Por Belén Carreño
El diario.es, 25/1072015.
El Instituto de
Crédito Oficial (ICO) es "un banco público". Así lo recoge en su
página web a la hora de explicar cuáles son sus funciones dentro de la
estructura del Estado. Pero el Gobierno de Mariano Rajoy no quiere que esto
siga siendo así al 100%. En una sorprendente maniobra casi en tiempo de
descuento, el Ejecutivo ha aprobado un cambio de calado que deja en manos de
personas ajenas al sector público las principales decisiones que afecten al
activo y pasivo de la organización, esto es, al crédito. Escondido en una
disposición final de una ley publicada el 2 de octubre, el Ejecutivo cambia el Consejo
General del organismo para introducir a cuatro vocales "independientes".
Estos vocales serán
nombrados por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Economía
con un único requisito: "No ser personal al servicio del sector
público".
Estos cuatro
consejeros, que previsiblemente nombrará el Gobierno ya en funciones, tendrán
un voto "doble" cuando se decidan en el Consejo operaciones
financieras. Esto hace de facto que las decisiones queden en sus manos, ya que
el resto del consejo, incluido el presidente, solo sumarían siete votos. El
mandato de estos consejeros será de tres años.
Desde el ICO
aseguran que con este movimiento se pretende "mejorar el Gobierno
Corporativo" y que se da el voto de calidad a los independientes para
evitar situaciones "de empate". Además, se resalta que el voto de
calidad solo se podrá usar para el negocio del crédito y no para decisiones
organizativas del Instituto.
Economía no aclara
la necesidad de este cambio ni cuándo tendrán lugar los nombramientos. Si se
hace antes de las elecciones, lo que justificaría la urgencia en este cambio,
podría suponer que los nuevos cuatro vocales fueran los supervivientes en el
Consejo General del ICO cuando entre el nuevo Gobierno. Una suerte de herencia
del Gobierno al siguiente Ejecutivo. Lo cierto es que queda pendiente de
desarrollo reglamentario la "causa de cese" de dichos consejeros y el
régimen jurídico al que quedan sometidos.
Con este nuevo
modelo, aprobado apenas tres meses antes de las elecciones, se deja al juicio
de los "independientes" del sector privado las decisiones sobre cómo
gestionar los recursos públicos. La propuesta se introdujo en pleno verano por
una enmienda del Partido Popular al Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público, como adelantó Europa Press sin ningún tipo de repercusión.
Tras la
desaparición de las cajas y a la espera de que se privatice Bankia, el ICO
ejerce la función de suministrar crédito a colectivos, básicamente pymes, que
no logran que la banca privada les facilite un crédito para un negocio
solvente. Entre sus funciones recoge: "Promover actividades económicas
que contribuyan al crecimiento, al desarrollo del país y a la mejora de la
distribución de la riqueza nacional. En especial, aquellas que por su
trascendencia social, cultural, innovadora o ecológica, merezcan una atención
prioritaria".
El Gobierno ha
considerado que era vital cambiar la toma de decisiones del organismo para que
actividades económicas de "transcendencia social" sean despolitizadas
y se aprueben bajo criterios de independientes a los que solo se les va a
exigir no haber tenido contacto con el sector público. Cabe recordar que,
precisamente, los funcionarios tienen puestos vitalicios para evitar que se les
politice, cosa que puede suceder con puestos prescindibles del sector privado.
A los nuevos consejeros se les escogerá entre profesionales de "reconocido
prestigio y competencia profesional en el ámbito de actividad del
Instituto".
Oscurantismo y falta de comunicación
El comité de
empresa del organismo está sorprendido por el "oscurantismo" de la
propuesta surgida en pleno verano y que se ha aprobado sin ningún ruido.
Precisamente, los trabajadores ya habían propuesto en el pasado "abrir el
consejo del ICO a la participación de la representación de los trabajadores y a
las entidades sociales cuya labor se ve afectada por el ICO, lo que ayudaría a
prestar un mejor servicio a la ciudadanía". Según el comité, la propuesta
no ha sido atendida y los representantes de los trabajadores "no tenían
noticia de que se estaba gestando cambio de estatutos alguno".
Hasta ahora, los
integrantes del consejo eran altos responsables de los diferentes
ministerios y organismos públicos afectados por el funcionamiento del
instituto. Además de la presidenta, a la que nombra el Gobierno, está la
directora del Gabinete del Ministro de Economía y Competitividad (ministerio al
que está adscrito), la directora general de Comercio Interior, el director
general de Presupuestos (de Hacienda), el director general de Programación
Económica del Ministerio de Fomento, el director general de Política Económica,
el secretario general técnico del Ministerio de Agricultura, el director
general de Comercio Internacional e Inversiones y el subdirector general de
Legislación y Política Financiera de la Secretaría General del Tesoro. Al menos
tres tendrán que renunciar a su silla para dejar paso a los independientes.
Además de su papel
de banco público, el ICO actúa como Agencia Financiera del Estado. Así,
"gestiona los instrumentos de financiación oficial, que el Estado español
dota para fomentar la exportación y la ayuda al desarrollo (como el Fonprode),
compensando el Estado al ICO por los costes que dicha gestión pueda
conllevar". También financia "a los afectados por catástrofes
naturales, desastres ecológicos y otros supuestos de interés general".
El comité de
empresa recuerda que la "importancia estratégica para la economía española
está fuera de toda duda. Se trata de un importante instrumento para la política
económica del Gobierno, por lo que llama la atención la puesta de sus
decisiones más relevantes en manos de 'independientes'".
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