El diario.es, 14/05/2015.
El soborno y la corrupción ha
sido justificada por el 69% de los directivos españoles como práctica para
generar nuevos beneficios de manera rápida. Así se desprende del informe sobre
fraude y corrupción en 38 países elaborado por
EY.
Los datos en España superan a la
media de Europa Occidental, donde el porcentaje se sitúa en el 35% y por encima
también de países con mercados emergentes (61%). Además, esta percepción ha
aumentado un 4% respecto a la registrada en España en 2013.
Así, España es el segundo país de
la Unión Europea (UE), junto con Grecia, en cuanto a la generalización de la
corrupción. En primer lugar se sitúa Portugal, con un 82% y, en el otro
extremo, Dinamarca, con un 4%.
El uso de sobornos como recurso
para hacer negocios ha sido justificado por un 46% de los encuestados en
España, si esto contribuye a la supervivencia del negocio. En esta línea, los preferidos
son los regalos personales (34%), seguidos de los regalos relacionados con el
ocio (31%) y de los pagos en metálico (16%).
Así las cosas, un 57% de los
directivos está bajo presión para buscar nuevas fuentes de ingresos, contexto
en el cual los mercados de alto riesgo, donde existe una mayor probabilidad de
que se produzca prácticas de este tipo, han ganado protagonismo.
Asimismo, existen otros errores
"justificables" a los que las empresas recurren de manera frecuente,
ya que el 56% de los encuestados en España han reconocido que sus compañías a
menudo "maquillan" la información financiera. En Europa Occidental,
este porcentaje se sitúa en el 33%.
En este contexto, la práctica más
habitual, aprobada por un 36%, consiste en negociar descuentos con los
proveedores o retrasar el pago de facturas, que ha sido defendido por el 14% de
los encuestados. Así, un 15% de los españoles ha afirmado que estas prácticas
han tenido lugar en los últimos meses en sus empresas.
Los resultados de la encuesta
ponen de manifiesto que la actividad regulatoria y los códigos éticos han
evolucionado, ya que un 26% considera que estos estándares han mejorado en los
últimos dos años. Asimismo, un 21% de los encuestados ha afirmado que este
incremento en el marco regulatorio ha tenido un impacto positivo en su entorno
de trabajo.
Sin embargo, un 69% considera que
las autoridades deberían de tomar más medidas para recuperar los daños
resultantes del fraude y la corrupción. Así, el 58% señala que es necesario
localizar y congelar los activos.
En este sentido, cabe destacar
que la sensación de impunidad continúa en niveles muy elevados, tal y como ha
destacado el responsable de EY, Ricardo Noreña, a pesar de la aparición de
nuevas medidas como la reforma del Código Penal, que será efectiva el 1 de
julio, por la cual la responsabilidad podrá recaer sobre las personas
jurídicas.
El reto reside en conseguir una
mayor rapidez en los procedimientos judiciales y una actuación que permita la
recuperación del dinero, ha manifestado Noreña.
La percepción en cuanto al nivel
de compromiso de la alta dirección con las normas éticas es baja y se sitúa por
debajo de la media de la UE.
El 65% de los encuestados
considera que la medida más efectiva es la persecución penal de los directivos
por no haber actuado de manera diligente. Además, el 63% es partidario de que
se apliquen multas a las empresas, frente al 46% que se decanta porque las
multas recaigan sobre los directivos.
Entre otras herramientas para
prevenir el fraude, existen códigos de conducta y un canal de denuncias. No
obstante, un 46% ha manifestado que su empresa cuenta con estos documentos,
frente al 59% de los países europeos. Además, menos de la mitad de los
encuestados conocen cuáles serían las penalizadas derivadas de su incumplimiento.
Disponible en:
http://www.eldiario.es/economia/directivos-justifican-corrupcion-beneficios-rapidos_0_387761552.html
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