Por Antonio Sanabria y Eduardo
Garzón
CATDM, 21/04/2014.
El sector bancario español lleva
ya cinco años presentando importantes problemas que son constantemente
abordados por los gobernantes nacionales y comunitarios mediante todo tipo de
reformas y prácticas que, en última instancia, persiguen el saneamiento de unas
entidades de crédito muy perjudicadas.
A lo largo de las siguientes
líneas tratamos de analizar el proceso de reestructuración bancaria dirigido
por las autoridades desde el estallido de la crisis económica, abordando las
ayudas públicas que ha recibido el sector, así como las diferentes medidas
adoptadas encaminadas a apuntalarlo y fortalecerlo. Por último, ofrecemos
nuestras conclusiones sobre la situación actual de la banca española y las
dificultades a las que se enfrentará en el futuro.
1. Los inicios de la
crisis bancaria en España
Transcurridos ya más de cinco
años de la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers, en
septiembre de 2008, muchas cosas han sucedido en la economía española,
especialmente a partir de 2011. Lo que asomó en el verano de 2007 como una
lejana turbulencia financiera en Estados Unidos asociada a las hipotecas
subestándar o subprime, ha devenido en el mayor rescate público de la
banca privada por parte del Estado español.
Y aunque ahora pueda sorprender,
en un inicio pareciera tener cierto sentido pensar que las entidades españolas
estarían a salvo de la crisis bancaria en Estados Unidos. Tres eran los motivos
fundamentales. Por una parte, como herencia de la grave crisis durante los años
setenta del pasado siglo, el Banco de España obligaba a las entidades a
realizar una serie de provisiones genéricas o dinámicas. Es decir, bancos y
cajas de ahorro debían apartar una cantidad de recursos en una reserva
obligatoria, al margen de las provisiones que pudieran exigirse por operaciones
concretas en función del riesgo. Segundo, la tasa de morosidad hipotecaria
mostraba unos niveles muy bajos (en torno al 0,5% sobre el total de préstamos).
El problema de grandes impagos hipotecarios parecía así poco probable: las
familias españolas hacen lo imposible antes de perder su casa y el mercado
hipotecario local resulta especialmente favorable para el acreedor. Y, en
tercer lugar, el Banco de España había logrado evitar que los bancos bajo su
supervisión participaran en aquellos mercados de derivados financieros en
Estados Unidos, por lo que evitaron quedar expuestos a tales activos “tóxicos”.
Sin duda, su prestigio internacional como supervisor se veía más reforzado si
cabe. No tardaría en perderlo completamente.
Esa aparente mejor situación de
la banca española al inicio de la llamada “Gran Recesión” explicaba que en esos
primeros años de crisis, las ayudas públicas a la banca local fueran escasas,
en contraste con los fuertes rescates en Alemania, Países Bajos o Reino Unido
entre otros Estados europeos. Sin embargo, aquel diagnóstico tan favorable
obviaba –o minusvaloraba cuando menos– dos grandes riesgos latentes
relacionados entre sí. El primero era la excesiva concentración del negocio
bancario en la construcción. Según datos del Banco de España, como promedio,
los bancos concentraban en 2007 un 56% de sus préstamos en actividades vinculadas
al sector inmobiliario: adquisición y rehabilitación de vivienda; construcción
y promotor. En el caso de las cajas, la concentración total promedio del
crédito en esas actividades resultaba aún mayor: un 73%, aunque también con
importantes diferencias entre unas entidades y otras |1|.
El segundo elemento de riesgo,
derivado del anterior lo constituye la elevada dependencia de las entidades
españolas a la financiación exterior. El modelo de crecimiento español desde
mediados de los años noventa se caracterizó por un creciente proceso de
endeudamiento privado, sobre todo corporaciones no financieras. Y dicho
endeudamiento tenía como intermediarios a bancos y cajas. Es decir, la economía
española se hacía cada vez más dependiente del ahorro exterior y éste era
canalizado básicamente por el sector bancario. En tan sólo cinco años, desde
2002 a 2007, la deuda externa de la economía española aumentó en un 132%,
llegando a superar el 150% sobre el PIB. Esta dependencia de la financiación
exterior será muy relevante para entender el interminable proceso de
saneamiento bancario por parte del Estado español.
La ya referida caída de Lehman
Brothers supuso el principio del fin, pues con su derrumbe se secaron los
canales internacionales de crédito. Nadie se atrevía a prestar a nadie. Y en
ese contexto las entidades españolas se enfrentaban a una situación más que
delicada.
El gobierno socialista de
entonces trató de calmar a los inversores subrayando las fortalezas de la
economía española, así como de su marco institucional. Pero había una enorme
burbuja inmobiliaria aún sin explosionar.
2. El largo periplo para
abordar el problema
Incluso tras el colapso de
Lehman, el diagnóstico oficial era de un “aterrizaje suave” que corrigiera sin
mayores traumas los posibles sobreprecios de bienes raíces. Pero se trataba de
una colosal burbuja inmobiliaria. Según datos de la European Mortgage
Federation, ya en 2003 se construían en España más casas que en Francia y
Alemania juntas (622.185 viviendas frente a 322.600 de Francia y 263.317 de
Alemania). El sector de la construcción representaba en 2007 un 17% del PIB y el
crédito crecía a tasas interanuales del 20%, en buena medida por empréstitos
vinculados al ladrillo. Todo ello, insistimos, con una elevada dependencia de
la financiación exterior.
