Diario El
País, 28/4/2013.
Una parte significativa del
Gobierno, al frente de la cual se halla el ministro de Economía Luis de
Guindos, quiere utilizar los bancos nacionalizados por la crisis (Bankia,
Catalunya Banc, Novagalicia Banco) como instrumento de su política económica.
No en vano entre ellos alcanzan alrededor de un 15% de la cuota de mercado del
sistema financiero español. Sustancialmente, en dos terrenos: que abanderen la
recuperación del crédito a las empresas y familias, y que al desprenderse de
sus participaciones industriales (sobre todo Bankia en IAG, Indra o Iberdrola)
no den cabida en las mismas a socios indeseables, tipo fondos buitres.
Para ello, la banca nacionalizada
habrá de convertirse en banca pública al menos mientras no se inicie un proceso
de privatización de la misma, si es que se hace (de lo que dudan pocos, al
menos mientras gobierne el PP). Una banca pública compuesta por entidades
distintas, sin holding ni fusiones, con consejeros delegados
distintos, limpia de productos basura (traspasados al banco malo),
recapitalizadas con 40.000 millones de euros procedentes de Bruselas, y con
buenos equipos de gestión (muchos destacan la presencia de José Ignacio
Goirigolzarri). Por tanto, nuestras autoridades habrán de explicar con
profundidad, luz y taquígrafos, en qué consistirá esa coordinación de la que
hablan.
Si la misma es efectiva, no será
bien recibida por el resto del sector financiero privado, que en estos momentos
no pasa por un romance con el Gobierno Rajoy. Lo dijo hace unos días el
presidente de la patronal bancaria, Miguel Martín: “La parte sana del sector
está pagando lo que no puede poner el Estado [seguramente se refería a las
derramas al Fondo de Garantía de Depósitos para dar liquidez a las preferentes,
a las ayudas al banco malo...]. Si se necesita que haya crédito habrá que
cuidar a la parte sana porque es quien puede atender a la economía”.
Tampoco parecía estar muy de
acuerdo con la banca pública el subgobernador del Banco de España, Fernando
Restoy, quien en un artículo teórico titulado “La intervención estatal en el
sector bancario”, dentro de un libro homenaje al economista Julio Segura (Ensayos
sobre economía y política económica. Antoni Bosch editor) —escrito
bastante antes de que el Gobierno se pronunciase sobre este asunto— dijo en
esencia que la propiedad pública no resulta, en general, un mecanismo eficaz
para corregir las imperfecciones del mercado de servicios bancarios y, con
frecuencia, tiende a acentuarlas.
Después de una nacionalización
por necesidad, en una especie de socialización de pérdidas, el Gobierno se ha
encontrado con un grupo de entidades bancarias que, en el extremo, podría ser
una especie de germen de la antigua Argentaria. Habrá que estar atentos a su
hipotética privatización (¿en este caso también se comería el pez pequeño al
grande, como antaño?) y a la extraordinaria concentración del sector
resultante, muy parecido a un oligopolio.
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