Por Odalys Padrón
Público.es, 11/09/2015.
El 10 de septiembre se celebró el
Día Mundial para la prevención del Suicidio bajo el lema “Prevención del
suicidio: buscar y salvar vidas” promovido por la Asociación Internacional para
la Prevención del Suicidio (IASP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)
con el propósito de despertar conciencias y para contribuir en la reducción de
las elevadas tasas de mortalidad por esta causa.
Según datos facilitados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2013 se quitaron la vida 3.870
personas, 2.911 hombres y 959 mujeres, la cifra más alta de los últimos 25
años. Es la principal causa de muerte no natural en España. Provoca el doble de
defunciones que los accidentes de tráfico, siete veces más que los accidentes
laborales y doce más que los homicidios. Como media, 10 personas se quitan la
vida cada día, lo que convierte al suicidio en un problema prioritario de salud
pública, máxime teniendo en cuenta que muchos suicidios se disfrazan como
accidentes.
La depresión es la mayor puerta
de entrada a la conducta suicida tal como muestras los estudios con metodología
adecuada que señalan que el 50-60% de los pacientes que cometen suicidio tenían
un trastorno depresivo en el momento de la conducta suicida. Las estadísticas
también indican que el 34% de los suicidios se producen ante el acoso bancario
y las amenazas de desahucios.
Según datos facilitados por el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Instituto Nacional de
Estadística (INE) desde el primer trimestre de 2007 hasta el cierre de 2014 la
crisis ha provocado más de 600.000 ejecuciones hipotecarias. Una media de 200 ejecuciones
diarias. Stop Desahucios denunció que los suicidios son asesinatos de los que
“son responsables todas las entidades e instituciones que los han provocado”.
El drama sufrido por una parte
muy significativa de la población es inmenso e inenarrable. Hemos sido
testigos, a través de los medios, de una mujer que se prendió fuego en el
interior de una entidad bancaria en la localidad castellonense de Almassora;
también un hombre se quemó a lo bonzo en Valencia tras perder su empleo; en
Málaga una mujer con discapacidad motora se arrojó a la calle desde el undécimo
piso al verse obligada a dejar su vivienda como consecuencia de un desahucio;
en Jaén un empresario se quita la vida justo antes de que subastaran su casa
por embargos; también en Málaga, tras dejar por escrito su última voluntad
respecto a los cuidados de su madre, una anciana de 96 años e impedida con la
que vivía, se arrojó desde una cuarta planta; en Mallorca un matrimonio se
suicida tras recibir el aviso de que iban a ser desahuciados dejando una carta…
y tantos otros con rostro y con una trágica y exasperante historia.
Consecuencia de la irresponsabilidad y de la frialdad con la que financieros,
políticos y economistas aceptaron y aceptan llevar a cabo una estrategia
conscientemente indecente.
¿Cómo puede un político, un
servidor público, permanecer inalterable frente a estos dramas humanos? Ante la
pasividad política el pueblo recurre a la recogida de firmas para promover una
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra los desahucios para implantar la
dación de la vivienda en pago, establecer un proceso de moratoria de desahucios
e implantar alquileres sociales para que los afectados puedan permanecer en sus
hogares. Se recogieron 1.402.854 firmas y en un primer momento el Partido
Popular intentó obviarlas pero ante el clamor popular tuvo que aceptar que se
debatiera. Posteriormente, el Partido Popular rechazó la dación en pago y la
paralización absoluta de los desahucios. Mientras esto ocurría en España el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminaba que la legislación
española en materia de desahucios vulnera la normativa europea porque no
garantiza a la ciudadanía una protección suficiente frente a las cláusulas
abusivas en materia hipotecaria.
El Gobierno de Mariano Rajoy intenta manipular al electorado aprobando el
Decreto de “Código de buenas prácticas para los bancos” en clara connivencia
con las entidades financieras a los que “invitaba” a aceptar la dación en pago
en caso de que se tratara de familias con todos sus miembros en paro o en
situación comprobada de pobreza. Dado que se trataba de un carácter voluntario
pocas entidades se sumaron a este código mientras la sangría de desahucios
continuaba porque para la banca quedarse con la propiedad y luego venderla, tal
y como ha estado el mercado con la bajada de precios de la vivienda durante la
crisis, supondría pérdidas. Ésta y las posteriores e hipócritas medidas tomadas
por el gobierno del Partido Popular para solucionar los problemas
habitacionales han sido una pantomima.
Tanto la Ley 1/2013 como el
código de buenas prácticas o el Fondo Social de Viviendas (FSV) han dado
resultados irrisorios y paupérrimos. Todo un montaje de cara a la galería pero
sin ninguna voluntad política de resolver el problema. Ahora, próximos a unas elecciones
generales en el Debate sobre el Estado de la Nación, Rajoy ha anunciado un
sistema de “segunda oportunidad” para que los ciudadanos y especialmente las
familias, puedan afrontar sus deudas mediante un sistema de quitas y
aplazamientos. La medida llega tarde y es claramente electoralista.
Con el gobierno del Partido
Popular jugando un tête a tête con la banca privada los afectados recurren a
los Ayuntamientos como último recurso. Algunos municipios se han concienciado
realizando iniciativas contra bancos y desahucios. Desde prohibir a la Policía
Local ejecutar desalojos hasta multas por mantener casas vacías pasando por
subir impuestos por cajeros automáticos. Otros municipios, como Huétor Vega,
gobernado por el Partido Popular y Ciudadanos, no han recibido el apoyo de sus
gobernantes.
Los compañeros de Alternativa
Socialista (AS) en el municipio de Huétor Vega han presentado una moción al
Pleno porque como ellos dicen “un desahucio destroza por completo miles de
familias todos los días siendo a su vez una manera brutal de vulnerar un
derecho, que a su vez tenemos recogido en el art. 47 de la Constitución que
reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada siendo los poderes públicos lo que promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este
derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general
para impedir la especulación”.
El compañero Juan Carlos G.
Frías, Co Primer Secretario de AS en Huétor Vega, con gran tesón y constancia
junto a otros compañeros y activistas de Stop Desahucios Granada han habilitado
una recogida de firmas a través del portal Change.org para declarar a Huétor
Vega libre de desahucios que avalarán su propuesta en el pleno de septiembre.
Tu participación, con tu firma, es importante.
Disponible en:
http://blogs.publico.es/odalys-padron/2015/09/11/desahucios-armas-humeantes
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