Por Maria Cappa
Diario La Marea,
10/10/2013.
Se entiende por deuda ilegítima
toda aquella que vulnera los derechos humanos, sociales, económicos, culturales
y medioambientales. Es decir, aquella que presenta un carácter injusto. Esta,
según ha aseverado esta mañana en una rueda de prensa la Plataforma por la
Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), es la esencia de los rescates a
la Banca en España. Tal y como han explicado, “la ilegitimidad de las
ayudas proporcionadas a la banca emana de los propios mecanismos que originaron
el sobreendeudamiento de las entidades financieras y, por ende, la aparente
necesidad de que fueran rescatadas con dinero público”.
Desde la PACD han denunciado que
Luis de Guindos pretende que la ciudadanía crea que únicamente las
medidas de capitalización basadas en inyecciones de capital o el esquema de
protección de activos son las únicas que existen, que ascienden a unos
61.000 millones de euros. Sin embargo, han explicado que hay otras realidades
que no quieren contar y que están íntimamente ligadas con el rescate, como por
ejemplo que “por cada euro que se ha reconocido como perdido hay un riesgo
potencial cuarenta veces superior”.
En el informe que documenta y
argumenta que este rescate es ilegítimo, cifran en 1.427.355 millones
de euros la cantidad total de las ayudas públicas recibidas por las entidades
financieras en España. “Para que nos demos cuenta de la magnitud de
este importe, pensemos en que con esta cantidad se podrían abonar las pensiones
durante algo más de 11 años”.
Sin embargo, desde la PACD han
querido dejar claro que esta suma de dinero “no recoge todas las ayudas
públicas de las que las entidades bancarias se benefician” ya que “uno de los
elementos que más lucra a los bancos es su actuación como prestamistas del
Estado”.
Los ciudadanos responden
por los avales
Además, este informe constata que
dichas ayudas públicas, que se presentaron como imprescindibles, han sido
inútiles ya que “únicamente el 6% de ellas se han destinado a la
recapitalización”. A la ineficacia del rescate, que no ha contribuido
a solucionar la situación del sistema bancario, hay que sumarle lo perjudicial
que ha sido para la Administración Pública. Y es que, según los datos
facilitados por el Banco Central Europeo, existe una “clara relación entre las
ayudas a la banca y el proceso de crecimiento de la deuda pública”.
Al impacto indirecto causado por
el transvase de dinero público hacia la banca privada es necesario añadirle “el
efecto oculto que supone que el aval implícito que el Estado otorga a los
depósitos bancarios de hasta 100.000 euros por titular”. Es decir, que “somos
todos los ciudadanos españoles los que respondemos por ese aval”.
Esto supone que, además del riesgo soportado por el Estado, hay más de 800.000
millones de euros en avales que no se contabilizan como deuda púbica ni figuran
estadísticamente como riesgo indirecto pero que repercuten directamente sobre
las arcas públicas.
Otra de las denuncias que
contiene el informe de la PACD es que “nos han intentado convencer de
que el importe del rescate lo pagarán las entidades que hayan recibido las
ayudas. Esto es absolutamente falso”. Según han afirmado, esta es una
ayuda pública a nivel europeo que, finalmente, tendrán que pagar los ciudadanos
españoles y, en caso de que no puedan, “los ciudadanos europeos a
escote. O sea que nosotros como españoles o nosotros como europeos, seremos
quienes abonaremos estas ayudas en cualquier caso”.
Consecuencias sobre los
derechos sociales, ambientales y de género
Una de las prioridades de España,
junto con la rebaja del déficit, es la reducción de la deuda pública
que, en gran medida, ha aumentado por culpa de los rescates bancarios. Estos
dos objetivos primordiales han sido la justificación esgrimida desde el
Gobierno para implantar las llamadas medidas de austeridad. Y la consecuencia
de los recortes que se desprenden de estas medidas de ajuste ha sido un empeoramiento
en la calidad de vida de los españoles.
Según han explicado desde la PACD
“los recortes en educación, sanidad, servicios sociales y dependencia
alcanzaron cifras en torno al 1,5% el PIB en 2010, aunque el grueso de
los recortes tuvieron lugar el año pasado”. Y las principales afectadas
de estos recortes en servicios sociales están siendo las mujeres. En
primer lugar, el hecho de que las familias asuman los cuidados que hasta hace
poco estaban cubiertos por el Estado implica que sean las mujeres las que dejen
sus trabajos para sumir esta responsabilidad.
La población femenina también ha
sido la que ha soportado en mayor medida el impacto de los recortes. Esto
significa que ha aumentado la tasa de desempleo entre las mujeres así como su precariedad
laboral. A estas consecuencias hay que sumarles que, entre otras
partidas, los recortes hayan afectado a asuntos tan relevantes como las
políticas de desigualdad o la lucha contra la violencia de género.
Ecuador, como ejemplo
Por todos estos motivos, la PACD
ha propuesto que se elabore una auditoría ciudadana de la deuda. Es el conjunto
de la ciudadanía la que tiene que responsabilizarse de ello para lo que se
requiere ineludiblemente que la Administración Pública tenga un nivel
de transparencia que actualmente no existe. “El modelo sería similar a
lo que ocurrió en Ecuador, donde hubo una auditoría ciudadana
de la deuda por un lado y una auditoría institucional por otro”.
“Lo que tenemos claro ya es que
una gran parte del rescate que han recibido los bancos no se va a pagar”. El
siguiente paso, por tanto, consiste en señalar quiénes serán los encargados de
abonarla. “Y desde luego que no somos los ciudadanos los que debemos cargar con
el pago de una deuda que no hemos adquirido nosotros”. Para ello, la auditoría
ciudadana debe esclarecer qué parte concreta de la deuda generada por los
rescates bancarios es ilegítima, “que debería ser el 100%”. Una vez se hubiera
concretado, “exigimos no pagar la deuda ilegítima que se derive de las ayudas
públicas”.
Finalmente, consideran que hay
dos opciones. Por un lado, que los bancos rescatados dejen de ser privados y pasen
a ser entidades financieras públicas. Por otro, en el caso de que el
impago de la deuda derive en quitas como ya sucedió en Grecia, “que sean los
accionistas, los directivos y todos aquellos que se han beneficiado con el
rescate los que carguen con ella. Y si tienen que perderlo todo, que lo
pierdan. Lo que está claro es que los ciudadanos no somos los que
tenemos que hacernos cargo“.
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