Por Lucía Abellán
El País,
27/04/2017.
Europa da un nuevo varapalo a España por la opacidad en las
normas hipotecarias. La Comisión Europea ha enviado este jueves a España ante
el Tribunal de Justicia de la UE por no aplicar a tiempo las reglas europeas
que refuerzan la protección del consumidor al suscribir una hipoteca. Es el
último paso de un procedimiento que llega muy tarde respecto a los
acontecimientos: el tribunal europeo ya ha dado la razón a los consumidores en
las demandas concretas que se le han presentado sobre abusos bancarios. Pese a
todo, un año después de que venciera el plazo para aplicar los cambios, España
“aún no ha cumplido la obligación” de trasladar la directiva europea a sus
leyes, según explica el Ejecutivo comunitario.
Junto a España, Bruselas también ha remitido al tribunal a
los Gobiernos de Croacia, Chipre y Portugal por el mismo motivo.
Bruselas enmienda la plana a España en un asunto tan
sensible como la protección del consumidor ante la banca, un sector que ha
requerido un rescate financiero por parte de Europa. Y lo hace después de haber
dado un holgado margen a España para que cumpliese sus obligaciones. Pero casi
dos años después de la apertura del procedimiento formal, las autoridades
españolas “no han notificado ni el borrador de medidas, ni un calendario claro
ni la legislación”, explica una portavoz de la Comisión. Ahora será el tribunal
el que valore los incumplimientos de España (aunque si el Gobierno aprueba la
norma requerida mientras el tribunal analiza el expediente, es posible que se
retire o se salde sin reprimendas).
El Gobierno español alega que está preparando un texto que
espera que esté listo para cuando se produzca la sentencia. “Con este objetivo
estamos trabajando para alcanzar el consenso necesario que permita superar el
trámite Parlamentario, cuestión que no solo depende del Gobierno. Hay que tener
en cuenta también que durante todo 2016 no se pudo avanzar en la trasposición
de la normativa europea, al encontrarse el Gobierno en funciones”, señalan
fuentes del Ministerio de Economía.
Tanto la Comisión como el tribunal han objetado en varias
ocasiones aspectos que dañan la protección al consumidor al suscribir
hipotecas. Las cláusulas suelo, los desahucios y la opacidad en la información
suministrada al cliente constituían los principales elementos en disputa. En
este caso particular, Bruselas incide en la información clara que debe
trasladarse al ciudadano antes de que suscriba un crédito, garantizada por la
directiva sobre créditos hipotecarios de 2014. Ahora acaba la fase de
negociación política y comienza la judicial.
Falta de protección
La decisión revela la falta de reflejos del Ejecutivo
comunitario en un asunto con gran incidencia para los consumidores. Bruselas
aún tiene pendiente decidir si lleva o no a España al tribunal por otro caso
más grave: el incumplimiento de las normas que protegen al consumidor, que en
este caso datan de 1993 y sobre el que la Comisión envió ya un ultimátum hace
un año. Mientras tanto, la justicia europea actúa; hace cuatro meses, el
organismo con sede en Luxemburgo obligó a la banca a devolver todo lo cobrado
de más con las cláusulas suelo (las que fijan un interés mínimo que no
desciende aunque lo hagan los tipos oficiales de referencia), incluso con
carácter retroactivo. Aunque fuentes comunitarias matizan que el paso legal de
hoy no está formalmente ligado a la decisión del tribunal sobre cláusulas
suelo, la objeción de fondo es la misma: la legislación española no protege
suficientemente al consumidor.
“La no aplicación de la directiva significa que los
consumidores no pueden disfrutar de la protección cuando suscriben sus
préstamos hipotecarios o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos”,
cita como ejemplo el comunicado del Ejecutivo comunitario. Con el formulario
estándar que prevé la directiva para informar a los clientes sobre las condiciones
del producto financiero que contratan, España podría haber incluido como
obligatoria la notificación de esas cláusulas suelo y haber evitado abusos.
Aunque para el momento en que se aprobó la directiva, 2014, la mayor parte de
esas hipotecas con cláusulas dudosas se habían suscrito ya.
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