Por Andrés
Muñiz
Diario Público.es,
15/10/2013.
Las quejas de los preferentistas
encontraron en el Parlamento europeo el eco que no tienen en el Gobierno de
su país. Tras conocer de primera mano el drama de estos pequeños
inversores, la Comisiòn de Peticiones de la Eurocámara envió una carta el
pasado 17 de julio al ministro de Luis de Guindos reclamando al Ejecutivo
español que se asegurase de que a los afectados les fuese "devuelta la
totalidad de los ahorros".
Para esa fecha, ya habían sido
publicadas las resoluciones del FROB que establecían quitas de hasta el 61% de
las inversiones realizadas por los preferentistas en los principales bancos
nacionalizados --Bankia, NCG Banco, Catalunya Banc y Banco Gallego--. El FROB
es la entidad de derecho público que gestiona los bancos en crisis que han
pasado a ser controlados por el Estado, en cuya comisión gestora se sientan
varios subordinados de De Guindos empezando por el subsecretario del
Ministerio. Lo preside el subgobernador del Banco de España.
La carta del Parlamento Europeo
ha sido difundida por la plataforma 15MpaRato, que ejerce la acusación en el
'caso Bankia' y que tiene interpuesta una querella por la emisión y
comercialización de las preferentes.
Está firmada por la presidenta de
la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, la democristiana italiana Erminia
Mazzoni, quien relata que el 24 de abril de este año, los miembros del citado
órgano tuvieron una reunión con once "afectados por los abusos
cometidos en la venta de instrumentos financieros, especialmente de
participaciones preferentes".
Los reclamantes destacaron que,
como clientes de cajas de ahorros españolas, se les aconsejó invertir en
acciones que creían ser depósitos a plazo fijo, de elevada rentabilidad y bajo
riesgo. También se les dijo que podrían retirar sus activos en cualquier
momento. Sin embargo, tras firmar la compra, se han ido percatando de que les
habían vendido acciones expuetas a mayores riesgos y a las que sólo es posible
acceder mediante su venta.
Los miembros de la Comisión
--añade la carta-- "expresaron su máxima preocupación por la situación de
estos pequeños ahorradores, por el gran número de afectados y por la venta
de instrumentos financieros de riesgo a clientes que no poseían los
conocimientos adecuados para comprender los riesgos implicados".
Por parte de un representante de
la Comisión Europea, se les explicó que, de acuerdo a las directivas sobre
mercados de instrumentos financieros, tenían derecho a una información
"clara, imparcial y no engañosa" de la entidad, especialmente siendo
clientes minoristas.
La misiva se cerraba así: "Los miembros de la
Comisión de Peticiones seguirán esta cuestión con sumo interés, y por este
motivo, visto que compete prioritariamente a las autoridades y los tribunales
nacionales analizar el comportamiento de las distintas entidades a la luz de la
normativa de la Unión, desean conocer a fondo las acciones tomadas por su
Ministerio con el objetivo de solventar la situación de los peticionarios y de
asegurar que les sea devuelta la totalidad de sus ahorros".
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