Público.es, 21/10/2014.
La Fiscalía Anticorrupción ha
reclamado dos años y medio de prisión para el expresidente de Caja Castilla La
Mancha Juan Pedro Hernández Moltó y el ex director general Ildefonso Ortega por
emprender una "maniobra contable" con la que reflejaron 30 millones
en beneficio en lugar de unas pérdidas de 182 millones.
En un escrito remitido al juez
central de instrucción número 5, Pablo Ruz, el Ministerio Público acusa a
ambos de un delito societario, por el que solicita su inhabilitación para
ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o
del sector financiero durante el tiempo que dure la condena.
La Fiscalía no pide así
ninguna responsabilidad civil ni les acusa del delito de administración
desleal que sí encontró Ruz, que en su auto consideraba indiciariamente acreditada
la existencia de una serie de operaciones de crédito con una "notoria
desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de
recuperación".
Sin embargo, el fiscal se ciñe a
un delito societario cometido mediante una "maniobra contable"
con la que "los acusados lograron que los estados financieros de CCM,
tanto individuales como consolidados, reflejaran beneficios en lugar de
pérdidas".
Así, relata que en el año 2008 la
entidad atravesaba una situación de falta de liquidez, "debida en gran parte
al deficiente control en la gestión del riesgo, el incremento de la morosidad y
el deterioro de las inversiones ligadas al sector promotor, que comprometía
gravemente la viabilidad futura de la entidad". Dicha situación fue
advertida por el Banco de España, que en octubre de 2008 realizó una serie
requerimientos a Hernández Moltó.
Le pedía que "pusiera especial interés en la correcta contabilización y
cobertura de las operaciones crediticias", lo cual requería dotar unas
provisiones específicas de 245 millones, y hablaba además de unas
minusvalías de 196 millones que afectaban a las acciones de las sociedades
cotizadas Afirma Grupo Inmobiliario, Inmobiliaria Colonial y Parquesol
Inmobiliaria y Proyectos.
El 10 de febrero de 2009, Ortega,
"con la aquiescencia de su superior", remitió al supervisor los
estados financieros individuales y consolidados de la caja a 31 de diciembre de
2008 "en los cuales no se habían atendido los requerimientos" y
"no se reflejaba por tanto la situación financiera real de la entidad".
Dichos estados arrojaban un
beneficio consolidado de 29,86 millones, cuando por efecto del ajuste exigido
por el Banco de España, señala el fiscal, habrían debido registrar unas
pérdidas "de al menos" 119,029 millones en los estados individuales y
de 182,24 millones en los consolidados.
Poco antes de que publicaran esas
cuentas, el 28 de marzo de 2009, el Banco de España sustituyó el Consejo de
Administración de CCM y el nombramiento de tres funcionarios del supervisor
como administradores provisionales de la entidad, tras lo cual el Consejo de
Ministros aprobó una inyección de fondos públicos de 9.000 millones.
Las cuentas definitivas
presentadas por los administradores provisionales, que "tuvieron
oportunidad de realizar un análisis más profundo de la situación real de
CCM", recoge el escrito, reflejaron unas pérdidas de 762,149 millones en
sus estados individuales y de 1.066,034 euros en los consolidados.
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