Por Fernando J. Pérez
El País, 27/04/2015.
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha
cerrado este lunes la investigación por el saqueo que
sufrió la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) a manos de su
cúpula directiva en 2010 y el primer semestre de 2011, antes de que la entidad
alicantina acabara siendo nacionalizada por su ruinosa gestión. El magistrado
dictó por la mañana el auto de pase a procedimiento abreviado —equivalente al
procesamiento— contra ocho exdirectivos de la caja, a la que hubo que inyectar
5.249 millones de euros de fondos públicos. La CAM fue
vendida por un euro al banco Sabadell en febrero de 2013, previa
suscripción de un seguro contra pérdidas —un “esquema de protección de
activos”— que supera los 10.000 millones, también sufragados por el Estado. El
titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 propone juzgar, entre
otros, al expresidente de la CAM Modesto Crespo, a su ex director general
Roberto López Abad, y a su adjunta Dolores Amorós.
En su auto el juez relata las
maquinaciones supuestamente desplegadas por los exdirectivos para exprimir en
su beneficio la caja que ellos mismos quebraron al exponerla al monocultivo del
ladrillo en los años
del boom inmobiliario y a los proyectos
megalómanos del expresidente valenciano Francisco Camps, que hizo de
la CAM uno de sus principales resortes de poder. Gómez Bermúdez concluye que
los gestores de la CAM supuestamente alteraron las cuentas de 2010 y del primer
semestre de 2011 en 210,3 millones de euros “para poder cobrar los incentivos
por resultados y otros complementos ligados a la buena marcha de la entidad”.
Para falsear las cuentas y cobrar
los bonus en perjuicio de la propia entidad, los exdirectivos recurrieron a
varias maniobras. Una de ellas fue “dar de baja” las provisiones realizadas
para hacer frente a impagos de créditos de “muy baja calidad”. También se
sacaron de la contabilidad —y del control del auditor externo— los llamados contratos
de swap —permutas financieras, o acuerdos entre dos partes para el
intercambio de sendos flujos de caja futuros—. Estas prácticas contables
permitieron a la CAM presumir en agosto de 2011 de beneficios por valor de 65,3
millones de euros —y a los directivos ganar sus bonus—. En realidad, la
situación era muy distinta: la caja alicantina, que ya había fracasado en su
intento de fusionarse con otras entidades, sufría pérdidas por 1.136 millones, según los
peritajes de la auditora KPMG, el Banco de España y el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). “Los imputados obtuvieran beneficio
económico a sabiendas de que no les correspondía, pues conocían perfectamente
la situación real de la entidad”, afirma el juez.
La alteración de las cuentas,
recuerda Gómez Bermúdez, “agravó la situación de insolvencia de la entidad,
perjudicó a inversores y demoró la adopción de las medidas necesarias para
evitar (...) la inyección de 5.249 millones” por parte del Fondo de Garantía de
Depósitos. La CAM, que llegó a ser la cuarta caja de ahorros de España por
activos, se había convertido en un riesgo para todo el sistema financiero
español.
El juez ve acreditado que los
imputados ocultaron conscientemente a la consultora externa Towers Watson que
seis miembros de su comité de dirección se habían adherido al programa de
reestructuración de la plantilla de la caja, mediante prejubilaciones, por
valor de 15,5 millones de euros. Esta cantidad no se contabilizó en el
resultado de 2010, evidentemente, como pérdidas. Las pruebas periciales
practicadas concluyen que los exdirectivos “cobraron indebidamente 47,3
millones “por diversos conceptos retributivos como indemnizaciones,
complementos variables salariales e intereses relativos al exceso de prima
pagada a la aseguradora Caser”.
En 2007, el Consejo de
Administración contrató con Caser un complemento económico que se sumaría a la
jubilación de los exdirectivos. La prima, equivalente al 60% del salario fijo
en los últimos tres años, solo se podía abonar a los directivos con al menos
cinco años de antigüedad. Sin embargo, relata el juez, a lo largo de los años
siguientes, los
exdirectivos fueron variando la cobertura en su propio beneficio al
margen del Consejo de Administración. En 2010, acordaron el pago por adelantado
de 25,6 millones de euros pese a que conocían la delicada situación de la
entidad. Las diversas modificaciones, con fecha falsa, supusieron un perjuicio
bruto para la CAM de 2,14 millones de euros.
