Conforme se indica en la exposición de motivos que precede al texto articulado del Proyecto de Ley de cajas de ahorro y fundaciones bancarias, la justificación de tal iniciativa legislativa deriva principalmente de las consecuencias que la crisis económica ha tenido sobre las cajas de ahorro y que hace necesario, según el Gobierno, replantear de manera exhaustiva e integral su régimen jurídico. En dicha exposición de motivos se realiza una explicación de lo ocurrido en el sistema financiero del Estado español que culpabiliza a buena parte de las cajas de ahorro de comprometer gravemente la estabilidad financiera en España.
Por ello, obligado resulta analizar si el diagnóstico es el adecuado para concluir si el proyecto remitido podrá cumplir o no con los objetivos que pretende alcanzar. En España el proceso de reestructuración y salvamento del sistema bancario está lejos de terminar. Y no precisamente porque las entidades financieras de nuestro país formaran parte del sistema “más solvente del mundo”, sino más bien porque se optó desde el primer momento por no reconocer el problema. Las actuaciones que los Gobiernos del PSOE y el Partido Popular han llevado a cabo se han caracterizado por minimizar, desde un primer momento, los problemas existentes en las entidades financieras e intentar, en todo caso, circunscribirlos a problemas de liquidez y no de solvencia. Además, la explicación ha pretendido limitar las dificultades financieras a las cajas de ahorro y excluir de las mismas a los bancos.
Con estas premisas, las vías de solución aplicadas no podían hacer otra cosa que establecer procesos de integración para que las entidades más fuertes pudieran solventar las dificultades de las más dañadas, y el establecimiento de medidas muy limitadas y puntuales de recapitalización, siempre con el objetivo de que las entidades apoyadas volvieran rápidamente a manos privadas.
Desde el inicio de la crisis, los sucesivos Gobiernos han articulado un conjunto de medidas legales que han resultado insuficientes para abordar la magnitud de la misma y que pueden provocar gravísimos problemas en el futuro. El sector bancario avanza hacia la conformación de un poderoso oligopolio constituido con ayudas públicas y formado por entidades sistémicas a las que será imposible exigir un comportamiento prudente que no comprometa al propio Estado. Todo el desarrollo legal ha ido acompañado de un fuerte apoyo económico público para evitar el derrumbe de las entidades. Aunque las declaraciones públicas han intentado ocultar el coste para los ciudadanos, las actuaciones de los sucesivos Gobiernos no han sido inocuas para el erario público.
La diversidad de instrumentos utilizados ha sido extensa: desde inyecciones directas de capital a las entidades, a elevar el aval implícito a los depósitos que los ahorradores tienen en las entidades bancarias a 100.000 euros por titular, pasando por suscripción de participaciones preferentes convertibles, adquisición de activos, avales a emisiones de deudas, seguros que garantizan pérdidas futuras (esquemas de protección de activos) y préstamos del Banco Central Europeo.
Por ello, obligado resulta analizar si el diagnóstico es el adecuado para concluir si el proyecto remitido podrá cumplir o no con los objetivos que pretende alcanzar. En España el proceso de reestructuración y salvamento del sistema bancario está lejos de terminar. Y no precisamente porque las entidades financieras de nuestro país formaran parte del sistema “más solvente del mundo”, sino más bien porque se optó desde el primer momento por no reconocer el problema. Las actuaciones que los Gobiernos del PSOE y el Partido Popular han llevado a cabo se han caracterizado por minimizar, desde un primer momento, los problemas existentes en las entidades financieras e intentar, en todo caso, circunscribirlos a problemas de liquidez y no de solvencia. Además, la explicación ha pretendido limitar las dificultades financieras a las cajas de ahorro y excluir de las mismas a los bancos.
Con estas premisas, las vías de solución aplicadas no podían hacer otra cosa que establecer procesos de integración para que las entidades más fuertes pudieran solventar las dificultades de las más dañadas, y el establecimiento de medidas muy limitadas y puntuales de recapitalización, siempre con el objetivo de que las entidades apoyadas volvieran rápidamente a manos privadas.
