Por Víctor Honorato
El País, 07/04/2015.
“Tengo osteoporosis, reumatismo,
artrosis en las cervicales... Me acabaron con la vida pero yo luchaba por lo
que era mío, y sigo luchando”, relataba ayer a la entrada de los juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Pontevedra Domitila Vicente, apoyada en su
andador, antes de la vista en la que su abogada trató de probar que una mujer
de 81 años con problemas para caminar no puede liderar una carga de afectados
por las preferentes para colarse en un consistorio vallado y vigilado por la
Guardia Civil, por mucho que diga un atestado.
La denuncia policial que la acusó
por su “agresiva” conducta es una de los más de 40 que han servido a la
Subdelegación del Gobierno de Pontevedra para multar a afectados por las
preferentes por recriminar demasiado airadamente a los cargos del PP la gestión
de la estafa de las preferentes de las extintas cajas de ahorros gallegas. Los
jueces llevan revisando las sanciones una por una desde noviembre y de momento
el resultado avala a los recurrentes: 10 sentencias a favor y una en contra.
Están en juego algo más de 20.000 euros que los sancionados han tenido que
abonar recurriendo a un fondo común. Los perjudicados sienten que las multas
respondieron a una maniobra política para acallar las protestas avalada por el
subdelegado, Antonio Coello.
La autoridad pública consideró
que Domitila Vicente debía pagar 100 euros por “alterar la seguridad colectiva
y provocar reacciones en el público e intentar penetrar hasta el interior del
Concello 'del Rosal' en tres ocasiones para provocar la alteración del normal
funcionamiento del citado concello y comportarse de manera agresiva, arengando
a los demás participantes de la manifestación a entrar por la fuerza”. También
le impuso otros 100 euros por los mismos hechos con la variante añadida de
“desobedecer los mandatos de los agentes”.
“Estaba ayudando a un señor a
entrar en el coche, arrastrando por él, cuando viene un guardia civil y me da
un puñetazo en el pecho”, recordó Domitila ante los medios. “Debí denunciarlo,
fui tonta”, lamentó, tras reiterar que necesita ayuda para desplazarse.
“Gracias que me traen, llevo dos años con andador pero por lo visto salté una
valla”, ironizó. “Fue algo totalmente insignificante, aún si hubiese hecho
alguna tontería… Pero solo estábamos fuera, como una familia, tocando la
corneta. Y así nos vienen multando. Todos acusados por el PP”, insistió.
La sanción a la octogenaria forma
parte de la tanda de julio de 2013, que los preferentistas empezaron a recibir
por las protestas diarias del mes previo en la plaza de O Calvario de O Rosal,
frente al Ayuntamiento. Los afectados habían sido expulsados recientemente del
consistorio tras meses de encierro y unas semanas después comenzaron a recibir
multas, también por infracciones de tráfico como tocar la bocina a destiempo o
llevar mal puesto el cinturón de seguridad. En ningún caso los agentes pidieron
la identificación en el momento a los multados, que se encontraron con la
sorpresa semanas después en el buzón de correos.
El de Domitila Vicente era el
primero de los cinco juicios previstos para ayer. Otras tres vistas se referían
a hechos sucedidos en O Rosal, incluido el de Fernando Asensio, también
aquejado de problemas de movilidad, hasta el punto de acudir a las
concentraciones provisto de un taburete. Fernando suele recordar que escapó
joven de la dictadura y no regresó hasta 23 años después, muerto Franco.
“Estamos volviendo atrás”, concluye. Del resto de sancionados, destaca también
una supuesta agresión a un vecino en Tui, ratificada en la vista por un agente
de policía local, pero sin denuncia ni parte de lesiones.
El más acribillado por las multas
es Xulio Vicente, portavoz principal de los afectados de Baixo Miño, que
acumula siete, una de ellas ratificada en el juzgado y tres anuladas en
resoluciones que en general critican la vaguedad de las denuncias iniciales y
la negativa de la Subdelegación a aceptar pruebas durante el procedimiento
administrativo. Así pasó con el historial médico de Domitila, al que no se
prestó atención.
“Esto no es un país, es un circo”,
se queja el portavoz de la agrupación que más beligerante con los gobiernos del
PP se mostró en 2012 y 2013, en el apogeo de las protestas. Vicente entiende
que si las sentencias contra las multas siguen siendo abrumadoramente
favorables a los recurrentes se puede reactivar la investigación que la
fiscalía archivó el pasado otoño al no hallar entonces indicios de
irregularidades en las sanciones.
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