El magistrado considera que el expresidente de la CAM Modesto Crespo “conocía,
supo e intervino” en todas estas decisiones. Respecto a su número dos y gerente
de la entidad, López Abad, el juez sostiene que “desempeñó un papel relevante
tanto en el proceso de elaboración de las cuentas anuales de 2010 como en la
fijación de las retribuciones (…) que fueron pagadas indebidamente”.
Sobre la
directora general adjunta, María Dolores Amorós, Gómez Bermúdez
escribe que “fue la principal responsable de la elaboración de los estados
intermedios –cuentas trimestrales y semestrales- de 2011” y “autorizó el pago
de las retribuciones indebidas”. De Teófilo Sogorb, director de Planificación y
Control de la CAM, el juez destaca que las cuentas que elaboró y certificó con
cifras falseadas “sirvieron como base para las retribuciones indebidas”.
El director general de Recursos
de la entidad, Vicente
Soriano, es considerado “responsable de las irregularidades en
materia de retribuciones”. Francisco José Martínez, director de Inversiones y
Riesgo supuestamente conocía que las operaciones de titulización “se hacían
para generar resultados de forma artificial”.
Sobre José Luis Sabater, director
de Financiación, el juez sostiene que conocía que el objetivo de las
titulizaciones “no era otro que servir de artificio a la alteración de las
cuentas y de la imagen real de la entidad. Finalmente, sobre Salvador Ochoa,
director de Información Financiera, el juez subraya su “importante papel” en la
irregular contabilidad de las titulizaciones.
El juez atribuye a Crespo, López
Abad y Amorós, y también a los exdirectivos Teófilo Sogorb, Vicente Soriano,
Francisco José Martínez, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa delitos de
falseamiento de cuentas, apropiación indebida, administración desleal y
falsedad en documento mercantil que suman penas de hasta 16 años de prisión.
- El 22 de julio de 2011, el Banco de España, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), interviene la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Esa decisión afloró un modelo de gestión que convirtió a la que había sido la cuarta caja de ahorros de España en el ejemplo de malas prácticas: una entidad sometida a injerencias políticas y herramienta para dar pelotazos inmobiliarios que resultaron un fiasco, según las investigaciones judiciales.
- 30 de septiembre de 2011. “Cuanto peor es una caja, vale menos, y la CAM es lo peor de lo peor”, sentencia el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
- La CAM fue la única caja que emitió cuotas participativas. Tras la intervención, las cuotas perdieron su valor. Unos 54.000 inversores salieron perjudicados.
- En diciembre de 2011, el Banco de España adjudica finalmente la CAM al Banco Sabadell por la simbólica cifra de un solo euro. En el balance de la entidad se incluyen 5.249 millones de euros en ayudas para recapitalizar la entidad procedentes del Fondo de Garantía de Depósitos.
- Bruselas calcula que las ayudas que las Administraciones Públicas destinaron a reestructurar la CAM se situaron a entre 13.446 y 14.180 millones.
- El 29 de julio de 2012, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez impone una fianza de 25,8 millones a la antigua cúpula: el expresidente de la CAM, Modesto Crespo, los exdirectores generales, Roberto López y María Dolores Amorós, y los exdirectores, Teófilo Sogorb y Vicente Soriano por daño patrimonial directo a la entidad.
- En octubre de 2014, tras enviar provisionalmente a la cárcel a siete altos directivos de la entidad, el juez Gómez Bermúdez imputa a 19 consejeros de la CAM por cobrar dietas escandalosas cuando la entidad estaba en liquidación. En febrero de 2015, los principales jefes de la CAM fueron absueltos por el escándalo de las dietas.
Disponible en:
http://economia.elpais.com/economia/2015/04/27/actualidad/1430137443_085304.htm
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