Desde el inicio de la crisis, los sucesivos Gobiernos han articulado un conjunto de medidas legales que han resultado insuficientes para abordar la magnitud de la misma y que pueden provocar gravísimos problemas en el futuro. El sector bancario avanza hacia la conformación de un poderoso oligopolio constituido con ayudas públicas y formado por entidades sistémicas a las que será imposible exigir un comportamiento prudente que no comprometa al propio Estado. Todo el desarrollo legal ha ido acompañado de un fuerte apoyo económico público para evitar el derrumbe de las entidades. Aunque las declaraciones públicas han intentado ocultar el coste para los ciudadanos, las actuaciones de los sucesivos Gobiernos no han sido inocuas para el erario público.
La diversidad de instrumentos utilizados ha sido extensa: desde inyecciones directas de capital a las entidades, a elevar el aval implícito a los depósitos que los ahorradores tienen en las entidades bancarias a 100.000 euros por titular, pasando por suscripción de participaciones preferentes convertibles, adquisición de activos, avales a emisiones de deudas, seguros que garantizan pérdidas futuras (esquemas de protección de activos) y préstamos del Banco Central Europeo.
Es preciso resaltar el apoyo adicional fundamental que han recibido las entidades bancarias por parte del Banco Central Europeo, organismo público que ha otorgado financiación ilimitada a los bancos y cajas españoles -que en diciembre de 2012 le adeudaban más de 357.000 millones de euros a un tipo de interés concesional del 1 por ciento. Además, el rescate obtenido a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad incluye a los socios europeos entre los actores que han contribuido a sostener el sector bancario español.
El último elemento utilizado ha sido la creación de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración del sector bancario). Aunque Sareb se presenta como una sociedad “que no forma parte del sector de Administraciones Públicas”, somos conscientes de que no es más que una forma de ocultar una realidad evidente. Para adquirir 50.653 millones de euros de activos tóxicos, el Estado ha aportado más de 52.000 millones de euros entre capital, deuda subordinada y deuda avalada. Sin embargo, el FROB tendrá una participación minoritaria en el capital para evitar que las pérdidas de Sareb computen como déficit público y la deuda sea considerada como pública. Esta sociedad y su operativa ha sido diseñada por el Ministerio de Economía y Competitividad con el auxilio del Banco de España. Cuenta además con una Comisión de Seguimiento que controlará su actuación y que estará formada además de por los anteriormente citados, por el Ministerio de Hacienda y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Simular que no es una empresa pública no es otra cosa que un flagrante fraude de ley. Sin embargo, las declaraciones del Gobierno olvidan las ayudas públicas que para las entidades ha supuesto la adquisición de esos activos irrealizables en el momento actual. Además, el efecto más importante no es el obtenido por las entidades nacionalizadas que han traspasado sus activos a la misma.
Los mayores beneficiarios de la constitución de Sareb son el resto de entidades bancarias privadas a las que se les permite no valorar sus activos inmobiliarios a los mismos precios que a las entidades nacionalizadas, además de permitirles participar en la gestión de la entidad en un evidente y flagrante conflicto de competencia con sus propios intereses que, en ningún caso pasan por la bajada generalizada de los precios de los activos inmobiliarios, lo que mostraría con claridad su situación de insolvencia. Solamente realizando un adecuado diagnóstico de lo ocurrido que conlleve la determinación de las actuaciones social e incluso penalmente denunciables, podrán ponerse las bases para poner en marcha soluciones reales a la quiebra del sistema financiero.
El sistema bancario ha demostrado, no solo en esta última crisis, que la gestión en busca del “máximo interés privado” se acaba convirtiendo en el “máximo desastre social”. Es una evidencia que el sistema bancario es incapaz de cumplir su función sin la inyección de ingentes cantidades de fondos públicos. Salvo en el caso de las honrosas excepciones de las iniciativas de banca ética o de algunas cooperativas de crédito que no han incurrido en actuaciones de idéntica gravedad, el sistema bancario en general carece de capacidad para cumplir la función que la sociedad le asigna.
