Por Inés Abril
Expansión,
17/06/2016.
La estrategia postcrisis financiera mundial para que la
banca pueda salvarse a sí misma en la próxima tormenta sin salpicar a la
ciudadanía se ha diseñado en forma de cadena en la que cada eslabón es clave.
Los primeros protagonistas son los reguladores, que están
obligando a los bancos a acumular un nuevo tipo de deuda anticrisis para que
forme un escudo protector que pueda ser utilizado en caso de turbulencias. Para
que este colchón sirva para su propósito, la banca debe vender los instrumentos
que lo componen en el mercado a terceros (fondos de inversión, inversores
institucionales o clientes), que acepten tenerlos en cartera. Estos
compradores, por último, son los que asumirán el riesgo de quiebra o tropiezo
de una entidad, de forma que sus inversiones permitan que el banco en problemas
se recapitalice con el dinero que ellos pierden.
Sobre el papel, el peligro global se reduce al crear un
sistema de protecciones y se diluye al compartirlo con inversores que aceptan
voluntariamente participar en el juego.
El problema es que vender miles de millones de euros en esa
deuda anticrisis con alto riesgo sin que el precio se dispare es complicado y
algunos reguladores han comenzado a poner el foco en las posibles malas
prácticas a las que puedan recurrir los bancos para conseguir el objetivo
regulatorio.
Así lo ha hecho la Autoridad Europea de Valores y Mercados
(ESMA, por sus siglas en inglés), que ha emitido un dictamen clarificando la
forma en la que los bancos deben proceder con la venta de deuda que pueda
absorber pérdidas y, por lo tanto, penalizar a sus compradores.
Podría pensarse que la ESMA se está poniendo la venda antes
de la herida, pero el organismo ya ha detectado actitudes cuestionables en la
banca.
«El análisis de algunas quejas de los inversores ha
demostrado que, en algunos casos, los inversores han sido contactados
proactivamente por instituciones financieras y se les ha dado la impresión
equivocada de que el producto recomendado era tan seguro como un depósito o que
estaba respaldado por un fondo de garantía de depósitos, algo que no es
cierto», señala la institución.
Preocupación
creciente
Lo que teme la ESMA es que estas actitudes vayan a más dado
el volumen de deuda anticrisis que queda por emitir. «Es previsible que las
instituciones financieras emitan una cantidad significativa de instrumentos
sujetos al régimen de resolución para asegurarse de que cumplen la normativa»,
avisa.
La preocupación del supervisor europeo es que la deuda
afectada por la nueva regulación de resolución de entidades financieras no se
reduce solo a los conocidos como CoCos (bonos contingentes convertibles). La
ESMA ya dijo que, dado el riesgo y la complejidad de esos bonos, lo mejor sería
reservarlos para inversores institucionales. Pero eso es solo una parte. El
nuevo régimen de resolución ha extendido la capacidad de absorber pérdidas a
otros muchos instrumentos, incluidos los bonos simples que muchos bancos (los
españoles entre ellos) venden en las sucursales y que no tienen esa misma aura
de riesgo que acompaña a los CoCos pese a que su destino puede terminar siendo
idéntico.
La recomendación de la ESMA es tajante: «Los inversores
deben recibir información justa, clara y no engañosa sobre las características
y los riesgos relacionados con los instrumentos financieros sujetos al régimen
de resolución». Al fin y al cabo, en teoría los bancos deben actuar «en el
interés de sus clientes» y para ello deben asegurarse de que ninguno de los
peligros que asumen se «subestima». Por si las entidades no saben cómo hacerlo,
la ESMA les dice que pueden empezar por utilizar un lenguaje «sencillo y
comprensible», que evite la jerga financiera y que explique la situación de
forma objetiva.
El supervisor está convencido de que los inversores,
especialmente los particulares, «no son conscientes de los riesgos que pueden
afrontar cuando compran estos instrumentos». La ESMA recuerda que el escenario
final si vienen mal dadas es la pérdida total o parcial de la inversión y que
eso afectará tanto a compras realizadas de forma directa como a través de
fondos de inversión.
Y si no se ha hecho así en el pasado, la ESMA insta a los
bancos a volver sobre sus pasos, buscar a los inversores que compraron esa
deuda sin el conveniente aviso y explicarles claramente a lo que se exponen.
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