Por Pedro Vaquero
Público.es, 29/10/2014.
Los dos socios del Gobierno
andaluz, PSOE-A e IU LV-CA han acordado aprobar simultáneamente el anteproyecto
de Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2015, y la creación mediante ley
de un Ente de Crédito Andaluz (ECA). No ha sido fácil llegar a este
acuerdo:
Primero, porque hacer un
presupuesto progresista para 2015 tenía su dificultad en sí mismo,
pues los ingresos provenientes de Hacienda del Estado van a ser recortados en
600 millones: 180 menos del sistema de financiación, 420 de no disponibilidad
del ajuste del déficit, que tiene que bajar al 0’7% en 2015 desde el 1%
permitido por el Gobierno central para 2014, que no se sabe si se cumplirá del
todo. Además, del presupuesto de 2013, el Gobierno ha entregado anticipados 426
millones de más a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que pretende ahora
recuperar; el Gobierno de la Junta piensa que no va a tener que pagar nada. Si
el déficit del 2014 se pasa del 1%, el presupuesto para 2015 tendrá que
ajustarse más.
NO NOS LO HAN PUESTO FÁCIL
No se lo ha puesto fácil Montoro
a Andalucía: el Fondo de Convergencia destinado a nuestra tierra son
unos 400 millones, mientras que a Cataluña se le dan 600 y pico, etc.
El Gobierno andaluz cree en la posibilidad de no tener que descontar los 426
millones, pues puede negociarse con el Gobierno central una moratoria de un año
y posterior fraccionamiento de pago a lo largo de los siguientes 20 años. Y
para remate de dificultades, hay que justificar antes del 1 de junio de 2015
los Fondos Europeos de 2013.
El acuerdo de los socios del
cogobierno andaluz sobre el presupuesto de 2015 se ha realizado sobre la base
de incrementar el gasto en Educación y Sanidad
(destinando 50 millones para recuperar la jornada al 100% de los sanitarios, a
lo largo de 2015), y por la especial dedicación del Gobierno central a las
inversiones en Fomento, el incremento de la Consejería de Fomento en
casi un 20%. Además del compromiso del Gobierno andaluz de devolver el
complemento autonómico de la paga extra a los empleados de la Junta de
Andalucía. Obviamente habrá recortes en gasto corriente, y en algunas
consejerías, pues siguen siendo unos presupuestos sometidos a la disciplina
fiscal, aunque matizada por la política de resistencia practicada por el
Gobierno andaluz.
EL PSOE NO QUIERE BANCA
PÚBLICA
Segundo, porque respecto a la
concepción del Ente de Crédito Andaluz, no había un entendimiento inicial entre
los socios: 1º, porque el PSOE-A rechazaba que esa ley fuese el condicionante
para que IU diera el visto bueno al presupuesto de 2015; 2º, porque IU sabía
que si no se producía un acuerdo simultáneo sobre los dos asuntos (presupuesto
2015 y entidad de crédito andaluza), el proyecto de banca pública andaluza no
iba a salir hacia adelante en las condiciones en que inicialmente se habían
pactado; pues el PSOE-A de Susana Díaz no quiere una banca pública
andaluza, sino tan solo sustituir los mecanismos utilizados hasta ahora
para vehicular el crédito a las empresas (fondos reembolsables, sociedades de
garantía de crédito, IDEA, etc.) por un instituto de crédito andaluz parecido
al ICO, pero de ámbito andaluz. Y ese no era el acuerdo al que se había llegado
en dos ocasiones: primero, en reuniones bilaterales de delegaciones de ambos
partidos; segundo, en el contexto de los respectivos grupos parlamentarios.
¿En qué consistía el acuerdo?
Fundamentalmente, una entidad financiera (sociedad mercantil propiedad
exclusiva de la Junta de Andalucía, dependiente del Parlamento) que, sin tener
que separarse del objetivo de facilitar el crédito a las empresas andaluzas, y
especialmente a las pymes, la economía social y los autónomos, amplíe su
perspectiva de futuro posibilitándosele la capacidad de financiarse no solo con
lo aportado desde los presupuestos de la Junta de Andalucía, sino recabando
financiación de los mercados financieros, públicos o privados, españoles y
extranjeros, o incluso de los depósitos y el ahorro de los propios andaluces.
NO SE TRATA DE ABRIR
OFICINAS
No se trata de montar oficinas
bancarias en cada rincón de Andalucía, ni de competir con la banca privada.
Pero sí se trata de abrir la posibilidad de que en el futuro se pueda
convertir en una auténtica banca pública andaluza lo que hoy nace como
una especie de instituto de crédito. Se trata de posibilitar un proceso: desde
la mera reestructuración de los fondos puestos a disposición de los empresarios
andaluces por los diversos instrumentos de las consejerías de la Junta
(propósito inicial del PSOE-A), pasando por la fase de ampliación de las
fuentes financieras de la Junta para dar crédito al tejido productivo andaluz
(el que diseña el anteproyecto de ley aprobado), hasta llegar a la
consolidación de una auténtica banca pública andaluza (ideal de IU LV-CA, pero
no de máximos). La llave para abrir esa puerta de evolución del ente de crédito
andaluz que se crea, es la solicitud de ficha bancaria al Banco de España por
parte de la Junta de Andalucía.
Y esa ha sido la mayor
dificultad. Susana Díaz se ha empeñado durante los últimos meses en boicotear
ese acuerdo de solicitar ficha bancaria para este ente de crédito andaluz. Su
modelo de sistema financiero es reunirse con los banqueros poderosos de España
(Botín padre, Botín hija, Fainé, González) para que le limosneen a Andalucía
alguna que otra ayudita. Al final se ha tenido que tragar su orgullo y acceder
a la propuesta de IU.
EL ACUERDO LO DICE BIEN
CLARO
El texto acordado añade una
Disposición Adicional Única que dice así: “Una vez constituida la sociedad,
la entidad procederá a solicitar, previo acuerdo del Consejo de Gobierno, la
autorización administrativa prevista en el Real Decreto 1245/1995, de 14 de
julio sobre creación de Bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones
relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito”. Aunque no la
mencione explícitamente, ahí está la obligación por parte del Gobierno andaluz
de autorizar la solicitud de la ficha bancaria, que tiene hacer la sociedad una
vez constituida.
Así pues, la banca pública
andaluza es una posibilidad dependiente de tres variables: a) que el Gobierno
andaluz no retrase el acuerdo de solicitud de ficha bancaria al Banco de
España; b) que el Banco de España le otorgue la ficha bancaria al ente de
crédito andaluz; c) que la correlación de fuerzas futura favorezca al ala
izquierda del Gobierno andaluz, para que la posible evolución de la sociedad
ahora proyectada acabe siendo una auténtica banca pública.
El mérito de IU LV-CA es
que su coherencia ha conseguido finalmente vencer las resistencias del
ala más derechosa del Gobierno para abrir esa realidad evolutiva, esa
posibilidad.
Disponible en:
No hay comentarios:
Publicar un comentario