No es aceptable por lo tanto, la consideración de que el tamaño de las cajas de ahorro, la falta de profesionalización de los órganos de gobierno o la participación en los mismos de las Administraciones Públicas, son los elementos que han causado la actual crisis.
El último elemento utilizado ha sido la creación de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración del sector bancario). Aunque Sareb se presenta como una sociedad “que no forma parte del sector de Administraciones Públicas”, somos conscientes de que no es más que una forma de ocultar una realidad evidente. Para adquirir 50.653 millones de euros de activos tóxicos, el Estado ha aportado más de 52.000 millones de euros entre capital, deuda subordinada y deuda avalada. Sin embargo, el FROB tendrá una participación minoritaria en el capital para evitar que las pérdidas de Sareb computen como déficit público y la deuda sea considerada como pública. Esta sociedad y su operativa ha sido diseñada por el Ministerio de Economía y Competitividad con el auxilio del Banco de España. Cuenta además con una Comisión de Seguimiento que controlará su actuación y que estará formada además de por los anteriormente citados, por el Ministerio de Hacienda y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Simular que no es una empresa pública no es otra cosa que un flagrante fraude de ley. Sin embargo, las declaraciones del Gobierno olvidan las ayudas públicas que para las entidades ha supuesto la adquisición de esos activos irrealizables en el momento actual. Además, el efecto más importante no es el obtenido por las entidades nacionalizadas que han traspasado sus activos a la misma.
Los mayores beneficiarios de la constitución de Sareb son el resto de entidades bancarias privadas a las que se les permite no valorar sus activos inmobiliarios a los mismos precios que a las entidades nacionalizadas, además de permitirles participar en la gestión de la entidad en un evidente y flagrante conflicto de competencia con sus propios intereses que, en ningún caso pasan por la bajada generalizada de los precios de los activos inmobiliarios, lo que mostraría con claridad su situación de insolvencia. Solamente realizando un adecuado diagnóstico de lo ocurrido que conlleve la determinación de las actuaciones social e incluso penalmente denunciables, podrán ponerse las bases para poner en marcha soluciones reales a la quiebra del sistema financiero.
El sistema bancario ha demostrado, no solo en esta última crisis, que la gestión en busca del “máximo interés privado” se acaba convirtiendo en el “máximo desastre social”. Es una evidencia que el sistema bancario es incapaz de cumplir su función sin la inyección de ingentes cantidades de fondos públicos. Salvo en el caso de las honrosas excepciones de las iniciativas de banca ética o de algunas cooperativas de crédito que no han incurrido en actuaciones de idéntica gravedad, el sistema bancario en general carece de capacidad para cumplir la función que la sociedad le asigna.
No es aceptable por lo tanto, la consideración de que el tamaño de las cajas de ahorro, la falta de profesionalización de los órganos de gobierno o la participación en los mismos de las Administraciones Públicas, son los elementos que han causado la actual crisis.
Históricamente, las cajas de ahorro han cumplido una función fundamental, universalizando y posibilitando el acceso de las clases populares a los recursos financieros y facilitando el ahorro popular. Al mismo tiempo, han desarrollado una obra social de considerable magnitud que, aunque criticable en ocasiones, contribuía a la cohesión social y territorial. El balance que la propia exposición de motivos del proyecto de Ley reconoce, es claramente positivo en cuanto a la consecución del acceso al crédito de las clases sociales más empobrecidas y a su sensibilidad hacia las necesidades y peculiaridades propias de los territorios en los que actuaban.
Sin embargo, el proceso de liberalización del régimen jurídico de estas entidades las ha convertido progresivamente en entidades de crédito similares a los bancos. Por ello, cuando se produce la explosión de la burbuja financiera, parece claro que una de las soluciones que podrían salvar a las entidades bancarias privadas era la culpabilización de las cajas de ahorro y su correspondiente demonización. No hay elementos objetivos que puedan apoyar este diagnóstico. Ni las cajas de ahorro tenían más morosidad ni sustancialmente más exposición al sector inmobiliario que los bancos. Las cajas de ahorro estaban en quiebra, exactamente igual que las entidades bancarias; pero si la reducción de un sector financiero absolutamente sobredimensionado se hacía a costa de las cajas de ahorro, quedarían ocultas las actuaciones en el resto de entidades.
