Por Carlos Huerga
Público.es, 27/06/2014.
Hoy viernes Kutxabank ha
desahuciado a una familia con tres menores (uno de ellos un bebe de
tres semanas). Esta familia había ocupado la vivienda, propiedad del banco,
porque estaba vacía y no tenían donde vivir. Este era el tercer intento de
desahucio y, gracias al desproporcionado despliegue de la Policía Nacional,
esta familia se ha quedado en la calle.
Lo más grave de este hecho no es
que los desahucios sigan siendo un drama en este país sin que el Gobierno tome
medidas efectivas para evitarlo.
Según el Banco de
España y el Consejo General del Poder Judicial, año a año el número
de desahucios ha ido aumentando. Mientras tanto, el Gobierno ha tomado medidas
como el Código de Buenas conductas o el Real Decreto de Moratoria hipotecaria y
se ha lavado las manos. Los datos demuestran lo poco efectivas que han sido
estas medidas.
Lo más grave de esto tampoco es
que esta familia haya tenido que ocupar una vivienda ante la pasividad del
IVIMA o la EMVS.
Estas empresas públicas son las
responsables de garantizar una vivienda a personas en riesgo de exclusión
social en la comunidad y la ciudad de Madrid. Sin embargo, están
vendiendo la poca vivienda pública (vivienda que es de todos) a
precio de saldo a fondos buitres. Estas ventas se llevan a cabo con la excusa
de que es la única manera de asegurar la viabilidad de estas empresas públicas
debido a la cuantía de sus deudas, ocasionadas por el expolio que han hecho de
ellas Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.
Por último, sigue sin ser lo más
grave que los bancos que han recibido dinero público (dinero de todos, también
de la familia que han desahuciado) sigan echando a la gente de sus casas.
Hemos desviado fondos públicos a
la banca y pedido un rescate
bancario a la Unión Europea para sanear sus maltrechas cuentas. Uno
de los motivos de la crisis del sector son sus prácticas abusivas en el mercado
hipotecario. Sin embargo, el Gobierno no ha sido capaz de poner como
contrapartida a esta ayuda pública la paralización de los desahucios que llevan
a cabo. Lo único que ha sido capaz de hacer es crear la SAREB para que los
bancos no tengan que preocuparse más de las viviendas problemáticas para ellos.
Lo más grave es que la pasividad
que las administraciones públicas demuestran en estos tres hechos, contrasta
con su efectividad en el uso de las fuerzas de seguridad para desahuciar.
La Policía Nacional ha llevado a
cabo un despliegue desmesurado para ejecutar este desahucio, que ha acabado con
seis personas detenidas y otras tantas han tenido que ser atendidos por el
SAMUR. En otras palabras, vivimos en un país que en lugar de garantizar los
derechos humanos, los combate desde “su” legalidad. ¿No sería mejor desarrollar
políticas efectivas para garantizar que familias como la que ha sido
desahuciada no se tengan que quedar en la calle?, si hay casa vacías ¿no se
pueden poner a disposición de la gente que las necesita?, ¿no es la vivienda un
derecho?
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