Por Elías Trabada Crende
Público.es, 24/06/2014.
Según la estadística del Consejo
General del Poder Judicial, el número de lanzamientos con cumplimiento positivo
(desahucios ejecutados) sobre bienes inmuebles ascendió a 39.206 en 2013.
También nos indica que el 38,4% de los lanzamientos practicados, o desahucios
tramitados, en ese mismo año (67.189) por los Juzgados de Primera Instancia son
consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria (inmuebles en
propiedad) y el 56,8% derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (inmuebles
en alquiler). Los datos publicados por el CGPJ consideran todo tipo de bienes
inmuebles (“sin tener en cuenta si se trata de una finca rústica o urbana, ni
si es o no una vivienda”), por consiguiente no nos permiten conocer la magnitud
concreta de las viviendas principales o habituales afectadas. De ahí que sea
necesario recurrir a la información estadística publicada por otras fuentes
para clarificar esta importante cuestión.
Según la Nota Informativa del
Banco de España (19/05/2014), en 2013 se entregaron 49.694 viviendas a las
entidades financieras mediante procedimientos de ejecución hipotecaria que
reclamaban el pago de deudas hipotecarias a los hogares, de las cuales el 78,4%
fueron viviendas habituales (38.961). Con respecto a 2012, se observa un
incremento relevante del 11,1% en el total de viviendas entregadas (44.745),
así como una evolución estable en cuanto al número de viviendas principales
entregadas (39.051 que representaban el 87,3% del total entregado). Resumiendo,
ocho de cada diez viviendas entregadas a los bancos en 2013 por impago del
crédito hipotecario corresponden a viviendas principales, dato que nos advierte
de la gravedad del problema de la vivienda motivado por las numerosas ejecuciones
hipotecarias y desahucios de vivienda habitual en España.
Ahora bien, ¿podemos estimar el
colectivo de hogares que se encuentran en riesgo de ejecución hipotecaria?.
Según el Censo de Población y Viviendas de 2011, unos 5.940.930 hogares residen
en una vivienda propia con pagos pendientes (hipotecas), los cuales significan
el 33% del total de hogares censados en España (18.083.690). En riesgo de
precipitarse a un proceso de ejecución hipotecaria se situaría el 5,2% de los
hogares españoles, pues habitan en una vivienda de su propiedad con hipoteca
pero ninguno de sus miembros estaba ocupado en noviembre de 2011: en términos
absolutos, hablamos de 934.895 hogares. En perspectiva autonómica, esa Tasa de
Hogares en Riesgo de Ejecución Hipotecaria de la vivienda en Propiedad que
habitan muestra sus porcentajes más elevados en Canarias (5,6%), Illes Balears
(5,8%), Murcia (6,2%), Andalucía (6,9%) y Comunitat Valenciana (7% del total de
hogares).
En cuanto a posibles desahucios
por impagos de la renta de alquiler, el Censo de 2011 también nos permite
calcular una Tasa de Hogares en Riesgo de Desahucio de su vivienda principal en
Alquiler: de los 2.438.575 hogares que habitan en una vivienda en régimen de
arrendamiento, 820.580 tenían a todos sus miembros sin ocupación, significando
el 4,5% del total de hogares censados en España. En el panorama autonómico, la
Tasa expresa sus mayores porcentajes entre los hogares de Asturias (5,2%),
Canarias (5,6%), Catalunya (6,6%) e Illes Balears (8% del total de hogares).
Desde la elaboración del Censo de Población y Viviendas de 2011, los indicadores sobre desempleo y pobreza han empeorado, por consiguiente pensamos que esas Tasas de Hogares en Riesgo de Ejecución Hipotecaria o de Desahucio de la vivienda en Alquiler seguramente han crecido entre los hogares españoles. En este sentido, si el 7% de los hogares entrevistados en 2011, mediante la Encuesta de Condiciones de Vida (INE), tuvieron retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos…) en los últimos 12 meses, en el año de 2013 el valor del indicador se elevó al 9,3% del total de hogares. Señalar que esta carencia material resulta más frecuente entre los hogares entrevistados en Castilla-La Mancha (11,2%), Comunitat Valenciana (11,6%), Andalucía (11,7%), Canarias (15,1%), Illes Balears (17,2%) y Murcia (19,8%).
Los retrasos en el pago de gastos
relacionados con la vivienda principal pueden desembocar en la exclusión
residencial y social de los hogares afectados, tal como se refleja en los
resultados de la Encuesta a las Personas Sin Hogar de 2012 (INE). Así, respecto
a la razón por la que las personas sin hogar abandonaron el alojamiento que
tenían antes de verse sin hogar, el 45% contestó porque perdió el trabajo y el
47,7% manifestó motivos directamente relacionados con el problema de la
vivienda: porque la persona entrevistada o su pareja no pudieron pagar más el
alojamiento (26,1%), le desahuciaron de la vivienda (12,1%), se le acabó el
contrato de alquiler (5,8%) o el edificio donde vivía estaba en ruina, fue
demolido o ardió (3,7%).
Si retomamos la estadística del
Consejo General del Poder Judicial referida al primer trimestre de 2014,
observamos que el número de ejecuciones hipotecarias presentadas (24.226) y de
lanzamientos con cumplimiento positivo (desahucios ejecutados) sobre bienes
inmuebles (12.018) se incrementaron un 13,9% y 8,3%, respectivamente, en
relación al primer trimestre del año anterior. Ambos indicadores nos informan
que el problema de la vivienda continúa empeorando. La Ley 1/2013, de 14 de
mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social aprobada por el Gobierno del PP, no
parece que haya contribuido a resolver la grave crisis residencial y social
producida por la confluencia de una injusta legislación hipotecaria y una
crisis capitalista que produce desempleo masivo y creciente pobreza severa
entre la población española.
Más bien nos encontramos ante una
reforma hipotecaria fallida, por su clara insuficiencia e ineficacia para
abordar las causas y consecuencias, residenciales y sociales, del grave
problema de la vivienda provocado por las numerosas ejecuciones hipotecarias y
desahucios de viviendas principales, en propiedad y alquiler. De ahí que
aboguemos por un cambio urgente de la política gubernamental y legislación
española en el sentido de la ILP defendida por la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca y otras organizaciones sociales: dación en pago, moratoria en las
ejecuciones hipotecarias y desahucios de vivienda habitual, y un cambio
copernicano en las políticas de vivienda de las Administraciones del Estado
español hacia la promoción prioritaria y continuada del alquiler social,
persiguiendo el objetivo estratégico de alcanzar un porcentaje cercano al
promedio de la Unión Europea (9% de las viviendas principales) en un horizonte
de medio plazo. A ese parque público de viviendas de alquiler social se
deberían movilizar las viviendas y el suelo urbano y urbanizable en manos de
las entidades financieras intervenidas y de la Sociedad de Gestión de Activos
procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, el banco malo). En suma,
tenemos que pensar y actuar en favor de una reconciliación de la política y la
economía de la vivienda con el ser humano y la naturaleza, impulsando su valor
de uso y sostenibilidad ambiental en detrimento de su valor de cambio,
rescatando la vivienda del egoísmo-beneficio neoliberal y su política
thanática, liberando del sufrimiento nuestras ciudades, barrios y villas con
vivienda asequible, trabajo digno, educación y salud como quiere el clamor
popular.
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