El Estado, en nuestro país como en el resto, ha intervenido para paliar el colapso financiero y proteger los ahorros de la ciudadanía pero no lo ha hecho sirviendo a los intereses generales sino a los de las élites económicas que no quieren asumir las consecuencias de la quiebra económica del sector financiero.
La superación de la actual situación requerirá inevitablemente la nacionalización de la práctica totalidad del sector financiero por la conversión de gran parte de las ayudas públicas ya desembolsadas en capital y el radical saneamiento de las pérdidas ocultas en los balances. Pero de nada serviría esa medida si únicamente se plantease de forma temporal porque la gestión y la administración de los ahorros de la sociedad son demasiado sensibles y vitales como para dejarlas en manos privadas. Tampoco puede ser admitida la opción a la que parecemos abocados en el presente: que el Estado sanee las entidades bancarias con fondos que detrae de las partidas presupuestarias destinadas al gasto social para regalárselas a continuación a los mismos que las han llevado a la ruina.
Cobra todo sentido que se reivindique la Banca Pública como instrumento que coadyuve a una salida diferente a la actual crisis. Pero, además, es fundamental para que ejerza la función que el sistema financiero que debería ejercer, esto es, la de canal de comunicación entre el ahorro y la inversión productiva. La banca privada ya ha demostrado sobradamente que, buscando altas tasas de rentabilidad superiores a las que podría proporcionar la inversión en la economía real, ha incurrido en riesgos desmesurados que han causado los perversos efectos que la sociedad está sufriendo. Por ello la Banca Pública no debe ser únicamente un medio legítimo que permita la apropiación de los beneficios por parte de la ciudadanía a través del Estado, sino que debe ser parte de una estrategia más amplia que permita que aquella ejerza el poder económico y democrático.
Sin embargo, el proceso de liberalización del régimen jurídico de estas entidades las ha convertido progresivamente en entidades de crédito similares a los bancos. Por ello, cuando se produce la explosión de la burbuja financiera, parece claro que una de las soluciones que podrían salvar a las entidades bancarias privadas era la culpabilización de las cajas de ahorro y su correspondiente demonización. No hay elementos objetivos que puedan apoyar este diagnóstico. Ni las cajas de ahorro tenían más morosidad ni sustancialmente más exposición al sector inmobiliario que los bancos. Las cajas de ahorro estaban en quiebra, exactamente igual que las entidades bancarias; pero si la reducción de un sector financiero absolutamente sobredimensionado se hacía a costa de las cajas de ahorro, quedarían ocultas las actuaciones en el resto de entidades.
El Estado, en nuestro país como en el resto, ha intervenido para paliar el colapso financiero y proteger los ahorros de la ciudadanía pero no lo ha hecho sirviendo a los intereses generales sino a los de las élites económicas que no quieren asumir las consecuencias de la quiebra económica del sector financiero.
La superación de la actual situación requerirá inevitablemente la nacionalización de la práctica totalidad del sector financiero por la conversión de gran parte de las ayudas públicas ya desembolsadas en capital y el radical saneamiento de las pérdidas ocultas en los balances. Pero de nada serviría esa medida si únicamente se plantease de forma temporal porque la gestión y la administración de los ahorros de la sociedad son demasiado sensibles y vitales como para dejarlas en manos privadas. Tampoco puede ser admitida la opción a la que parecemos abocados en el presente: que el Estado sanee las entidades bancarias con fondos que detrae de las partidas presupuestarias destinadas al gasto social para regalárselas a continuación a los mismos que las han llevado a la ruina.
Cobra todo sentido que se reivindique la Banca Pública como instrumento que coadyuve a una salida diferente a la actual crisis. Pero, además, es fundamental para que ejerza la función que el sistema financiero que debería ejercer, esto es, la de canal de comunicación entre el ahorro y la inversión productiva. La banca privada ya ha demostrado sobradamente que, buscando altas tasas de rentabilidad superiores a las que podría proporcionar la inversión en la economía real, ha incurrido en riesgos desmesurados que han causado los perversos efectos que la sociedad está sufriendo. Por ello la Banca Pública no debe ser únicamente un medio legítimo que permita la apropiación de los beneficios por parte de la ciudadanía a través del Estado, sino que debe ser parte de una estrategia más amplia que permita que aquella ejerza el poder económico y democrático.
