Por Miguel Jiménez
Diario El País,17/09/2013.
El Banco Central Europeo no ve
mal que el Instituto de Crédito Oficial utilice su dinero para financiar a las
comunidades. Esa es la conclusión que se extrae de una carta que ha enviado el presidente de la institución,
Mario Draghi, al eurodiputado nacionalista Ramón Tremosa i Balcells ante una
pregunta del mismo.
En 2012, en momentos en que
España tenía muy complicado su acceso a los mercados financieros, el ICO pidió 20.000 millones al BCE y los destinó en buena
medida a financiar al Estado y las comunidades autónomas. Esa financiación
monetaria indirecta despertó algunas suspicacias, pero el BCE considera que
está dentro de lo legal. Su argumento es que los bancos públicos pueden pedir
dinero al BCE y que luego pueden hacer con ese dinero lo que consideren
conveniente.
“En las operaciones de política
monetaria del eurosistema pueden participar entidades de crédito tanto públicas
como privadas. A este respecto, la prohibición de financiación monetaria
prevista en el Tratado contiene una excepción explícita referida a entidades de
crédito públicas que, en el marco de la provisión de reservas por los bancos
centrales, deberán recibir el mismo trato que las entidades privadas”, explica
Draghi en su respuesta a Tremosa.
El BCE recuerda en su carta que
el ICO es una entidad de crédito que cumple todos los requisitos de
admisibilidad de las entidades de contrapartida que participan en las
operaciones de política monetaria del Eurosistema y mantiene reservas mínimas
con el Eurosistema. En consecuencia, el ICO tiene acceso a los instrumentos de
política monetaria del Eurosistema. “La liquidez que el BCE suministra no
está destinada a ninguna finalidad de inversión concreta. Por tanto, las
entidades de contrapartida admitidas pueden utilizar los fondos que reciban del
BCE de conformidad con sus decisiones de negocio y de gestión del riesgo”,
concluye la carta de Draghi.
El ICO tmó la decisión de
destinar buena parte de su dinero a financiar a las Administraciones públicas.
Así, aportó 6.386
millones de euros al Plan de Pago a Proveedores, el instrumento
ideado por el Gobierno para que las comunidades y los Ayuntamientos pudieran
pagar las facturas pendientes. Este fondo logró reunir en total 27.031 millones
de euros con aportaciones de otras entidades y sirvió para liquidar 5,5
millones de facturas a más de 135.000 proveedores.
También puso en marcha a
principios del año pasado una línea de
financiación para atender vencimientos de deuda financiera de las comunidades
a la que destinó 5.332 millones de euros.
El informe anual del instituto
público revela que el saldo de los préstamos incluidos en el epígrafe
“Administraciones Públicas” pasó de 4.790 a 16.283 millones de euros. Aunque si
se añaden los créditos otorgados a “otros organismos públicos” y los préstamos
a “otros sectores garantizados por el Estado” el importe asciende a 22.679
millones. La Administración central es la que recibió más préstamos del ICO,
con 6.889 millones, aunque en esta cantidad se incluye la aportación del banco
público al Plan de Pago a Proveedores.
El hecho e que el BCE dé su
bendición a que el ICO pueda pedirle prestado dinero para a su vez prestárselo
a las Admninistraciones públicas supone todo un colchón de seguridad para el
Tesoro en caso de dificultades. Bastará con que tenga los títulos suficientes
para entregar en garantía para poder disponer de esa liquidez, según la tesis
que se desprende de la contestación de Mario Draghi.
El ICO fue uno de los principales
compradores de deuda pública española en 2012. Las cuentas anuales del
organismo público reflejan que la cartera de inversión a vencimiento en títulos
de las Administraciones Públicas españolas pasaron de 3.563 a 17.730 millones
de euros el pasado año, lo que muestra de nuevo cómo el organismo sirvió para
financiar al Estado.
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