Diario público.es,
25/09/2013.
La CNMV ya sabía
en 2011 que las entidades bancarias que comercializaron participaciones
preferentes habían desoído las advertencias que les hizo un año antes y seguían
manteniendo la cotización de esos títulos por encima de su "valor
razonable".
Así lo admitió el supervisor
bursátil en un informe fechado en septiembre de 2011 en el que se analizaban
operaciones realizadas en el segundo trimestre de ese año por las entidades que
agrupaban el 95 % de productos híbridos y que ha sido aportado ahora al juez de
la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que instruye el "caso
Bankia".
En el informe se recuerda que, en
junio de 2010, la CNMV remitió al sector un escrito advirtiendo de
que constituían "malas prácticas" tanto las cotizaciones
"significativamente alejadas del valor razonable" como el case
interno de operaciones entre clientes minoristas, o entre clientes y la
entidad, "salvo que se gestionen adecuadamente los conflictos de interés
existentes en estos casos".
Varios meses después, en octubre
de ese año, el supervisor insistía en ese mensaje y apostaba por el Sistema
Electrónico de Negociación de Deuda (SEND), una plataforma de negociación de
renta fija para minoristas puesta en marcha en mayo de 2010, "para
fomentar la correcta formación del precio y aumentar la
transparencia del mercado secundario de estos valores".
Un año después de las primeras
recomendaciones, la CNMV admite en su informe que, aunque casi todas
las entidades aseguraban que estaban "revisando sus sistemas", el
proceso "está siendo muy lento y se observa poca evolución efectiva en la
situación del mercado secundario de productos híbridos".
"La mayor parte de las
entidades continúan manteniendo sistemas internos de case con precios
de cruce cercanos al 100 % y no acreditan que este precio coincida con
el valor razonable del producto", señalaba el supervisor, que añadía que
ese precio "se encuentra en un importante número de casos con toda
probabilidad por encima de su valor razonable".
El informe observaba también en
el sector "una clara opción por incorporarse al SEND", aunque algunas
entidades todavía mantenían sistemas internos de case de operaciones, por lo
que la CNMV señalaba que "continúan sin gestionar de forma
adecuada los conflictos de interés".
Éstos se daban tanto entre
clientes -"beneficiando a un cliente (el vendedor que no asume la pérdida
de su inversión) en perjuicio de otro (el comprador a precios superiores a los
razonables)-" como entre la entidad y algunos de sus clientes.
En este caso, el comprador
resultaba perjudicado en beneficio del banco, "que evita las consecuencias
negativas derivadas de reconocer la pérdida de valor de sus emisiones",
entre las que citaba la pérdida de imagen, la dificultad de colocar emisiones
posteriores o el riesgo de reclamación por malas prácticas.
La CNMV también
advertía de "deficiencias en el cumplimiento de la obligación
de actuar en mejor interés de los clientes", especialmente cuando
coexistían varias emisiones con rentabilidades muy diferentes e igual precio,
ya que al comprador no se le informaba de que había productos al mismo precio y
con mejores condiciones.
Esto último sucedía en varias
entidades, aunque en el informe enviado al juez solo se puede leer el nombre de
Bancaja, ya que la CNMV ha tachado las referencias a las que son
ajenas a Bankia, por lo que solo aparecen datos referidos, además de a la
valenciana, a Caja Ávila, Caja Insular de Canarias, Caixa Laietana, Caja
Madrid, Caja Rioja y Caja Segovia.
De hecho, en el capítulo dedicado
a Bancaja se decía que ésta tenía dos emisiones de preferentes antiguas
"valoradas por el departamento de Estudios a febrero de 2011 en torno al
30 %", aunque los precios fijados por la entidad estaban entre el 98 y el
102 %.
"En el curso de una
inspección abierta se les ha señalado ya esta mala práctica", señala el
informe. Caja Madrid, por su parte, tenía una única emisión de preferentes, de
2009, que también se negociaba "a precios cercanos al 100 %".
El juez Andreu ya disponía de
otro informe de la CNMV, éste fechado el pasado 11 de febrero, en
el que también se aseguraba que Bankia, Caja Madrid y Bancaja beneficiaron a
unos clientes en perjuicio de otros, a los que vendieron las participaciones
preferentes de las que se deshacían los primeros a precios "alejados de su
valor razonable".
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