Por Íñigo de Barrón
Diario El País,
19/10/2013.
Desde sus flamantes despachos de
Bruselas o Fráncfort, los ejecutivos de la troika (el FMI, la Comisión Europea
y el BCE), exigieron hace más de un año el cierre de las oficinas menos
productivas de las antiguas cajas de ahorros con ayudas públicas. El objetivo
era recuperar la rentabilidad perdida de esas entidades y que la competencia se
quedara con el negocio que perdían. Lejos del papel, la realidad ha sido que
parte de ese recorte en las redes comerciales lo han pagado los pueblos más
pequeños y los barrios marginales de las ciudades, que se están quedando fuera
del circuito bancario.
Economistas y sindicatos, como
UGT, han alertado de esta situación porque creen que este movimiento produce
exclusión financiera, la antesala de la exclusión social. Y no solo está
sucediendo en España. En Europa, la resaca de la burbuja y de la crisis
financiera, también provoca secuelas. Según un reciente estudio de MasterCard,
“millones de europeos están siendo excluidos del sistema bancario. En contra de
lo que se piensa, la mayoría son personas originarias del país”. El retrato
robot del ciudadano que ha quedado fuera es una persona de más de 40 años,
mujer, en paro prolongado o con serias dificultades económicas, así como
ancianos, según MasterCard.
Los datos en España son
reveladores. Entre 2011 y 2012, se calcula que 60.000 personas que viven en
pequeñas localidades han visto como se cerraba la única oficina bancaria que
había. Hasta el año pasado, según un estudio de UGT basado en el Anuario Económico
de España de La Caixa, 226.340 personas viven en los 133 pueblos (de más de
1.000 habitantes) que no tienen oficina bancaria. “Si se sumaran las personas
que viven en localidades de menos de 1.000 habitantes, de las que no hay datos,
la cifra sería mayor”, apunta José Miguel Villa, secretario general de banca de
UGT. “El 4,1% de los municipios de más de 1.000 habitantes no tienen sucursal”,
concluye.
Y cada día la lista será más
larga. Solo en el primer semestre de 2013 la banca ha cerrado 2.000 oficinas.
Desde que comenzó la crisis en 2008, el sector financiero ha cerrado 9.760
oficinas, con lo que España ha perdido su liderazgo en el ranking mundial de
países con más sucursales por habitante. Era evidente que con la recesión y la
caída del crédito que ha vivido España, sobraban (y sobran) oficinas. El
problema es en dónde se están cerrando. Algunos alcaldes consultados recuerdan,
con cierta sorna, que el negocio rural de la banca no ha sido precisamente el
causante de la quiebra de la mitad del sistema financiero. “En el pueblo, los
créditos se pagaban, pero han cerrado nuestra oficina y no las de Madrid”,
apunta un regidor, que lamenta que esto se sume a la reducción del servicio
médico, las escuelas, la reducción de trenes, etc.
Este fenómeno es nuevo en España,
un país que ha pasado en tan solo cinco años, de ser de los más ricos a tener
tres millones de personas que viven con menos de 307 euros al mes, según
Cáritas. En otros países, como el Reino Unido, ya lo conocen bien. En la década
de los noventa, la conversión de las cajas en bancos y su posterior venta al
Lloyds (banco que, por cierto, ha quebrado con la crisis), aceleró la exclusión
financiera. Según un informe del Parlamento británico, titulado Financial
Inclusion (Exclusion) de mayo de 2011, “dos millones de adultos con bajos
ingresos no utilizan los servicios financieros”. Entre las soluciones
propuestas por el estudio británico se apunta el abaratamiento de los servicios
bancarios para las personas con menos ingresos y que el Gobierno pague el coste
de las transferencias para hacer las más asequibles, así como la utilización de
las oficinas de Correos.
