Por Andreu Missé
El diario.es, 01/04/2015.
Durante las últimas semanas hemos
asistido al insólito ejercicio de ver a directivos bancarios impartiendo clases
de educación financiera en determinados colegios —convenientemente
seleccionados— que no representan ni de lejos el 1% de la población estudiantil
del país. Así, hemos visto a los máximos ejecutivos financieros exhibir sus
dotes pedagógicas impartiendo clases y proporcionando consejos y
recomendaciones sobre la mejor forma de ahorrar, invertir y proteger el
patrimonio.
Todo parece indicar que se trata
de una estrategia publicitaria para recuperar la reputación perdida tras las
fechorías cometidas durante los últimos años. El mensaje subliminal que se
quiere transmitir con esta ridícula acción es que los daños sufridos por
millones de clientes bancarios han sido consecuencia de su ignorancia financiera,
y no de los abusos cometidos por las entidades. Resulta un sarcasmo que los
responsables de las malas conductas se vistan ahora de maestros y mentores.
No cabe duda de que los ciudadanos tienen mucho que aprender como usuarios de
servicios financieros, sobre todo debido a la complejidad y la oscura
ingeniería cada vez mayor de los propios productos financieros. Ingeniería que,
por cierto, desconoce la inmensa mayoría de los miembros de los consejos de
administración de las entidades. Pero este es un asunto muy serio del sistema
educativo. La mejora de los conocimientos económicos y financieros se necesita
cada día más, y debe abordarse con un mayor peso de las asignaturas de esta
materia impartidas por profesores especializados en el marco de la enseñanza
regulada.
No es sólo una cuestión de
educación. Los atropellos cometidos en España por parte de las entidades
financieras durante los últimos años no tienen parangón. Las desgracias para
los ciudadanos han sido consecuencia sobre todo de los masivos fraudes, estafas
y engaños perpetrados por las entidades financieras, que han afectado a
millones de personas a través de múltiples fórmulas: participaciones
preferentes, obligaciones subordinadas, cláusulas suelo, clips
y swaps hipotecarios y otras suertes de malas hierbas que tienen
bloqueados los juzgados tras un alud de justas demandas.
Con independencia del trabajo
meritorio que están realizando jueces y magistrados en los juzgados civiles y
penales, sí que hay tarea también en este campo para la educación. Aquí lo
urgente es educar a los banqueros. La asignatura pendiente del sector es la
ética. Este país tiene muy buenos catedráticos de ética, cuyas lecciones
podrían ser muy benefactoras para la banca. Los financieros no lograrán
recuperar la reputación con gestos propagandísticos o envolviendo los
periódicos con páginas de publicidad que no dejan de ser humillantes
exhibiciones de poder para periodistas y lectores.
Si la banca quiere recuperar la
confianza de los ciudadanos, tiene que empezar por cumplir la legislación que
le concierne. La ley dispone que las entidades deben proporcionar a sus
clientes información “imparcial, clara y no engañosa”, y en diversas
disposiciones se establece que las entidades deben actuar en interés de los
clientes, averiguando previamente sus conocimientos antes de recomendarles
ciertos productos. Esto no es ni buenismo ni retórica. Esto es lo que
establecen las directivas comunitarias y la legislación española. Estos
preceptos deberían aparecer en letras grandes en todas las oficinas o en las
webs bancarias.
Los bancos no pueden seguir
instalados por encima de las instituciones. Es inaceptable que en 2013, las
entidades sólo rectificaran el 24,8% de los informes que el Banco de España ha
resuelto a favor del reclamante, amparándose en que son decisiones no
vinculantes. En ese ejercicio, las reclamaciones crecieron un 142% hasta un
total de 34.645. Más de la mitad corresponde a quejas por cláusulas suelo.
Sobre el abuso de estas cláusulas escondidas en la letra pequeña, que han
impedido a millones de hipotecados beneficiarse de la bajada de tipos de
interés, el Tribunal Supremo dictó ya una sentencia en mayo de 2013, y otras
dos recientemente por las que se ha declarado el carácter abusivo de estas
cláusulas. En consecuencia, han sido anuladas en determinadas condiciones.
Aunque la mayoría de entidades eliminaron estas estipulaciones, otras se
resisten.
Las cifras de los abusos
bancarios cometidos en los últimos años son abrumadoras: más de cuatro millones
de hipotecas con cláusulas suelo, más de un millón de participaciones
preferentes y obligaciones subordinadas, 128.000 afectados por Valores
Santander y 54.000 afectados por cuotas participativas de la Caja de Ahorros
del Mediterráneo (CAM). Las pérdidas sólo en preferentes y obligaciones
subordinadas ascienden a 14.750 millones de euros. La defensa de los intereses
de los consumidores ha provocado un alud de decenas de miles de demandas que ha
bloqueado prácticamente los juzgados. Organismos supervisores como la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se sienten completamente impotentes ante
una generalización tan masiva de las infracciones, por la insuficiencia de
medios y una limitada capacidad de sanción. La multa máxima impuesta ha sido de
16,9 millones al Santander por la comercialización de Valor Santander, que no
llega ni a la categoría de rasguño (0,3% de sus beneficios). Hace unos días,
Howard Davies, exsubgobernador del Banco de Inglaterra y exdirector de la
London School of Economics, señalaba que los bancos norteamericanos y europeos
apenas se inmutan con las multas de los reguladores, que suman 230.000 millones
de dólares desde 2009. Con independencia de un aumento de la capacidad
sancionadora del regulador, para ejercer de banquero debería ser necesario aprobar
en ética financiera.
Disponible en:
No hay comentarios:
Publicar un comentario