Tal vez precisamente por ello, se
optó por limitarse a reforzar la confianza de los inversores internacionales.
Así, las únicas medidas que se adoptaron a partir de 2008 fueron las de
trasladar al ámbito estatal los acuerdos alcanzados a escala europea al
respecto de la crisis financiera. Se aprobaron entonces los Reales Decretos
6/2008 y 7/2008 del 10 y 13 de octubre respectivamente. El primero creaba el
Fondo de Adquisición de Activos Financieros, FAAF. Con una dotación de 30.000
mil millones de euros ampliables a 50.000 su objetivo era garantizar liquidez a
bancos y cajas. Solo podía adquirir activos de máxima calidad (cualificación
mínima AA) que luego se revendían, por lo que funcionaban en realidad como un
préstamo público garantizado. Al ser de máxima calidad no servían para sanear
los balances. El segundo Real Decreto citado tenía el pomposo nombre de
“Medidas Urgentes en Materia Económico Financiera en relación con el Plan de
Acción concertada de los Países de la Zona Euro”. Se trataba de un programa de
avales del Estado por valor de hasta 100.000 millones de euros (en torno a un
10% del PIB) a la emisión de pagarés, bonos y obligaciones que hicieran las
entidades financieras. Esto quiere decir que ante posibles problemas de impago
por parte del banco emisor, el Estado español se haría cargo de devolver el
dinero comprometido a los inversionistas. Como en el resto de garantías
públicas, no se trata de un gasto efectivo, pero sí de socializar un riesgo
privado. El gran problema a nuestro juicio de esta medida no era tanto el
propio aval, sino sobre todo que este se concediera sin auditar previamente las
cuentas de esas entidades para garantizar la seguridad de la operación. Parece
razonable suponer que eso se desechó para evitar mostrar dudas sobre la salud
de un sector cuya fortaleza era predicada por el mundo. Eso, más la bomba de
relojería que suponían algunas cajas de ahorro, tema evitado por los
principales partidos políticos, y por el gobernador del Banco de España.
Sin contar los referidos avales,
las ayudas públicas efectuadas por el Estado español durante 2008 representaban
sólo un 0,48% del PIB aquel año, lo que reforzaba el mantra oficial. Sin
embargo, ya en ese mismo año 2008 el sector inmobiliario comenzaba a mostrar
signos preocupantes. De hecho, en el mes de julio se produjo la suspensión de
pagos más grande de la historia de España, con la entrada en concurso de
acreedores del gigante inmobiliario Martinsa-Fadesa.
Por su parte, en el ámbito
bancario, el primer síntoma evidente lo supuso la intervención por el Banco de
España de Caja Castilla La-Mancha (CCM), el 28 de marzo de 2009. Se permitió
que el ente supervisor inyectara liquidez para mantener las obligaciones de la
caja de ahorros con depositantes y acreedores, con lo que se estrenaba la Ayuda
a la Liquidez de Emergencia (ELA), como procedimiento extraordinario que aún se
mantiene |2|. En total,
según datos de la Asociación Española de Banca, la patronal del sector, se
inyectó un total de 3.642 millones de euros. Además, para su posterior venta a
Cajastur se ofrecieron garantías |3| de hasta
2.500 millones de euros. El importe de la pérdida esperada menos la ya
materializada es de 526 millones de euros. Las ayudas directas aquel año,
sumando recapitalizaciones, garantías y otras formas de liquidez sumaron, según
datos de la Comisión Nacional de la Competencia, un total de 56.743,55 millones
de euros: un 5,4% del PIB. Y lo peor estaba aún por llegar.
La reacción oficial fue
interpretar el caso de CCM como una prueba de fortaleza: el sector está sano,
pero si aparece alguna manzana podrida la autoridad reguladora no dudará en
retirarla del cesto. Así, las únicas medidas que se adoptaron fue reforzar el
Fondo de Garantía de Depósitos hasta alcanzar casi los 7.000 millones de euros.
Una cifra que resultó del todo insuficiente, si bien en su momento sirvió para
presentarlo como el Fondo más capitalizado de la Unión Europea |4|. En todo
caso, y a fin de salvar las posibles insuficiencias de los Fondos de Garantía
de Depósitos se creó el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria, FROB (Real
Decreto 9/2009 del 26 de junio), con una dotación inicial de 9.000 millones de
euros (de ellos 6.750 millones procedentes de los Presupuestos Generales del
Estado), a los que se sumó una primera emisión de títulos para financiarse,
avalados por el Estado, de 3.000 millones de euros. Su potencial de
financiación estaba fijado hasta en diez veces su valor, esto es, 99.000
millones de euros. Es importante tener este dato en cuenta porque, de haber
reconocido a tiempo el problema, tanto el gobierno del PSOE como después el del
Partido Popular se habría evitado el rescate financiero de la “troika”.
A finales de mayo de 2010 el
Banco de España interviene Cajasur. Tras registrar en 2009 unas pérdidas de 596
millones de euros, el regulador trató de que la entidad se fusionara con otra
para sanear sus cuentas, siendo la principal candidata la también andaluza
Unicaja. Sin embargo, la caja de ahorros controlada mayoritariamente por la
Iglesia católica prefirió ser intervenida antes que verse absorbida y
controlada por la otra entidad, a su entender próxima al gobierno (socialista)
de Andalucía. El FROB inyectó 800 millones de euros para cumplir los requisitos
mínimos de capital regulatorio y se le concedió una línea de liquidez de 1.500
millones de euros hasta que terminase su reestructuración |5|.