En España, Correos ya tiene un acuerdo con Deutsche Bank, que ofrece sus servicios
bancarios en las oficinas postales, lo que facilita la bancarización. Algunos
presidentes de cajas de ahorros, comentaban hace años, antes de la crisis, que
parte de su obra social era mantener la red rural de oficinas (como hace años
tuvo Banesto hasta su integración con el Santander) porque evitaba la
despoblación del campo, ya que la sucursal es un apoyo para las microempresas o
los comercios. Con la conversión de las cajas en bancos, este planteamiento
parece irrecuperable. Pese a todo, los expertos apuntan que, comparado con
otros países, España no sufre una gran desbancarización pero sí un claro
retroceso, que Villa, de UGT, cifra en 13 años.
Las regiones más castigadas son
las que tenían cajas que han sido nacionalizadas: Cataluña, Galicia, Comunidad
Valencia, Murcia y Madrid. Manuel Illueca, profesor de Economía Financiera de
la Universitat Jaume I, de Castellón, cree que los Gobiernos regionales
deberían evitar este fenómeno crezca. “España es un país en el que se utilizan
los bancos para todo. Si te quedas sin sucursal, no sabes cómo pagar el agua,
el gas, y, sobre todo, qué hacer con el efectivo. Si la gente mete el dinero en
el colchón se les expulsa del sistema y se genera economía sumergida”, apunta
este profesor que ha estudiado esta materia.
Bankia es una de las entidades a
las que la troika obligó a cerrar 1.138 oficinas, un tercio de su red. “Nos
dijeron la localidad y calle de donde estaban cada oficina que debíamos
clausurar. Fue un acuerdo del Gobierno que teníamos que cumplir. Desde 2013
hemos dejado 50 pueblos sin ninguna oficina, pero les atendemos con el ofibus,
la sucursal móvil que acude a los pueblos algún día a la semana. También
tenemos oficinas con una persona desplazada que abre uno o dos días a la
semana”. Uno de los cierres más polémicos de Bankia fue el de la isla canaria
de La Graciosa. A los habitantes no les quedaba más remedio que coger un barco
a Lanzarote para ir al banco. “Ese anuncio de cierre fue un error y hemos
rectificado”, admiten en Bankia.
Esta es la teoría, pero Joan
Lostado (PSOE), alcalde de la localidad valenciana de Algar del Palancia, tiene
una experiencia peor. “El 22 de marzo de 2012 la oficina que era de Bancaja,
luego de Bankia, cerró y no dejó ni el cajero automático. Sin previo aviso.
Teníamos que llevar a los ancianos a por la pensión a Estivella, a 10
kilómetros. Los comercios no sabían qué hacer con el dinero. Fue un desastre.
Hablamos con Bankia y le pedimos el ofibus, incluso a través de la Diputación,
pero todavía no sabemos nada”. La solución llegó por una joven del pueblo que
se hizo corresponsal bancaria de Banesto, ahora Santander: abre dos tardes a la
semana. “Los vecinos, que además tienen preferentes, comentan la situación: se
ha ido Bankia y ha llegado el Santander. Por supuesto, las cuentas del
Ayuntamiento se han ido al Santander”, apostilla.
En Madrid, en la Sierra Pobre, la
situación es parecida. Miguel Méndez, (PP), alcalde de Navalafuente, ha vivido
cómo La Caixa abrió su oficina en 2008 para financiar una promoción de
viviendas. Tres años después, acabado el negocio, la clausuró. “El cierre llegó
con los de las localidades vecinas de Bankia en Lozoyuela y Canencia, que eran
las únicas que había. Ahora no podemos admitir efectivo en el Ayuntamiento y
para los mayores la banca por Internet es difícil de manejar. El hotel, los
supermercados y los bares tienen que llevar todo el dinero a diario hasta
Guadalix, a cuatro kilómetros”, apunta Méndez. Este pueblo, con 1.200
habitantes, que llegan a 4.000 en verano, ha pedido a Bankia que abra un cajero
automático. No hay respuesta.
En Titulcia, cerca de Toledo,
Fuencisla Molinero (PP), también ha visto cómo Bankia cerraba su oficina y la
sustituía por un autobús: “Una chica del pueblo que tenía una gestoría se ha
hecho colaboradora del Santander y abre una pequeña oficina. Se está llevando
todo el negocio. El del Ayuntamiento pronto le llegará”. Es la pequeña venganza
ante el éxodo bancario que provocará más éxodo rural.
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