Por Roberto R. Ballesteros
El Confidencial,
23/0972015.
El titular del Juzgado número 6
de la Audiencia
Nacional, Eloy Velasco, ha decidido reabrir el caso
Banca Cívica
a petición del Ministerio Fiscal. La causa -que investigaba la desaparición de
la entidad bancaria promovida por Caja Navarra, Caja Canarias y Caja
Burgos, después absorbida por CaixaBank- fue sobreseída
provisionalmente el pasado 5 de agosto por el propio juez, que
entiende ahora que es necesario reabrirla para hacer nuevas diligencias en
torno a Caja Navarra, promotora del proyecto.
Según el fiscal, cuyo criterio
abraza ahora el magistrado, es necesario analizar complejas operaciones
realizadas en esta última caja por parte de los entonces directivos de la
entidad. El representante del Ministerio Público considera necesario
"determinar el carácter instrumental de las operaciones" y
destaca "la nueva información aportada a la causa, entre la que cabe
mencionar la información sobre las tarjetas corporativas que tenían los
querellados", que puede ser clave para averiguar cómo se llegó a la
situación de quiebra.
"Se trata de esclarecer si
la gestión de los denunciados que motivó la asistencia de fondos de terceros
para rescatar la solvencia de la entidad se efectuó en
beneficio de la misma o de sus patrimonios personales o corporativos y en
detrimento de la entidad", valora el fiscal, que añade que "hay que
distinguir entre una gestión adecuada a la situación económica del momento y
una gestión fraudulenta a favor de intereses económicos propios".
El caso Banca Cívica investiga a
los que eran presidentes de las cuatro entidades fusionadas que dieron origen a
la entidad -Antonio Pulido (CajaSol), Enrique Goñi
(Caja Navarra), Álvaro Arvelo (Caja Canarias) y José
María Leal (Caja Burgos)-, a los exsecretarios de estado Rafael
Cortés Elvira y Pedro Pérez Fernández y a otros nueve
consejeros del grupo resultante, entre los que destacan el expresidente de la
Comunidad Foral de Navarra Miguel Sanz. La Fiscalía y las
acusaciones les atribuyen delitos societarios, falsificación, maquinacion para
alterar el precio de las cosas y falsedad en la información económica
financiera.
Esta es la tercera vez que
Velasco abre el caso, después de haber dado carpetazo en falso ya en dos
ocasiones. Además de la mencionada del pasado 5 de agosto, el juez decidió
archivarlo por primera vez en junio de 2014, pero la Sala de lo Penal le ordenó
reabrirlo. Esta es por lo tanto la tercera vez que se activa la instrucción
después de la citada decisión de la sala y del inicio de la instrucción,
en marzo de 2013, tras denuncias de UPyD y la asociación Kontuz.
En el último archivo, el del
pasado 5 de agosto, Velasco argumentó que un informe del Banco de España
descartaba la comisión de irregularidades en todas las operaciones denunciadas
salvo en dos. "La constitución de Banca Cívica fue una operación
fundamentalmente sólida y su proyecto de integración consistente y
razonablemente viable, y sus equipos directivos tenían capacidad satisfactoria
y experiencia en el sector", afirmó el magistrado, que ahora reabre la
causa dando por buenos los argumentos de la Fiscalía.
El Ministerio Público, en
concreto, aseguró en su recurso que el informe "no había sido ratificado
por la autoridad judicial ni se pronuncia sobre la totalidad de las cuestiones
planteadas en el auto del Juzgado Central 6 que admitió a trámite las
denuncias" de UPyD y Kontuz. Además, continuó la Fiscalía, se trata de un
documento "complejo" que requiere ser sometido a "contradicción
entre las partes", por lo que no puede ser archivado de forma tan
"prematura".
La Fiscalía también argumentó que
"están pendientes de practicarse diligencias acordadas por el instructor,
como el análisis de las consecuencias patrimoniales de Caja Navarra".
"Se trata de esclarecer si estas operaciones produjeron un
quebranto económico en la entidad que obligó a su saneamiento con
fondos del FROB, generaron beneficios económicos en los denunciados y en
detrimento de las entidades, detrimento que puede ser de magnitud tal que
afectara a su solvencia". El FROB ingresó 977 millones de euros para
ayudar a sacar adelante la entidad. Todos ellos fueron devueltos posteriormente
por CaixaBank.
Según el Ministerio Público,
podría haber habido un "falseamiento de la contabilidad de la Caja
de Navarra", que se traduciría en una contabilidad confeccionada
ad hoc que incluiría plusvalías inmobiliarias que habrían provocado que
empresas del grupo que en 2007 valían 772 millones de euros pasaran a ser
valoradas al año siguiente en 1.330 millones.
El juez Velasco aprovecha el auto
de reapertura de la causa para citar a declarar a los dos peritos del Banco de
España que elaboraron el mencionado informe con el fin de que ratifiquen su
trabajo y para remitir un oficio a la Unidad de Delitos Económicos y
Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional para que los agentes presenten
un informe que se les solicitó el pasado diciembre y que aún no han enviado al
juzgado.
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