Posteriormente fue vendida en licitación a la entidad vasca Bilbao Bizkaia
Kutxa Bank.
La idea de fomentar fusiones como
medida de saneamiento en las cajas era uno de los objetivos centrales del FROB.
La lógica era la siguiente. Al unirse en entidades más grandes se aumentarían
los recursos disponibles y las posibles necesidades de capital de las más
débiles quedarían así cubiertas, todo ello minimizaría además el recurso a
fondos públicos. El problema era, por una parte, que las cajas realmente
fuertes eran pocas; y, por otro lado, se acometía una fusión sin antes
verificar la salud de sus balances contables, ni las entidades realizaron unos due
diligence adecuados (investigaciones previas a la firma de un contrato). El
resultado de aquella estrategia quedó bien resumido con el desastre posterior
de BFA-Bankia.
El modelo elegido para tales
fusiones consistía en crear una sociedad anónima a la cual las cajas que fueran
a unirse entraban a participar. Se cedía a estas sociedades de gestión sus
respectivas cuentas que, al reunirse en otra entidad común quedaban
mutualizadas. Quiere esto decir que los posibles problemas en el balance de una
serían compensados con los recursos de otras. Cuando esa mutualización
resultara insuficiente se acudiría al FROB, quien aportaría recursos mediante
la suscripción de acciones preferentes. Esto suponía un título de carácter
perpetuo y a unos tipos de interés muy elevados para las cajas. Tales
preferentes podían ser convertidas en acciones ordinarias a petición del FROB.
Este sistema de “saneamiento” de cajas se denominó Sistema Institucional de
Protección, aunque también se le conoce como “fusiones frías”.
Para solventar los conflictos
legales entre la naturaleza jurídica de las cajas y estas fusiones se reformó
la ley de cajas (LORCA), pero de hecho abría la posibilidad para su
transformación en bancos, vieja aspiración del resto de entidades. Tal deseo
por parte de los bancos se debía, entre otros, a dos factores. Primero, por su
condición las cajas no eran susceptibles de ser compradas o participadas por un
banco. Y dos, aunque privadas (que no públicas) eran entidades sin ánimo de
lucro, con mucho arraigo entre la población y una labor social. Por tanto,
contaban con una buena imagen y elevada fidelidad de su clientela,
prácticamente sin competencia con los bancos. Ahora se les permitía participar
como tales cajas centrando su actividad en otra sociedad con otra naturaleza
distinta a ellas.
Con el objetivo de reforzar la
credibilidad en la salud financiera de las cajas fusionadas se exigió por
ley |6| un nivel de
capital regulatorio mínimo del 10% que podría ser del 9% si lograban
financiarse mediante la emisión de acciones. En caso de no poder cumplir por sí
mismas los requisitos mínimos de capital regulatorio, la diferencia hasta
alcanzar la cantidad exigida sería cubierta por el FROB. La cantidad necesaria
se estimó en 15.000 millones de euros y por primera vez se reconocía la
posibilidad de necesidades de capital en el sector.
Cabe añadir que, en cierta
medida, el primer rescate para recapitalizar entidades vino antes mediante la
escandalosa venta en masa de preferentes y otros activos híbridos a ahorradores
minoristas. Estas ventas se intensificaron sobre todo desde que, en 2008, el
Banco de España decidió que estos podían computarse como parte del capital
regulatorio. Se iniciaba entonces, con la complacencia de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV) la venta desbocada a pequeños ahorristas, en muchos
de los casos gente mayor, sin conocimientos financieros como para entender las
implicaciones de su adquisición y que confiaban allí su dinero de toda una
vida. Se puede decir, por tanto que, en cierta medida el primer rescate a la
banca vino con la estafa a miles de personas, pequeños ahorradores |7|.
El proceso de fusiones y
adquisiciones desde 2009 cambió el mapa bancario español y sobre todo el de sus
cajas, ahora transformadas en bancos |8|. Pero tales
fusiones no han evitado una continua sangría de dinero público para
rescatarlas. Mientras, aquella dilapidación de recursos del Estado se hacía sin
entrar a conocer la situación real de aquellas entidades y manteniendo intacto
el capital de los propietarios del capital.
Según cifras de la Comisión
Nacional de la Competencia en sus respectivos informes anuales, en 2010 se
habían destinado 87.145,47 millones de euros en ayudas públicas al sector
financiero, un 94,2% del total de ayudas públicas aquel año. De ellos, 9.497
millones habían sido para recapitalizaciones directas, 55.825 millones se
dedicaron a garantías, 2.862 millones al rescate de activos deteriorados y
18.961 millones a aportaciones de liquidez.
En 2011 la cifra fue algo menor, 84.195,18 millones de euros como resultado de sumar recapitalizaciones (8.510 millones), garantías (62.197 millones) y aportaciones de liquidez (13.488 millones).
Ese año el FROB nacionalizó la
Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM, ante su pésima situación con una
inyección de capital de 2.800 millones de inyección de capital y facilidades
crediticias por valor de 3.000 millones de euros. Fue comprada por Banco
Sabadell por un euro.
