Público.es, 19/05/2014.
El exdirector general adjunto de
Caixa Penedès Santiago José Abella ha defendido este lunes, en el juicio
celebrado en la Audiencia Nacional contra cuatro exaltos cargos de Caixa
Penedès, que las jubilaciones millonarias que se otorgaron de forma
presuntamente irregular "eran legales". Si no hubieran suscrito
las pólizas de seguro y los planes de pensiones por los que se les garantizaron
ingresos de 31,6 millones de euros "se hubiera incurrido en una
discriminación" respecto a los trabajadores comunes.
Abella, el primero de los
exdirectivos juzgados que ha prestado declaración ante el juez central de lo
penal José María Vázquez Honrubia, ha explicado que su contrato de alta dirección
en la caja, firmado en 1996, contemplaba que tenía derecho a la jubilación
voluntaria a partir de los 60 años. "Decía con total claridad que tenía
derecho a prejubilarme y que cobraría el 90 ciento de mi retribución fija hasta
los 65 años", ha dicho.
Ha indicado que hizo uso de este
derecho en enero de 2007, cuando tenía 61 años. "Desde entonces estoy
felizmente jubilado", ha explicado. Según el exdirector general
adjunto, en enero de 2001 el consejo de administración de la caja estableció la
externalización parcial de los servicios por pensiones de los que disfrutaban
sus trabajadores siguiendo el criterio adoptado por una comisión negociadora
creada a ese efecto.
Esta comisión fue la encargada de
diseñar el nuevo sistema y en ella se decidió que las jubilaciones se cubrirían
con un fondo de pensiones y el exceso de salario pensionable se cubriría con
una poliza de seguros. Este sistema, pensado en un inicio para los empleados
comunes, fue el que adoptó también la directiva.
"El personal laboral
común cobraba del fondo de pensiones y de la póliza. No consolidar los derechos
de los directivos de la misma forma hubiera supuesto que hubiera personas en la
caja con todos los derechos y otras, nosotros cuatro, con sólo un trozo",
ha indicado.
Comida de agradecimiento ante
su jubilación
Abella ha recordado, además, que
cuando abandonó la caja en enero de 2007 se celebró una comida en un
restaurante famoso de Barcelona para agradecerle "los servicios
prestados". "Me agasajaron, parece mentira ahora", ha
dicho.
En el banquillo de los
acusados se sientan, además de Abella, el exdirector general de Caixa Penedès
Ricard Pagès Font y los exdirectivos Manuel Troyano Molina y Juan Caellas
Fernández acusados de adjudicarse planes de pensiones de forma irregular. La
Fiscalía Anticorrupción pide para ellos penas de entre tres años y tres años y
medio de prisión.
El fiscal Emilio Sánchez Ulled
considera que los cuatro, junto al fallecido exdirector de Recursos Humanos
Jaume Jorba, se otorgaron de manera irregular 31,6 millones de euros en planes
de pensiones y distintas pólizas, lo que supone un delito societario continuado
de administración desleal.
Reclama a los acusados que
indemnicen conjunta y solidariamente a la caja de ahorros con 12,6 millones
correspondientes a las pólizas cobradas por Pagès y Abella, a los que
habría que sumar las retribuciones irregulares fijadas desde 2010 y que se
determinarán en sentencia. Los herederos de Jorba deberán devolver más de 2,5
millones.
La Fiscalía, por el contrario,
sostiene que los acusados, para los que pide entre 3 y 3,5 años de prisión,
junto con Jorba, se apresuraron en modificar sus contratos de trabajo y a
blindar sus pólizas con las compañías Axa y Zurich para que cuando cesaran en
sus cargos pudieran beneficiarse de las indemnizaciones previstas en dichos
seguros.
Sumando el plan de pensiones y
cuatro pólizas suscritas, Pagès se adjudicó 11.609.708 euros, Abella 5.727.774
euros, Troyano 6.164.999 euros, Jorba 3.311.758 euros y Caellas 4.838.675
euros; en total, 31.652.917 euros.
Antes del interrogatorio, el juez
Vázquez Honrubia ha rechazado anular el juicio, tal y como reclamaban las
defensas, que alegaban que la Audiencia Nacional no es el órgano competente
para enjuiciar a sus clientes.
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