Por Julia Pérez
Público.es, 13/06/2014.
El número de desalojos de
inmuebles, realizados por una comisión judicial con la ayuda de la fuerza
pública, ascendió a 18.492 en el primer trimestre de 2014.
Esta cifra supone una rebaja del 5% respecto del mismo periodo de 2013.
De estos desalojos por la fuerza,
el 41,7% se produjo por haber perdido el inmueble tras una ejecución
hipotecaria y haberse negado a abandonarlo; otro 53,8% fueron desahucios por el
impago del alquiler y el 4,5% restante de los desalojos obedeció a otras
causas.
Las ejecuciones hipotecarias suelen
terminar con la entrega voluntaria de las llaves al banco o al juzgado, o con
una negociación. Por ello, los desalojos por la fuerza (lanzamientos)
sólo se refieren a quienes se niegan a entregar su casa o local y
hay que desalojarlos por medio de una comisión judicial que se desplaza a la
vivienda con el nuevo propietario del inmueble y se cambia la cerradura.
Por ello, una cifra significativa
para abordar el drama real de esta crisis son las ejecuciones hipotecarias. En
los tres primeros meses de 2014, los bancos presentaron 24.226 ejecuciones
hipotecarias. Supone un aumento del 13,9% más que el mismo periodo del año
anterior.
El número más elevado de
ejecuciones hipotecarias se iniciaron en Cataluña, con 5.773, lo que representa
el 23,8% del total de España. Le siguen Andalucía (19 %), la Comunidad
Valenciana (17,4%) y Madrid (8,2%).
Son ya 23 los trimestres
ininterrumpidos de crisis, por lo que los dramas que hay detrás de
estas cifras se van acumulando. Así, desde que comenzó la crisis, en
agosto de 2008, hasta ahora los bancos llevan interpuestas un total de 498.035
ejecuciones hipotecarias.
Los procesos por demandas de
despido bajaron un 18% en el primer trimestre de 2013. Los juzgados de lo
Social registraron 34.327 procesos. Encabeza esta estadística Madrid (6.276
procesos de demandas de despido, un 18,3% del total), seguida de Cataluña,
Andalucía y Valencia.
Además, los juzgados de lo Social
registraron 37.617 reclamaciones de cantidad, lo que supone un incremento del
3,3 % respecto al mismo periodo de 2013. También Madrid encabeza el número de
reclamaciones, con un total de 5.944 demandas y el 15,8% del total de
España, seguida de cerca por Andalucía.
Otra cifra que sirve de ejemplo
del impacto de la crisis es el llamado proceso monitorio. Así se denomina a la
reclamación ante el juzgado para cobrar una deuda impagada que está reconocida
en un documento, como puede ser un crédito con el que se compró una lavadora,
un coche o el impago de la tarjeta de crédito.
En los tres primeros meses de
2014 estas reclamaciones crecieron un 24,6%. En cifras
totales, los juzgados de primera instancia registraron 170.973 procedimientos
monitorios. El incremento se explica desde la estadística del Consejo General
del Poder Judicial porque la cifra del año pasado (137.260) fue
excepcionalmente baja a consecuencia del impacto de las tasas judiciales. El
19,5 % de los procedimientos monitorios se registró en Andalucía, seguida de
Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana.
Desde que comenzó la crisis, los
juzgados españoles han registrado un total 4.225.903 reclamaciones
ante el juzgado por deudas económicas reconocidas en un documento.
Por otro lado, el número de
concursos de acreedores presentados por las empresas en el primer trimestre de
2014 fue de 2.174, un 32,2% menos que en el mismo periodo del año anterior.
Además, durante el primer
trimestre de 2014 llegaron a la fase de convenio un total de 468 concursos,
mientras que iniciaron la fase de liquidación 1.504, lo que supone un descenso
del 2 % respecto al mismo periodo de 2013.
El informe señala asimismo que en
el periodo estudiado se presentaron 363 expedientes del artículo 64 de la Ley
Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo
de carácter colectivo.
Cataluña sigue siendo la que
registró el mayor número de concursos: 455, lo que supone el 20,9 % del total
nacional. Les siguen la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía, cuya cifra de
concursos representa el 14,6 %, el 14,4 % y el 14,2 %, respectivamente.
Este es el resumen del impacto
económico de la crisis en los juzgados y tribunales de España durante los tres
primeros meses de 2014, en comparación con el mismo periodo de 2013. Detrás de
estas cifras, se encuentra el drama de miles de personas que siguen perdiendo
una casa donde vivir, se han quedado sin trabajo, sus empresas han cerrado,
no han podido pagar sus créditos o que lo han perdido todo por
avalar con sus bienes proyectos empresariales.
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