Por Jesús Sérvulo González
El País, 28/09/2015.
El Gobierno planea un nuevo
tributo para la banca. El PP prepara una enmienda a los Presupuestos de 2016,
que actualmente se tramitan en el Senado, para que las entidades financieras
paguen un tributo por los avales del Estado sobre los activos
fiscales diferidos (DTA). Con esta enmienda, el Ejecutivo espera
esquivar la
investigación que Bruselas tiene abierta sobre estas ayudas, que
permiten a los bancos cumplir los requisitos de capital.
El Ejecutivo popular prevé
registrar este lunes una enmienda en el Senado por el que cambiará el
tratamiento fiscal de los activos fiscales diferidos (DTA) en el impuesto de
sociedades, según fuentes gubernamentales. El cambio busca que las entidades
financieras paguen por los avales que el Estado concede a los DTA, unos
derechos que permiten a las empresas reducir su factura tributaria en el
futuro.
Estas garantías estatales
permiten a los bancos computar los activos fiscales como capital de máxima
calidad y cumplir los requisitos de capitalización. La práctica, que también
siguieron Grecia, Italia y Portugal, está siendo investigada por Bruselas para
determinar si constituyen ayudas públicas ilegales.
El Gobierno prorrogará hasta 2016
la posibilidad de que las entidades locales saneadas —que registren superávit
este año— puedan "financiar inversiones financieramente sostenibles"
en lugar de destinar el remanente a reducir su deuda, como marca la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Aunque la citada norma impide a
los Consistorios destinar el superávit a inversiones, el Gobierno había
permitido las inversiones sostenibles durante 2014 y 2015. Ahora, una enmienda
del PP a los Presupuestos permitirá la ampliación del plazo hasta 2016.
"Como quiera que la coyuntura económica se prevé más favorable en 2016 y
que al cierre de 2015, las entidades locales presentarán superávit se considera
conveniente prorrogar la medida".
En realidad, la enmienda va
dirigida precisamente a despejar las dudas de la Comisión Europea ya que al
tener que pagar los bancos por los avales estatales ya no podrán ser
consideradas ayudas públicas ilegales, a juicio del Gobierno.
Estos activos son beneficios
fiscales que las entidades financieras pueden recuperar en los próximos años.
Entre los casos más típicos de DTA están las pérdidas registradas en años
anteriores, que, a efectos fiscales, permite reducir los impuestos que se pagan
por los beneficios logrados en ejercicios futuros. También se incluyen las
provisiones, que no son deducibles fiscalmente hasta que se materializa la
pérdida. Y por último, los planes de pensiones que los bancos constituyeron
para sus empleados, que hasta que no se paguen no se pueden considerar gasto
fiscal.
El Estado
decidió garantizar los activos fiscales diferidos a finales de 2013,
en plena crisis financiera, para que los bancos pudieran monetizarlos y
convertir hasta 40.000 millones de euros en capital para cumplir con los
requisitos financieros de Bruselas.
Aunque ahora los bancos tendrán
que pagar por estos avales, aún está por ver cuál será la cuantía de la tasa
que abonarán y cómo afecta a su tratamiento en el impuesto de sociedades.
Otra de las enmiendas que el PP
presentará a la Ley de Presupuestos en el Senado establece un régimen
transitorio para que los agricultores puedan adaptarse a los cambios en el
régimen de módulos que introduce la reforma fiscal.
El Gobierno redujo los límites
para acogerse a este régimen simplificado de tributación del IRPF. Así, los
agricultores que ganen más de 200.000 euros quedarán excluidos de este sistema.
Asimismo, los que tengan unos rendimientos íntegros de más de 75.000 euros
tampoco podrán acogerse al mismo. Pero con la enmienda, el Ejecutivo suaviza
estos límites al elevarlos a 250.000 euros y 125.000 euros respectivamente. De
esta forma, más agricultores podrán beneficiarse del sistema de módulos.
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