Por Julia Pérez
Público.es, 20/05/2014.
Un documento del Banco de España
de 2011 y entregado a la Audiencia Nacional se va a convertir en caballo de
batalla en el caso de Bankia. El informe autoriza la recompra en metálico
preferentes a los grandes inversores financieros a seis meses del rescate de la
entidad. Pero nadie hizo esta misma oferta a los clientes particulares, que
quedaron atrapados con 3.246 millones, en el caso de Caja Madrid.
El informe del Banco de España
tiene fecha de 25 de noviembre de 2011. En él se autoriza a las entidades que
conforman Bankia a comprar en metálico preferentes y deuda subordinada que
había sido colocada a los llamados inversores institucionales. El desembolso
supuso un pago en metálico de casi 900 millones de euros. El 9 de mayo de 2012
la entidad fue rescatada. Habían transcurrido sólo seis meses después.
Juan Ignacio Moreno Yaguë,
abogado y candidato a las europeas por el Partido X, es quien lleva la
acusación particular del #15MpaRato y ha localizado este documento entre los
informes entregados a la Audiencia Nacional. Denuncia que esta recompra en
metálico benefició a los mayoristas profesionales —las entidades financieras,
los grandes fondos de inversión y los tiburones financieros—, pero no se
incluyó a los clientes minoristas, a los particulares. La amortización tenía un
descuento que rondaba el 30% sobre el valor nominal, pero ha resultado ser la
mejor de las opciones que se han ofrecido en este caso.Este documento será
utilizado por la acusación para intentar demostrar el "fraude" en la
colocación de preferentes de Caja Madrid en la pieza separada abierta en el
Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional.
Moreno asemeja este proceder al
delito de insolvencia punible en un concurso de acreedores. Esto es, favorecer
a unos acreedores frente a otros en vez de tratarlos a todos en igualdad de
condiciones a las puertas de un concurso de acreedores, como exige la ley. A su
entender, Bankia utilizó esta recompra para despejar las dudas que había
entonces entre los grandes fondos respecto al futuro de la entidad. Sin
embargo, el 96,2% de las preferentes emitidas en 2009 habían sido colocadas por
Caja Madrid entre consumidores y no entre los profesionales, según ha
reconocido ante el juzgado Carlos Stilianopoulos, presidente de la filial
creada para colocar estos productos (Caja Madrid Finance Preferred).
El informe del Banco de España
favorable a la recompra anticipada a los inversores institucionales está
firmado por Pedro González, director de Supervisión del Banco de España, y por
José Antonio Gracia Saz, jefe de grupo de los inspectores. En él se hace constar
que las cajas que componen Banco Financiero y de Ahorros (la matriz creada para
la fusión de siete cajas de ahorros) han solicitado la recompra anticipada de
16 emisiones de deuda subordinada y 4 emisiones de preferentes —emitidas por
Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Ávila, Caja de Segovia y
Caja de Ahorros de La Rioja— por un importe nominal de 3.068 millones de euros
(2.902 eran de deuda subordinada y 166 millones de emisiones y de
participaciones preferentes). La recompra "está dirigida exclusivamente a
inversores institucionales".
El procedimiento utilizado fue el
conocido como "subasta holandesa impropia", en el que el BFA se
reservaba el importe y el precio máximo a aceptar. El pago máximo sería del 75%
y el desembolso en metálico, tras el descuento, suponía 860 millones de euros.
El Banco de España autoriza la operación siempre y cuando se proceda a su
amortización.
La acusación particular ha
solicitado ante el juzgado que Bankia entregue todos los correos de la cúpula
directiva de Caja Madrid de entonces para conocer el expediente de esta
recompra. El juez instructor, Fernando Andreu, se ha negado a incorporar a la
causa los correos de Miguel Blesa, el entonces presidente de Caja Madrid. Sin
embargo, la acusación de #15MpaRato solicita los correos del resto de la
dirección de la Caja al entender que deben estar a disposición del Banco de
España para su supervisión. En un escrito remitido a la Audiencia Nacional,
esta acusación particular solicita también que vuelva a declarar el entonces
Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Test de conveniencia
Además, presentan documentación
para probar los errores en el reconocimiento e identificación de las cuentas de
los particulares que adquirieron preferentes y la falta de respaldo de la
compra-venta de preferentes en los mercados de capitales.
El perfil del cliente escogido en
la colocación de preferentes y su conocimiento del riesgo es clave en este
caso. Una directiva europea (la directiva sobre Mercados de Instrumentos
Financieros, Mifid, de 2004) obliga a los bancos a dar el mayor grado de
protección a los clientes minoristas, a ofrecerles información clara y precisa,
y a someterlos a Test de Conveniencia para determinar si comprenden y están
capacitados para suscribir un producto financiero complejo, como son las
preferentes o los swaps.
La venta de preferentes de Caja
Madrid en 2009 se produjo un año después de que entrara en vigor en España esa
directiva europea.
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