Por Mario Ruiz-Ayúcar Dorado
Público.es, 14/05/2014.
La Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) de Madrid, la Plataforma No Somos Delito y otros colectivos
sociales han presentado hoy una denuncia por
la vulneración de derechos humanos en España ante la oficina de
derechos humanos e instituciones democráticas de la OSCE (Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa) así como al Comisario de Derechos Humanos
del Consejo de Europa, Nils Muiznieks.
La denuncia explica la situación
económica española, así como sus precedentes históricos desde la crisis
económica de 2007 en Estados Unidos, y el estado del derecho a la vivienda y
las libertades económicas en el país.
En el documento los firmantes
señalan "la vulneración sistemática de los derechos humanos en materia de
derecho a la vivienda (Desalojos Forzosos Sin Alternativa Habitacional), y
derechos y libertades democráticas (expresión, reunión, manifestación)".
La PAH de Madrid y los otros colectivos
sociales subrayan que en los casos de desahucios sin alojamiento alternativo se
está violando el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
así como del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
De igual forma señalan que
también son vulnerados los preceptos del Convenio Europeo de Derechos Humanos,
artículos 3, 8 y 13, "al afectar a la integridad física y moral, la
intimidad familiar y la falta de recursos legales efectivos para enfrentar la
situación con mínimas garantías".
La denuncia recoge la venta de
miles de viviendas públicas, "con sus inquilinos dentro", a entidades
bancarias como Goldman Sachs y Azora por parte de la Comunidad de Madrid,
Cataluña o Castilla-La Mancha, "abriendo la veda para un nuevo ciclo de
inversión especulativa en ladrillo".
Mientras que los desahucios se
van ejecutando la situación de los menores van empeorando y la tasa de pobreza
infantil aumenta. El documento entregado a la UE y a la OSCE subraya que en España
hay unos 2.200.000 menores de 18 años que viven en
hogares que están por debajo del umbral de pobreza. El propio
comisario de derechos humanos de la Consejo de Europa, Nils Muiznieks, a quién
va dirigida la denuncia, alertó en el mes de junio de 2013 sobre "el
alarmante índice de pobreza infantil y los problemas de malnutrición que se
reportan en España".
Los denunciantes critican la
reforma del Código Penal por "introducir la cadena perpetua y criminalizar
la protesta social y la solidaridad".
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