante a la hora de hacer ciertas adquisiciones”.
Perder el miedo a crecer. Esta es una idea que aparece
durante todo el debate, no sólo porque somos un país de pymes que tiene que
ambicionar serlo de grandes empresas sino porque se debe perder el miedo a la
hora de hacerse grande adquiriendo otras compañías. La empresa Agile Content es
un ejemplo de empresa que recibió el apoyo del capital riesgo. Su fundadora
Mónica Rayo dice que más allá del crecimiento orgánico de un negocio “es
importante crecer en dimensión para poder competer a nivel global”. En su caso,
se fundaron en el 2007 a través de la apuesta del capital riesgo y cuando el
negocio ya estaba más maduro fueron al ICF y hoy ya están cotizando en el
mercado bursátil alternativo.
La economía social y cooperativa es otro de los mercados
importantes para la banca pública. En el caso del ICF en los últimos 5 años se
han hecho 60 operaciones por valor de 11 millones de euros y hoy han puesto
también el foco en la vivienda social de alquiler aportando 250 millones de
euros para financiar la construcción y compra. Un caso de éxito de empresa
social es el de los Talleres Guinardó que nació como una cooperativa de padres
preocupados por el futuro laboral de sus hijos con discapacidad intelectual.
Hoy se ha convertido en una empresa y de las 122 personas que trabajan, 91
tienen discapacidad intelectual. Su gerente, Imma Rigau valora muy
positivamente la experiencia con el ICF porque “son muy sensibles con las
entidades sociales sobre todo a la hora de evaluar la empresa más allá de los
parámetros ordinarios con que lo hace un banco tradicional”. Es decir, más allá
de los números ven, según Rigau “un proyecto social solvente”. Sanromà añade
que el ICF “no subvenciona a fondo perdido sino que financia proyectos
viables”, de aquí la diferencia con lo que se conoce como Obra Social.
Para el secretario general de la Asociación de Bancos
Públicos Europeos, “la sostenibilidad de la banca pública en Europa como modelo
de éxito es uno de los mejores indicadores de su éxito sobre todo en tiempo de
crisis”. Según Marcel Roy “no se puede hablar de un caso de éxito absoluto
porque cada país tiene su marco regulador” pero si tiene que poner un ejemplo
le gusta recordar que gracias a la banca pública y los fondos Marshall “Alemania
pudo reconstruir su tejido económico y social tras la Segunda Guerra Mundial”.
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