En septiembre de ese mismo año,
las fuertes pérdidas, así como la imposibilidad de alcanzar los criterios de
capital exigidos por aquella reforma financiera, llevó al FROB a nacionalizar
UNNIM |9|, Catalunya
Caixa y Novacaixagalicia Bank. La primera, UNNIM, recibió una inyección de
capital de 568 millones de euros, aparte de la conversión en acciones
ordinarias de 380 millones de euros que tenía el FROB en preferentes. Total:
948 millones para ser posteriormente vendida al BBVA por un euro.
En el caso de Caixanovagalicia
Bank el FROB aportó una inyección total de 2.465 millones de euros. Lo mismo
sucedió con Catalunya Caixa, con una recapitalización que supuso 1.718 millones
de euros de las arcas públicas. En estos dos casos el futuro de ambas entidades
es aún incierto a la espera de comprador.
En noviembre de 2011 el FROB
rescata al Banco de Valencia, con una inyección de capital de hasta mil
millones de euros más otra línea de liquidez de emergencia de hasta dos mil
millones de euros. Total: 3.000 millones de euros, adjudicado a Caixabank por
un euro en 2013.
Tres entidades salieron a bolsa
aquel año: Bankia, Banca Cívica |10| y
Caixabank. La más tranquila parecía ser la catalana Caixabank, mientras que
todas las miradas estaban puestas en la salida de Bankia. Banca Cívica terminó
integrada en 2012 en Caixabank.
En el proceso de fusiones frías
habían destacado dos grandes, Caja Madrid y la valenciana Bancaja, a las que se
le sumaron otras de menor tamaño (Caja Insular de Canarias, Caixa Laietana,
Caja Ávila y Caja Segovia). Si aquel esquema de saneamiento planteaba algunas
dudas, esta fusión las tenía todas. Fusionar dos grandes entidades con dificultades
solo prometía agrandar el problema, al que se le denominó Banco Financiero de
Ahorros, BFA. De nuevo, tal unión se permitió, e incluso se alentó por parte de
las autoridades. BFA pasaba a ser la cuarta entidad más grande por volumen de
activo, que representaba en torno a un tercio del PIB español, un tamaño digno
de riesgo sistémico. Las dificultades para cumplir los requisitos de capital,
con la consiguiente amenaza de que entrara el FROB, sin duda animó a la entidad
presidida por Rodrigo Rato a tratar de financiarse saliendo a bolsa. Para ganar
la confianza de los inversores BFA se había conformado como una especie de
“banco malo”, donde se concentraban los activos más problemáticos, mientras que
Bankia era otra sociedad del grupo en la que aparentemente estaban los activos
de más calidad. Esta última, la parte “sana”, sería la que saldría finalmente a
bolsa. Sin embargo, la cuestión las dos entidades formaban en definitiva parte
de una misma unidad.
La jugada era ciertamente
arriesgada, pues BFA concentraba buena parte de las sospechas de insolvencia
por parte de los inversores internacionales, dada su elevada exposición (tanto
por Bankia como, sobre todo, por Bancaja) al sector inmobiliario. La salida a
los mercados se hacía además sin antes realizar una profunda evaluación interna
con los saneamientos previos que fuesen necesarios, a la búsqueda de
accionistas. Eso sí, aparte del visto bueno de gobierno y Banco de España,
contaba con el informe favorable de la auditora Deloitte y la participación de dos
grandes bancos de inversión, JP Morgan y Lazard. El apoyo público para lograr
una salida exitosa fue evidente, pero no evitó que el tramo mayorista de la
emisión (el reservado a grandes inversores) resultara un fracaso. Así, la venta
se cubrió solo gracias al tramo minorista, es decir, pequeños inversores
confiados. La emisión inicial se hizo a 3,75 euros por acción, pero tras el
posterior rescate de BFA en 2012 se fijó su nuevo valor por un céntimo. Aquella
desastrosa decisión de salir a bolsa está hoy en día en los juzgados por
presunto fraude.
Aparte de las ayudas estatales,
la otra vía de rescate público para el sector financiero provino del Banco Central Europeo (BCE) mediante un programa
para inyectar masivamente liquidez al sistema financiero, dado el nulo acceso a
los mercados por parte de los bancos en la periferia de la eurozona. Hasta la
fecha han sido dos, en diciembre de 2011 y febrero de 2012. El presidente del
BCE, Mario Draghi, ha anunciado recientemente una posible tercera. Esta
inyección de liquidez, llamada LTRO (siglas de Long Term Refinancing
Operation) consiste en una línea de préstamos a tres años para los bancos.
En circunstancias normales el BCE, como el resto de bancos centrales, realizan
las llamadas operaciones permanentes de crédito, donde se subastan préstamos a
partir de un tipo de interés mínimo de puja. La diferencia ahora es que la LTRO
lo hace sin fijar un límite a la cantidad ofertada y amplía el plazo a los
citados tres años. Además, amplía el listado de colaterales (avales) admitidos
para la concesión de estos créditos. Es decir, se relajaron mucho las
condiciones para que cualquier entidad pudiese adquirir financiación. Los
bancos españoles concentraron un tercio de estos créditos del BCE. Un acumulado
de más de 300.000 millones de euros a finales de 2012.
