Por Joaquín Rábago
Nueva Tribuna, 01/04/2015.
No se cansan los autoproclamados
liberales de cantar las excelencias de los conciertos público-privados en la
prestación de servicios públicos: desde la sanidad y la enseñanza hasta las
infraestructuras.
El problema es que, a la vista de
tantos casos de corrupción como han estallado en los últimos años en Madrid, en
Valencia y tantos otros lugares, se trata simplemente del reparto del pastel de
lo público entre los “amiguetes”.
Se justifica muchas veces esa
fórmula, aplicada ya en otras partes, sobre todo en el mundo anglosajón,
siempre pionero en cosas del dinero, por la mayor eficacia y capacidad
de gestión que atribuyen sus partidarios al sector privado frente al
público. Explican ésos que, al asumir riesgos, la empresa privada
estará siempre más vigilante y procurará que no se produzcan desvíos o
despilfarros, vicios que, según ellos, parece llevar lo público en su ADN.
Y, sin embargo, la experiencia
también de otros países, desde el Reino Unido hasta Canadá, demuestra que en
cuanto se produce algún problema o en cuanto la empresa privada no encuentra la
rentabilidad esperada, toma las de Villadiego y al final es siempre el
sector público el quien debe hacerse cargo de la factura.
Ya lo dijo el premio Nobel de
Economía estadounidense Joseph Stiglitz: se trata de un
sistema en el que “el sector público asume todos los riesgos mientras
que la empresa privada se lleva todos los beneficios”. El riesgo
no puede transferirse en ningún caso totalmente al sector privado porque al
final será siempre el Estado el responsable de garantizar la prestación de unos
servicios que no pueden esperar en ningún caso.
Con frecuencia se justifica el
recurso a lo privado para financiar proyectos públicos por necesidades
presupuestarias del momento, pero como dice el refrán: Pan para hoy,
hambre para mañana.
La desregulación financiera y la
abundancia de liquidez facilitaron el que el sector privado pudiera conseguir
en el pasado dinero barato para acometer esos proyectos. Pero eso ya no es
siquiera cierto en este momento: ahora los poderes públicos pueden acceder a
créditos en condiciones mucho más ventajosas que el sector privado.
En la actualidad, le es más
rentable al sector público asumir directamente los costos antes que dejar que
lo hagan otros y terminar pagando mucho más, como suele ocurrir. O si no,
que se lo pregunten a los londinenses, que vieron cómo la empresa
contratada para ocuparse del mantenimiento de la red de metro en régimen
público-privado acabó en quiebra por culpa de una gestión desastrosa, lo que
costó cientos de millones de libras a los contribuyentes.
El problema es que nuestros
liberales pretenden estar en la vanguardia cuando en otros países ya se está de
vuelta de ese tipo de experimentos.
Disponible en:
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/publico-privado/20150401144633114330.html
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