Pero los problemas del sector financiero no pueden abordarse por separado de lo que le sucede al conjunto de la economía. Hemos de tener presente que la banca no crea riqueza en sí misma y el proceso de crecimiento basado en el ámbito financiero sin relación con la economía real está condenado a saltar de una burbuja a otra. La riqueza es el producto del trabajo humano, los recursos naturales y los medios de producción.
Dicho en otros términos, si los ciudadanos no tienen trabajos y salarios dignos no pueden devolver ninguna deuda. De hecho, no faltan recursos para que todo el mundo tenga una existencia digna, el problema está en quién los tiene y en beneficio de quién se usan. A partir de una fuerte Banca Pública y ante el evidente fracaso de la “iniciativa privada”, es necesario poner en marcha un plan de desarrollo del sector público en todos los terrenos que permita alcanzar el pleno empleo, unos servicios públicos de una calidad y cuantía suficientes, y empezar a revertir de forma veraz el expolio de los recursos naturales. Es decir poner la economía al servicio de las personas, y no al revés.
Los ejes fundamentales de un texto alternativo que tuviera resultado eficaz ante el problema existente en el área financiera, tendría que tener en cuenta los siguientes hitos:
I. Nacionalización definitiva e irreversible de todas las cajas de ahorros y sus bancos participados, a fin de convertirlos en una banca pública. Su gestión será sometida a un control democrático y vinculada a las políticas sociales y económicas. Sus directivos serán elegidos de forma democrática y con salarios limitados a los que se marque para cualquier trabajador del sector público.
II. Todas las ayudas públicas directas o indirectas que hayan recibido el resto de entidades financieras se transformarán en acciones públicas (los préstamos del BCE también tendrán el carácter de ayudas públicas), con entrada de representantes públicos en los consejos de administración de las mismas, que velarán por el estricto cumplimiento de unas normas de gestión que marquen un límite de endeudamiento máximo para dichas entidades mucho más bajo que el actual, que prohíban la especulación, y establezcan criterios de transparencia, utilidad social y racionalidad en la concesión de créditos. La conversión de las ayudas en capital supondrá la nacionalización del conjunto del sector bancario para constituir una verdadera Banca Pública, controlada democráticamente y con una finalidad social.
III. No se transferirá ni un solo euro público más a ninguna entidad hasta que se complete una auditoría pública y transparente de las cuentas de todas las entidades financieras españolas, que permita establecer un plan de saneamiento efectivo. Dicha auditoría incluirá a las grandes empresas, dado que ellas son las responsables de la mayor parte de la deuda. Su realización correrá a cargo de un organismo público formado por técnicos no vinculados a los órganos directivos de las entidades financieras, bajo supervisión democrática y sus resultados serán públicos y expuestos de forma asequible para todos los ciudadanos. Esta investigación ha de servir para establecer el estado real de los balances de los bancos y grandes empresas, así como quiénes son los acreedores de dichas deudas y quiénes se han beneficiado de la política de sobreendeudamiento practicada durante los años de auge económico.
IV. Hasta que no esté terminada la auditoría se decretará una moratoria en el pago de la deuda pública, la cual también tendrá que ser sometida a una auditoría por el mismo procedimiento y con los mismos criterios que la realizada a las entidades financieras.
V. La nueva banca pública tendrá como objetivo fundamental gestionar de manera prudente los ahorros de la ciudadanía y proporcionar crédito a familias y empresas.
Dicho en otros términos, si los ciudadanos no tienen trabajos y salarios dignos no pueden devolver ninguna deuda. De hecho, no faltan recursos para que todo el mundo tenga una existencia digna, el problema está en quién los tiene y en beneficio de quién se usan. A partir de una fuerte Banca Pública y ante el evidente fracaso de la “iniciativa privada”, es necesario poner en marcha un plan de desarrollo del sector público en todos los terrenos que permita alcanzar el pleno empleo, unos servicios públicos de una calidad y cuantía suficientes, y empezar a revertir de forma veraz el expolio de los recursos naturales. Es decir poner la economía al servicio de las personas, y no al revés.