La situación de crisis agravada
por las políticas de austeridad tanto en la economía española como a escala
europea empeoraban las circunstancias. La financiación privilegiada del BCE
permitía operaciones de carry trade, consistentes en pedir prestado al BCE con
sus bajos tipos de interés para comprar deuda pública soberana con
rentabilidades más elevadas. A corto plazo es todo un negocio para las
entidades pero no es sostenible en el tiempo como veremos. La mala situación
económica y los problemas de solvencia de la banca llevan a una “trampa de la
liquidez” por la que la ingente financiación aportada por el BCE no se filtra a
la economía real, sino que se queda en el propio circuito financiero, bien en
los depósitos que los bancos tienen en el banco central, bien en las citadas
operaciones de compra de bonos soberanos. Estas operaciones les permiten
atender sus obligaciones de pago más inminentes con sus acreedores, pero traen
aparejados nuevos problemas. Al no cumplir con su principal vía de negocio,
como es la concesión de préstamos, la economía no se recupera, acuciada a su
vez por el sobreendeudamiento de hogares y corporaciones no financieras. La
consiguiente caída de la demanda deteriora la situación económica, agravada a
su vez por las políticas contractivas de gasto público en un momento donde sólo
el Estado puede impulsar la inversión productiva y combatir el desempleo. Ese
deterioro supone un agravamiento en la percepción de los inversores sobre el
país y con ello aumenta la prima de riesgo. El valor de los bonos de deuda
soberanos baja ante la mayor probabilidad de impagos, lo que deteriora el
balance de los bancos, cargado de esos títulos de deuda pública. El propio deterioro
de los bancos agrava la percepción de riesgo–país, por lo que sube de nuevo la
prima de riesgo ante la amenaza de una quiebra bancaria y un posible rescate
muy costoso, lo que alimentará el déficit público y la deuda. En consecuencia,
aunque a corto plazo suponen un balón de oxígeno para las entidades, pasado un
tiempo lo que consiguen es estrechar los vínculos entre la crisis bancaria y la
de deuda soberana, para que ambas se alimenten entre sí.
Esta vinculación entre deuda
soberana y crisis bancaria quedó evidenciada en 2012 con la culminación del
desastroso proceso de BFA-Bankia. Ese año, ya con el nuevo ejecutivo
conservador del Partido Popular en el gobierno, se profundiza en la primera
reforma financiera del PSOE incidiendo más si cabe en la recapitalización de
entidades. En febrero, el ministro de economía, Luis de Guindos, presenta su
primera reforma financiera (Real Decreto 2/2012, del 4 de febrero). En su
declaración de intenciones pretendía que se sanearan por fin los balances de
los bancos, aumentando las exigencias de provisiones por exposición al sector
inmobiliario. Esta vez las necesidades de recursos para la banca entre
provisiones y dotación de capital ascendían hasta casi los sesenta mil
millones, frente a los 15.000 estimados en la anterior reforma del PSOE. Aunque
más exigente en el esfuerzo a la banca, la lógica subyacente en el plan de
Guindos era la misma que el anterior. Reducir al máximo el riesgo de impagos
mediante un reforzamiento de las provisiones y evitar el uso de dinero público.
En este caso, se reforzaban incluso aquellas vinculadas a activos considerados
sanos lo que teóricamente daría mayores garantías. Pero en la práctica esto
supone aumentar unas mayores dotaciones con recursos cada vez más escasos, con
lo que se agravan los malos resultados de las entidades. Además, al no entrar a
verificar lo que realmente es sano entidad por entidad resulta complicado saber
si lo que se refuerzan son activos sanos o se permite que salgan a la
superficie préstamos de dudoso cobro hasta ahora ocultos. Por último, tanto
esta reforma como la que vendría escaso tiempo después se centraban en el
sector inmobiliario. Sin duda es en buena medida el origen de la actual crisis
bancaria española, pero éste supone en torno a un 20% del negocio para la
banca. ¿Qué sucede con el 80% restante?
Con todos los problemas expuestos
y que conllevaron de hecho la reforma financiera Guindos apenas unos meses más
tarde (Real Decreto 18/2011 del 11 de mayo) |11|, la cuestión está en que de nuevo se
eludía la cuestión de fondo, aunque ahora se nombrara: la situación real de los
balances bancarios y el riesgo de insolvencia y no sólo de liquidez. Ahora sí
se mencionaba el problema pero no se evaluaba. Con ello se evitaba
aparentemente el coste político de utilizar dinero público para salvar bancos.
Intento fallido como sabemos. Y, en segundo lugar, las ayudas se hacen
inevitables pero sin tocar a los órganos directivos de las entidades en riesgo
de quiebra, y sin que los bonistas y otros propietarios del capital asuman
ninguna carga en la recapitalización.
La situación cambiaría a partir
del rescate a BFA, la matriz de Bankia. En su primera reforma, de Guindos había
aumentado la dotación del FROB hasta los 15.000 millones y podía financiarse en
los mercados hasta los 115 mil millones de euros. Pero, inexplicablemente no se
hizo uso de ese recurso.
Los mayores requisitos con la
reforma financiera pusieron en serios aprietos a esta entidad, además de la
falta de apoyos del gobierno para sacar adelante el plan de recapitalización
planteado por Rodrigo Rato. Todo ello unido sus problemas para aprobar las
cuentas del grupo financiero, con un beneficio declarado de 309 millones de
euros para 2011. Sin embargo, la publicación de un oportuno adelanto sobre un
posterior informe del FMI mencionaba, sin citarla expresamente, los problemas
de Bankia. Rato dimite y ocupa su cargo Ignacio Goirigoizarri. A su llegada se
revisan las cuentas y aquel beneficio de 309 millones se transforma en una
pérdida de 2.979 millones de euros. Se pide al FROB que convierta en acciones
los 4.465 millones de preferentes que mantenía de la entidad y se calculan unas
necesidades de capital por valor de 19.000 millones de euros, frente al plan
inicial de Rato, que lo fijaba en siete mil millones. La cuestión entonces es
cómo puede afrontar el Estado español semejante dispendio. Si el FROB aportaba
el dinero, en el mejor de los casos se quedaba sin recursos para afrontar
posibles nuevos problemas. Y como no se había querido ver el problema o quizás
con el cortoplacismo de no alarmar a los mercados, se desaprovechó la
oportunidad en su momento de recurrir a la financiación a bajo coste que
ofrecía el BCE.
