Por Ana I. Bernal
Triviño
Público.es, 22/06/2016.
Casi todo parecía un cuento feliz hasta el estallido de la
burbuja inmobiliaria. Las páginas de la historia empezaron a llenarse de altas
cifras de desempleo, recortes públicos y subidas de impuestos. Y, para muchos,
la angustia de no poder pagar la vivienda. Los desahucios aumentaron. Los
bancos no querían perder dinero. Y, en esas, los únicos que perdieron fueron
los ciudadanos expulsados de sus casas o engañados por los productos tóxicos de
la banca. Los primeros suicidios de afectados crearon una mayor presión social
y el Gobierno del PP respondió con una tímida respuesta en 2012: un código
voluntario de buenas prácticas para los bancos y el Fondo Social de Viviendas
(FSV).
Meses después, en plena Eurocopa de 2012, el ministro de
Economía, Luis de Guindos, añadía un nuevo capítulo. Anunciaba que España había
conseguido un “préstamo en condiciones muy ventajosas” por parte del Eurogrupo.
Un rescate que el Gobierno, bajo ese concepto, siempre ha negado, y que a cada
español le costó unos 850 euros. 100.000 millones de euros para recapitalizar
el sistema financiero español, del que sólo empleó 41.300 euros.
Cuatro años después, tras varias reformas bancarias, el
sistema financiero ha salido a flote. No ha ocurrido lo mismo con parte de la
sociedad que, como puede, se enfrenta aún a los desahucios o denuncia los
fraudes de los productos tóxicos. Tampoco existe una política pública de
vivienda que respete los derechos humanos. Una historia con un final feliz para
el sistema financiero y agridulce para el resto de la sociedad: la banca
rescatada se ha reestructurado, sigue teniendo beneficios… y el Gobierno da por
perdido el rescate.
Los desahucios
continúan
La andadura de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
(PAH) ya comenzó hace siete años. Las medidas de austeridad terminaron de
asfixiar a muchas familias y sus viviendas. Como ayuda, sólo encontraron a esta
plataforma. En estos cuatro años de Gobierno, el Partido Popular no ha
respondido a sus peticiones. Desde 2009, ya se acumulan casi medio millón de
desahucios y 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas, según la PAH. Incluso
se alcanzaron los 184 desahucios al día, en 2013. Ellos siguen con su meta:
parar desahucios, recuperar viviendas vacías, conseguir la dación en pago y
crear cambios legislativos.
“Hemos hecho una ILP estatal con un millón y medio de
firmas, pero la mayoría absoluta del PP bloqueó una solución. Y a partir de ahí
empezamos a hacer ILP autonómicas”, manifiesta Carlos Macías, portavoz de la
PAH Barcelona. De ellas, la ILP aprobada en Catalunya fue suspendida por el PP.
“Han hecho medidas para que la banca limpie su imagen pero no ha servido para
solucionar el problema. Un Gobierno está para hacer leyes y gobernar, no para
hacer un código de buenas prácticas para que se acoja un banco de forma
voluntaria”, manifiesta Macías. De hecho, la banca sólo resuelve la mitad de las
peticiones de las familias.
Macías recuerda el impacto psicológico de los desahucios, el
sentimiento de vergüenza, culpa, o fracaso y el impacto en la infancia. “Por
las asambleas, sabemos de familias que alargan la leche de sus hijos con agua
para tener dinero con el que pagar al banco”, confiesa el portavoz. Ante la
débil política de vivienda estatal, este colectivo sigue con su petición de las
5 de la PAH, “políticas de sentido común y de dejar de servir a la banca”.
Poca vivienda
pública...y fondos buitre
Con más recortes, más desempleo y más vulnerabilidad, la
tendencia es una mayor solicitud de vivienda social. Pero el Gobierno no ha respondido
así. “La vivienda siempre se ha tratado como un bien de inversión, y no se ha
legislado como un derecho humano, está invisible en la legislación”, explica
Marta Mendiola, de Amnistía Internacional. Es un mal que viene de antes de la
crisis, pero ésta aumenta la demanda.
El resultado ha sido insuficiente, donde España incluso
incumple tratados internacionales: “Desde el 2008 hasta 2015, se reduce en más
de un 50% la inversión en vivienda social. En el marco europeo representamos
sólo el 1,1%. Muy lejos de estados como Holanda con un 32%; o Austria, con un
23%. Tenemos más de 3 millones de viviendas vacías, que son casi el 30% de
todas las en Europa, y ningún gobierno ha intensificado su uso”, detalla.
En este proceso aparecieron los llamados fondos buitre. El
IVIMA (Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid) “vendió casi 3000
viviendas públicas a un fondo de inversión bajo la excusa de que era necesario
para conseguir el equilibrio presupuestario. Era otro argumento económico para
un derecho humano, y las familias lo padecieron”, explica esta responsable.
Que la vivienda no es considerada como un derecho humano se
observa en las medidas aplicadas y en otros detalles. Por ejemplo, en las
estadísticas del Gobierno, donde no se contabilizan las personas implicadas en
el desahucio (número, edad, sexo…). De hecho, en los datos del Consejo General
del Poder Judicial no se registran desahucios, sino lanzamientos practicados
desde 2013 sin distinguir el inmueble. Sin saber quiénes son los afectados reales
“es muy difícil adoptar medidas y diseñar políticas de vivienda pública”,
determina.
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