Los ejes fundamentales de un texto alternativo que tuviera resultado eficaz ante el problema existente en el área financiera, tendría que tener en cuenta los siguientes hitos:
I. Nacionalización definitiva e irreversible de todas las cajas de ahorros y sus bancos participados, a fin de convertirlos en una banca pública. Su gestión será sometida a un control democrático y vinculada a las políticas sociales y económicas. Sus directivos serán elegidos de forma democrática y con salarios limitados a los que se marque para cualquier trabajador del sector público.
II. Todas las ayudas públicas directas o indirectas que hayan recibido el resto de entidades financieras se transformarán en acciones públicas (los préstamos del BCE también tendrán el carácter de ayudas públicas), con entrada de representantes públicos en los consejos de administración de las mismas, que velarán por el estricto cumplimiento de unas normas de gestión que marquen un límite de endeudamiento máximo para dichas entidades mucho más bajo que el actual, que prohíban la especulación, y establezcan criterios de transparencia, utilidad social y racionalidad en la concesión de créditos. La conversión de las ayudas en capital supondrá la nacionalización del conjunto del sector bancario para constituir una verdadera Banca Pública, controlada democráticamente y con una finalidad social.
III. No se transferirá ni un solo euro público más a ninguna entidad hasta que se complete una auditoría pública y transparente de las cuentas de todas las entidades financieras españolas, que permita establecer un plan de saneamiento efectivo. Dicha auditoría incluirá a las grandes empresas, dado que ellas son las responsables de la mayor parte de la deuda. Su realización correrá a cargo de un organismo público formado por técnicos no vinculados a los órganos directivos de las entidades financieras, bajo supervisión democrática y sus resultados serán públicos y expuestos de forma asequible para todos los ciudadanos. Esta investigación ha de servir para establecer el estado real de los balances de los bancos y grandes empresas, así como quiénes son los acreedores de dichas deudas y quiénes se han beneficiado de la política de sobreendeudamiento practicada durante los años de auge económico.
IV. Hasta que no esté terminada la auditoría se decretará una moratoria en el pago de la deuda pública, la cual también tendrá que ser sometida a una auditoría por el mismo procedimiento y con los mismos criterios que la realizada a las entidades financieras.
V. La nueva banca pública tendrá como objetivo fundamental gestionar de manera prudente los ahorros de la ciudadanía y proporcionar crédito a familias y empresas.
Eso implica definir un modelo de gestión distinto al realizado en las cajas de ahorro que tenga en cuenta criterios sociales y de financiación de la economía productiva eficaces. Solo así podrá ponerse en marcha un plan estratégico de salida social a la crisis.
VI. La banca pública se caracterizará por la transparencia en sus políticas y por el rendimiento público y transparente de sus cuentas anuales en un lenguaje asequible para el conjunto de la ciudadanía.
VII. La Obra Social de las antiguas Cajas, cuya utilidad social se acredite, se incorporará mediante un proceso adecuado a los servicios sociales de las diferentes administraciones.
Por todo lo anteriormente citado, consideramos que el proyecto de Ley presentado por el Gobierno no es admisible y refuerza la postura que sostenemos de enmendar la totalidad del proyecto y de pedir, consecuentemente, su devolución al Gobierno.
VI. La banca pública se caracterizará por la transparencia en sus políticas y por el rendimiento público y transparente de sus cuentas anuales en un lenguaje asequible para el conjunto de la ciudadanía.
VII. La Obra Social de las antiguas Cajas, cuya utilidad social se acredite, se incorporará mediante un proceso adecuado a los servicios sociales de las diferentes administraciones.
Por todo lo anteriormente citado, consideramos que el proyecto de Ley presentado por el Gobierno no es admisible y refuerza la postura que sostenemos de enmendar la totalidad del proyecto y de pedir, consecuentemente, su devolución al Gobierno.
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