El Estado no puede entonces
arriesgarse a comprometer tantos recursos en ese rescate y el acceso a
financiación en los mercados financieros resulta demasiado caro debido a la
elevada prima de riesgo en ese momento. Unas tensiones agravadas precisamente
por la incertidumbre al respecto de BFA-Bankia. Así las cosas el gobierno opta
finalmente por ceder a las presiones y solicitar un rescate financiero a la
“troika”. Se ponía a disposición del sistema financiero español, canalizado a
través del FROB una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros. El Estado
español tenía que asumir unas condiciones, fijadas en el Memorándum de
Entendimiento (MOU por su acrónimo en inglés) |12| y actuar como avalista de ese préstamo
a la banca, por lo que la cantidad finalmente utilizada se sumaría a la deuda
pública. El plazo de esta línea de crédito terminaría en enero de 2014, salvo
que se prorrogara (lo que finalmente no se ha hecho).
Entre las imposiciones del
Memorándum se imponía la creación de un “banco malo”, al estilo del NAMA en
Irlanda, con mayoría de capital privado. Además, se establecía una auditoría al
sistema bancario y la elaboración de unas pruebas de estrés por parte de una
entidad ajena al Banco de España. Estas pruebas consisten en elaborar
simulaciones bajo diferentes escenarios adversos para estimar la situación que
presentarían los balances de las entidades y ver así su nivel de necesidades
adicionales de capital. El puenteo al Banco de España, o más bien a la jefatura
del Banco de España evidenciaba el descrédito que la institución había
alcanzado con sus dos últimos gobernadores, Caruana por el PP y luego Fernández
Ordóñez por el PSOE.
El llamado “banco malo” se ha
constituido mediante la creación de la Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Su misión consiste en
adquirir a los bancos aquellos activos y carteras crediticias considerados como
problemáticos por el FROB, por lo que obliga su venta a esta entidad
gestora |13|. La falta de inversores institucionales
ha hecho que entren los propios bancos (salvo el BBVA) en la parte del 51% para
accionistas privados, por lo que el banco malo no termina de desgajarse del
resto.
Al final de 2012 las ayudas
directas a la banca habían supuesto sólo en inyecciones directas 39.139
millones de euros, según cifras de Eurostat. Ello elevaría el déficit público
de aquel año un 3,8% del PIB, para alcanzar un 10,65% del PIB.
A esto habría que sumarle 41.231
millones en avales concedidos para el programa de 2012 a la docena de entidades
que se beneficiaron. En consecuencia, sin contar ayudas públicas de liquidez,
el saldo total de 2012 entre recapitalizaciones y avales resulta de 80.370
millones de euros.
Por su parte, la suma de
recapitalizaciones directas desde el FROB 1, FROB 2, las procedentes de la UE a
través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y aportaciones al Fondo de
Garantía de Depósitos sumaban hasta 2012 66.911 millones de euros, un 6,4% del
PIB de ese año según datos de la Asociación Española de Banca.
La última ayuda pública aprobada
por el gobierno hasta la fecha viene recogida en el Real Decreto 14/2013 de 29
de noviembre, por el cual se detalla una nueva ayuda por valor de 30.000
millones de euros consistente en garantizar buena parte de los activos fiscales
diferidos en propiedad de los bancos para cumplir las nuevas exigencias de
capital impuestas por los Acuerdos de Basilea III |14|.
3. Situación actual de
los bancos
Hay que reconocer que en todo
caso el MOU supuso un punto de inflexión en el modo de tratar la crisis
bancaria, en la medida en que se ha explicitado el problema de solvencia y se
ha comenzado a implementar el reparto de cargas con los propietarios del
capital en las entidades. Esto explica a su vez los importantes esfuerzos que
han tenido que hacer los propios bancos en materia de provisiones durante 2012,
lo que ha lastrado los beneficios hasta convertirlos en pérdidas de 1.653
millones de euros.
De esta forma, y gracias también
a las mejores condiciones de financiación en los mercados financieros
mayoristas y al aumento desde otoño de 2012 de los depósitos de hogares y
empresas no financieras, el patrimonio neto del conjunto de entidades de
depósito creció en tasa interanual un 6,3% en junio de 2013, aumentando su peso
relativo sobre el activo total hasta el 6,1% frente al 5,4% observado un año
antes |15|. Este incremento se ha debido en gran
medida a la evolución de los fondos propios de las entidades, que crecieron un
4,9% hasta alcanzar el 5,9% del activo total consolidado.
En todo caso, las mejoras no
despejan dudas, como es la compatibilidad entre un saneamiento del balance
bancario y políticas de ajuste para contener la demanda y mejorar márgenes
empresariales vía contracción salarial. De hecho, la calidad de los activos
bancarios continúa disminuyendo, como así lo refleja el aumento todavía
importante de la ratio de morosidad. Esta ratio aumenta porque se incrementan
los activos dudosos (numerador de la ratio), pero también porque se reduce el
crédito (denominador de la ratio).
