Diario El País,
15/10/2013.
El juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz ha imputado este martes a siete miembros de la Comisión Ejecutiva de
la desaparecida
Caja Castilla La Mancha (CCM) que, según la Fiscalía, aprobaron
"una serie de operaciones singulares" que habrían derivado en
perjuicio patrimonial para la entidad. El Banco de España ha cifrado en uno de
sus informes periciales el agujero patrimonial de la caja en 267 millones de
euros.
En un auto notificado este
martes, el magistrado cita a los imputados para tomarles declaración los
próximos días 20 y 21 de noviembre, ofrece al actual Banco de Castilla La
Mancha personarse como perjudicado y requiere a los peritos para que
"confirmen, amplíen o, en su caso, modifiquen" las conclusiones
alcanzadas en un informe fechado en septiembre de 2012.
En la causa, en la que se
investigan una veintena de préstamos y operaciones crediticias presuntamente
irregulares llevadas a cabo por la Caja, ya se
encuentra imputado el expresidente de CCM Juan Pedro Hernández
Moltó, por delitos de administración desleal, estafa y falsedad contable.
Los imputados ahora son los
vocales de la citada comisión Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás
Martín-Peñato Alonso, Florencio Hernández Gutiérrez, José María Fresneda
Fresneda, Emilio Sanz Sánchez y Carlos Jiménez Morante y el secretario de la
misma, José Fernando Sánchez Bódalo. Según la Fiscalía, la aprobación por parte
de la Comisión Ejecutiva de la caja de las citadas "operaciones
singulares" podría constituir un delito societario de administración
desleal.
Decisiones colegiadas
El juez argumenta que todos ellos
también participaron "en la toma de decisiones colegiadas sobre las
distintas operaciones económicas analizadas que habrían derivado en el ulterior
perjuicio patrimonial para la entidad por ellos administrada".
En un auto dictado por el titular
del Juzgado Central de Instrucción número 5 el pasado mes de enero, el juez
solicitaba información sobre los créditos que la entidad concedió en 2007 y
2008 a las sociedades Luis Portillo-Inmobiliaria Colonial, Naropa-Fermoselle
(Kopan Cartera), T-Solar Global y Renovalia, así como a las empresas del Grupo
Lábaro Whitness Investment Group, Residencial Picón, Sersan Integral y Simcar
Proyectos. Todas ellas, según un informe elaborado por peritos del Banco de
España, podrían ser "contrarias a la normativa bancaria y mercantil",
por lo que su aprobación podría haber causado un "perjuicio" a la entidad
financiera.
La investigación sobre las
supuestas irregularidades en CCM se inició en 2010 a raíz de una querella
presentada por el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo en
representación del PP. La caja castellanomanchega fue la primera entidad
española en ser intervenida después de que en marzo de 2009 el Consejo de
Ministros aprobara una inyección de fondos públicos de 9.000 millones de euros
y, posteriormente, se adjudicó en subasta a Cajastur, hoy integrada en el grupo
Liberbank.
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