Por Eduardo Segovia
El Confidencial, 31/08/2015.
El mercado teme dos grandes
amenazas que se ciernen sobre la banca española (aparte de su baja
rentabilidad): la desaparición de las cláusulas suelo y la de los DTA (activos
fiscales diferidos por sus siglas en inglés). La primera va a
hacerse realidad casi con toda probabilidad, ya que el Gobierno está buscando
fórmulas para elimiralas como ha adelantado El Confidencial.
Pero la segunda se ha resuelto definitivamente a favor de las entidades,
ya que el BCE ha asegurado que los créditos fiscales que tiene el sector en su
capital, 40.800 millones, no serán anulados.
Lo ha hecho Daniéle
Nouy la presidenta del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) del
BCE, en una respuesta a un parlamentario alemán. Como es
sabido, los alemanes son los más críticos con estos créditos, que consideran
ayudas de Estado a la banca española que rompen el campo de juego nivelado (level
playing field) de la libre competencia bancaria en Europa. Y el Banco
de España se ha apresurado a comunicar la buena nueva a los afectados,
según confirman varias entidades.
Los DTA son créditos contra
la Hacienda pública procedentes de las fuertes provisiones realizadas en los años de la
crisis para sanear la exposición inmobiliaria y las aportaciones a planes de
pensiones (que no son gastos deducibles en el Impuesto de Sociedades), y se
restarán de los impuestos que pagarán las entidades en los próximos años. Ahora
bien, eso depende de que la entidad tenga beneficios en el futuro para pagar
todos esos impuestos, por lo que las normas de solvencia de Basilea III obligan
a restarlos del capital. Para evitarlo, los distintos Gobiernos nacionales,
incluido el español, garantizaron su recuperación íntegra aunque
no se alcance el nivel de beneficios necesario. Y esa garantía es lo
que había cuestionado la Comisión Europea.
Bruselas abrió una investigación sobre los DTA en abril por considerarlos
posible ayuda de Estado, lo que rápidamente hizo saltar las alarmas en el
sector y entre los inversores. La gravedad del asunto quedó patente en
el hecho de que Guindos se puso rápidamente
en contacto telefónico con la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager
y que Rajoy en persona llamó al presidente de la
Comisión, Jean-Claude Juncker, para tratar el
asunto.
Según el Banco de España, los DTA
que computan en el capital (monetizables) alcanzan 40.800 millones, y han servido para salvar los últimos ejercicios a varias entidades, porque una
parte pueden contabilizarse como beneficio (el caso más extremo es Abanca). Si se eliminasen, las entidades más afectadas, aparte del banco gallego-venezolano,
serían Bankia, Liberbank, BMN, Sabadell o Caixabank.
La banca puede respirar tranquila
Como ha explicado El
Confidencial, si Bruselas considera que son ayudas de Estado, Cristóbal
Montoro tendría que contabilizar su importe total como deuda pública (y la parte que ya han activado las
entidades como déficit), algo que el Ejecutivo no contempla ni en sus peores
pesadillas. Y el temor de los mercados era que, si los DTA tenían que
contabilizarse como deuda pública, Montoro se negara a mantener la
garantía de su recuperación y entonces los bancos deberían
restárselos del capital.
Eso es lo que queda descartado
ahora, según la citada respuesta de Nouy a un parlamentario alemán que insistía
en la ilegalidad de los créditos fiscales españoles. Formalmente, todavía la
Comisión debe cerrar su investigación, pero el Banco de España ya ha comunicado
a las entidades que pueden respirar tranquilas porque
conservarán sus créditos fiscales en el capital y no tendrán que rehacer los
resultados en que ya se los han aplicado. A cambio, el supervisor europeo
exige una elevación de los requisitos de capital intermedios (phased-in)
antes de que entren en vigor las normas de Basilea III, algo irrelevante puesto
que las entidades españolas ya cumplen las exigencias finales de estas normas (fully
loaded).
No es una ventaja
competitiva... ¿o sí?
El Gobierno español siempre ha
defendido que la norma española no concede una ventaja competitiva
a las entidades de nuestro país, sino lo contrario: anula la desventaja en que
se encontraba porque otros países europeos (incluido Alemania) habían salvado
estos activos previamente -si bien con fórmulas diferentes a la elegida por
España-. El propio Montoro ya había dado por salvados los DTA
en la presentación de la reforma fiscal en junio del año pasado. Es más, había
concedido una ayuda adicional a la banca al permitir deducírselos al 30% al
no rebajar el tipo del Impuesto de Sociedades del sector al 25% como en el
resto de empresas.
Ante la alarma generadao por la
investigación comunitaria, la banca había solicitado informes a las grandes
consultoras sobre las posibilidades de que la investigación prosperase, y la
respuesta unánime había sido que, se mire como se mire, los DTA
son ayudas públicas. Otra cosa es si son contrarias o no a la
legislación comunitaria -aquí la clave es si son específicas para la banca o se
las pueden aplicar todas las empresas, algo bastante discutible- y, en
caso de ser ilegales, si también deberían serlo las fórmulas que utilizan
países como Alemania, Francia o Reino Unido para reconocer estos créditos
fiscales a sus entidades financieras.
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