Además, el propio Banco de España
en su Informe de Estabilidad Financiera de noviembre de 2013 reconoce que,
mientras el contexto macroeconómico no afiance su recuperación es muy probable
que la morosidad bancaria siga aumentando.
El crédito continúa su ritmo
decreciente. La caída en la financiación al sector privado se debió a la
reducción interanual del crédito al sector privado, que presenta una
disminución del 11% en junio de 2013, siendo su peso relativo dentro del
balance del 56,1% en junio de 2013 (en junio de 2012 fue del 58,8%).
Esta caída del crédito ha sido
generalizada entre entidades, aunque la intensidad de ésta fue notablemente
mayor para las entidades de los grupos 1 y 2 |16|, que explican 6,3% puntos porcentuales
de los 11 puntos de caída experimentados por el sector en su conjunto.
Este descenso del crédito se
explica tanto por factores de demanda como de oferta, aunque todos ellos
responden a su vez a la delicada situación que atraviesa la economía española,
que difícilmente mejorará mientras se mantengan las políticas económicas de
contracción de la demanda.
Entre los factores de demanda
cabe mencionar el importante proceso de desendeudamiento por parte de hogares y
empresas españolas, que no volverán a solicitar créditos hasta que la deuda
contraída durante el período de expansión económica quede reducida a niveles
más razonables. Por otro lado, y aun considerando las empresas y hogares con
balances más saneados, hay poca demanda de crédito porque los niveles de
inversión son muy reducidos debido a las malas expectativas empresariales, y
porque las familias no compran viviendas ni bienes de consumo ante el elevado
desempleo, precariedad laboral y deflación salarial.
Por el lado de la oferta destaca
la necesidad que tienen las entidades bancarias españolas de reducir su deuda
externa, por lo que los exiguos recursos que obtienen son destinados a reducir
el endeudamiento y no a conceder nuevos créditos. Por otro lado, los bancos no
conceden créditos porque temen no recuperar el dinero en el contexto de una
recesión económica importante en la que predominan los impagos y las quiebras.
Este hecho afecta sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, ya que
presentan una menor calidad crediticia y una mayor dificultad para ofrecer
información sobre su situación de forma que los bancos puedan diferenciar las
empresas solventes de las que no lo son. Así lo demuestra la encuesta del Banco
Central Europeo sobre el acceso de las pymes a la financiación, donde se revela
que casi un 23% de las pymes encuestadas a mitad de 2013 sostienen que su
principal problema es conseguir financiación. En el caso de las grandes
empresas este porcentaje disminuye hasta el 11% |17|. Además, la actual fragmentación en el
área del euro hace que los costes de financiación de los bancos españoles sean
más elevados que los que se derivarían del tono expansivo de la política
monetaria única. Por último, las crecientes e importantes exigencias legales de
dotaciones reducen aún más los beneficios y obligan a dedicar más recursos a
reforzar activos dañados o expuestos a mayor riesgo.
En resumen, aunque los resultados
consolidados de las entidades españolas han pasado de registrar fuertes
pérdidas en 2012 a registrar un saldo positivo en la primera mitad de 2013, y
aunque el conjunto del patrimonio neto esté aumentando, existen importantes
elementos de presión, relacionados con los menores volúmenes de actividad, el
elevado nivel de activos improductivos y el flujo neto de inversión dudosa, en
un contexto de reducidos tipos de interés que limitan los márgenes de la
actividad financiera.
4. Conclusiones
A pesar de que durante los
primeros años de crisis económica no hubo interés por reconocer que el problema
de la banca española era fundamentalmente de insolvencia y no sólo de liquidez,
con la aprobación en julio de 2012 del Memorándum de Entendimiento se empezaron
a adoptar medidas que sí abordaban el núcleo del asunto. Como resultado, los
datos oficiales revelan un leve progreso en el saneamiento de las entidades de
crédito, aunque ello debe ser analizado con cautela debido a dos razones
fundamentales. La primera es que los balances de los bancos son elaborados a
partir de complejos mecanismos contables susceptibles de manipulación
interesada, lo que permite mostrar al exterior una imagen más saneada de la que
en realidad pueden tener. La segunda, todavía más importante que la primera, es
que la cuestión no es tanto el saneamiento sino la recuperación de la actividad
económica. El saneamiento es condición necesaria pero no suficiente porque,
aunque supusiéramos saneado todo el balance de la banca, el problema
persistiría ante una situación de recesión continuada en la que los activos
sanos se tornarán problemáticos y disminuirá la demanda de crédito solvente.
Por otro lado, no se ha abordado
aun completamente el saneamiento de los bancos, destituyendo juntas directivas
y haciendo un bail-in: recapitalización comenzando por quitas a bonistas
y propietarios del capital (excepción hecha de estafados por venta de
preferentes a minoristas). Por desgracia, ha sido sólo a partir del rescate
impulsado por la troika cuando se ha variado la atención al problema aplicando
medidas de compartir la carga (burden sharing). Pero se sigue intentando
minimizar el problema sobre la base de minimizar el uso presente de ayudas
públicas. Esto es un error. Lo adecuado sería maximizar el saneamiento para
minimizar las ayudas públicas futuras, evitando así alargar innecesariamente la
crisis bancaria. De fondo, y más allá del alcance de estas ayudas, urge
replantearse un modelo bancario con un sistema financiero hipertrofiado que ha
provocado la presente crisis.
