Por F. Fafatale
Diagonal, 26/05/14.
El asesor jurídico de una entidad
financiera, encargado de juzgar la estafa de las preferentes; una Fiscalía que
se ha convertido en el mejor bufete de abogados en defensa de los poderosos;
jueces en el banquillo antes que los delincuentes por tocar a un banquero
intocable; un abogado procedente de un gran bufete a sueldo de banca y
multinacionales, en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Todos ellos son
casos de jueces y parte en un momento en que se suceden los conflictos
judiciales que afectan al sector financiero.
El último caso conocido es la
entrada, el pasado mes de abril, de Antonio Vicente Sempere Navarro en
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Esta sala, encargada de
juzgar los conflictos laborales, admitió así a quien había sido desde 2010
coordinador del área laboral de Gómez-Acebo & Pombo, uno de los
despachos que defienden a los directivos en grandes procesos como Sintel,
Caja de Ahorros del Mediterráneo o Bankia. Pero la vinculación más
evidente es el de Sebastián Sastre Papiol. El exdirector de los
servicios jurídicos de La Caixa fue nombrado magistrado de la sala de lo Civil
del Tribunal Supremo en noviembre de 2012. Desde entonces, tiene la
última palabra en casos flagrantes de estafas bancarias como las preferentes,
los swaps o abusos hipotecarios.
Según publicó El Confidencial, el presidente de la Caixa, Isidre Fainé,
presionó al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y al presidente
catalán Artur Mas para colocar ahí a su hombre de confianza.
La candidatura de Sastre Papiol fue propuesta por el vocal de CiU,
Ramón Camps, y su padrino fue el propio presidente de la Sala de lo
Civil, Juan Antonio Xiol.
Este mismo mes de mayo, la Sala
de lo Civil del Supremo lamentaba en una nota de prensa “no poder
dictar jurisprudencia sobre preferentes, ante la retirada del recurso del Banco
de Santander”, que aceptó la sentencia que declaró nula la venta de
preferentes y le condenó a devolver a los compradores la totalidad del importe
abonado.
Para Rafael Mayoral, asesor
jurídico de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, “es
escandaloso el papel de la Fiscalía, de la UDEF (Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal) de la Audiencia Nacional en los casos de las hipotecas
basura, que gozan de una absoluta impunidad”. Para Mayoral, “la
Fiscalía se ha convertido en el mejor bufete de abogados en defensa de los
poderosos”. En su opinión, el encausamiento del juez Elpidio Silva por
enviar a la cárcel a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, por la compra
del Banco de Miami “es un aviso a navegantes para que todo el mundo vea lo que
pasa si tocas a un intocable”. El penúltimo episodio es bien conocido: la jueza
que iba a juzgar a Elpidio Silva, María Tardón, formó parte de la Asamblea de
Caja Madrid durante el mandato de Blesa, motivo por el cual ha tenido que ser
apartada.
El poder se indulta a sí mismo
No sólo Blesa. También está en el
recuerdo el ejemplo de Alfredo Sáenz, mano derecha de Emilio Botín, “el
banquero mejor pagado de España”, quien fue indultado por Zapatero en su último
Consejo de Ministros. Y posteriormente también favorecido por el Gobierno de
Rajoy a golpe de real decreto. A través de los indultos, Jueces para la
Democracia ya denunció que “el poder se perdona a sí mismo”. Rafael Mayoral va
más allá: “Las leyes están hechas para los poderosos. En tiempos de crisis,
ellos se las saltan. Pero el problema es que los que interpretan esa legalidad
también la interpretan a favor de los poderosos”.
En su informe sobre la economía
española del pasado mes de agosto, el Fondo Monetario Internacional (FMI)
advertía de que la reestructuración bancaria y las incertidumbres que rodean a
la gestión del Sareb o ‘banco malo’ “implican a muchos miles de pequeños
inversores y entraña el riesgo de litigios por posibles acusaciones
generalizadas de ventas abusivas” de activos como pisos, hipotecas o
participaciones preferentes. Tal vez por esa razón, la banca se ha
apresurado a situar a sus peones, jueces y parte, en el tablero de los
tribunales, para juzgar “en función de los intereses de las entidades
españolas, pero también de los fondos internacionales”, apunta Mayoral, para
quien en la impunidad de la banca “la Justicia tiene una corresponsabilidad
absoluta”.
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