El saneamiento en España se ha
centrado en la exposición inmobiliaria en los balances, pero ésta constituye
apenas un 20% del total. Poco se sabe del resto, con una gigantesca deuda de
corporaciones no financieras. Asimismo, se ataja el problema desde una óptica
estática, desde los balances, a fin de recobrar la confianza de los inversores.
Pero se obvia que el problema es dinámico y que depende del deterioro de las
condiciones de pago, y de vida, de los clientes de esos bancos. Si el problema
es sobre todo inmobiliario se hace imprescindible una quita ordenada de la
deuda hipotecaria en función de la capacidad de pago y la creación de un parque
público de viviendas de alquiler. Mientras no mejoren las expectativas no
retornará la inversión productiva y con ella tanto la creación de empleo como
la afluencia del crédito.
No podemos predecir si será
necesario otro rescate, aunque parece difícil compaginar la actual situación de
políticas contractivas sin nuevas vías de ayuda directa e indirectas a la
banca. La delicada situación económica de la mayoría de las familias y empresas
no está mejorando, lo que hace que los ratios de morosidad sigan aumentando y
con ellos el deterioro de los activos de los bancos. Por lo pronto el BCE ha
anunciado una posible tercera ronda de inyecciones masivas de liquidez (LTRO) y
no descarta compra masiva de títulos, al estilo de la Quantitative Easing
estadounidense. El banco malo (SAREB) por su parte presenta demasiadas dudas
sobre sus posibilidades sin asumir fuertes cargas por parte del Estado. Veremos.
Notas
|1| García Mora, A.; Hervás Ortega, G. y
Romero Paniagua, M. (2007): “El sistema financiero español ante la crisis
crediticia internacional”, en Ekonomiaz, número 66 “Claves del sistema
financiero”, páginas 106-107.
|2| Véase de Juan, Aristóbulo; Uría,
Francisco y de Barrón, Íñigo (2013): Anatomía de una crisis, editorial
Deusto, Barcelona.
|3| Estas garantías se conocen como Esquema
de Protección de Activos, EPA. Se trata de un aval ante el posible deterioro
adicional de determinadas carteras crediticias de la entidad vendida y que no
pudieran cubrirse con sus provisiones.
|4| Comisión Nacional de la Competencia, Segundo
Informe Anual sobre Ayudas Públicas en España, página 59.
|5| Diario El Mundo, 08/11/2010: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/...
|6| Real Decreto 2/2011 para el reforzamiento
de los recursos propios de las entidades de crédito.
|7| A primeros de 2013 se habían emitido un
total de 19.155 millones de euros en preferentes con un saldo vivo en febrero
de ese año de 5.273 millones. Para entonces la entidades con un saldo vivo
mayor eran BFA-Bankia (3.128 millones de euros), Novacaixagalicia (903
millones) y Catalunya Caixa (480 millones). Las cifras aparecen en el artículo
de Missé, A. (2013): “Atrapados en la gran ratonera de las preferentes”, en
Alternativas Económicas, nº 1 (marzo), página 10. Sobre preferentes: http://colectivonovecento.org/2013/...
|8| La legislación al respecto impuesta por
la “troika” en el rescate financiero de 2012 hará que previsiblemente sólo
Caixa Ontenyent y Caixa Pollença mantengan su condición original como tales
cajas. Curiosamente dos entidades en la Comunidad Autónoma (Valencia),
probablemente sin otra alternativa en su día que mantenerse ante la inabordable
competencia de las grandes, ahora convertidas en ejemplo ilustrativo de los
abusos del sector.
|9| Formado por la fusión de Caixa Girona,
Caixa Terrasa y Caixa Manlleu en 2009.
|10| Entidad surgida de la fusión entre Caja
Navarra, Caja Burgos y Caja Canarias junto con la posterior incorporación de
Caja Sol-Guadalajara.
|11| Sobre esto puede leerse: https://www.diagonalperiodico.net/g...
|12| Está disponible versión del Memorándum
en la página web del Banco de España: http://www.mineco.gob.es/stfls/mine...
|13| Para profundizar en el tema: http://www.lamarea.com/2013/12/05/b... ; http://colectivonovecento.org/2013/... y http://www.elmundo.es/economia/2013...
|14| Para profundizar en el tema: http://www.lamarea.com/2013/12/05/b... ; http://colectivonovecento.org/2013/... y http://www.elmundo.es/economia/2013...
|15| Banco de España, Informe de
Estabilidad Financiera 11/2013, página 21.
|16| Los Grupos 1 y 2 están formados por
aquellas entidades que tuvieron necesidad de acudir a ayudas públicas para
recapitalizarse y que hicieron efectivo el traspaso de sus activos
inmobiliarios a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria (SAREB) en diciembre de 2012 y en febrero de 2013,
respectivamente, de acuerdo con lo acordado en el Memorando de Entendimiento
para la asistencia financiera a la banca española (MOU) y los parámetros
definidos en los planes de reestructuración aprobados por la Comisión Europea
el pasado 28 de noviembre de 2012 para las entidades del Grupo 1, y 20 de
diciembre para las del Grupo 2.
|17| Banco Central Europeo, Survey
on the Access to finance of small and medium-sized enterprises in the euro area,
November 2013, página 4.
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