El Salmón
Contracorriente, 28/10/2015.
La Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (ADICAE)
ha recogido una selección de cartas y documentos que la banca ha enviado a sus
clientes con una variedad de presiones para que firmen abusivos “acuerdos” a
cambio de eliminar o reducir el impacto de la clausula suelo de sus hipotecas
Ayer la Comisión Europea (CE) emitió un informe al Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el que indica que las entidades
bancarias deberían devolver el dinero cobrado a sus clientes desde la firma de
sus hipotecas si las cláusulas suelo son declaradas nulas, al contrario de lo
que dictó el Tribunal Supremo que fijó la devolución con carácter retroactivo
de las cantidades que los clientes han pagado por culpa de estas clausulas a la
fecha del 9 de mayo de 2013, en el que se dictó la sentencia de anulación de
dichas clausulas.
La CE defiende que ningún tribunal nacional puede limitar en
el tiempo los efectos de declarar nula una cláusula y que por lo tanto no es
posible que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de las
cantidades que ya ha pagado el consumidor en aplicación de una cláusula
declarada nula desde el origen por defecto de información y/o transparencia.
En el caso de que el TJUE confirmara el informe, la banca
española recibiría un duro golpe ya que ser verían obligados a devolver unos
20.000 millones de euros a los clientes, frente a los 10.000 que pagarían si se
mantiene la fecha de mayo de 2013 como la indicada para la devolución. Dicho
temor ya se ha visto reflejado en la cotizaciones en bolsa en el día de ayer de
varios de los bancos que se podrían ver afectados. Como en el caso de Liberbank
que ha perdido un 0,52% y los de Banco Sabadell y Banco Popular que se han
dejado más de un 3%.
La Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (ADICAE)
denuncia que los bancos, ante la amenaza de la posibilidad de que tengan que
devolver y anular esas clausulas, están enviando cartas a los clientes con la
intención de presionarlos para que firmen abusivos ’acuerdos’ a cambio de
eliminar o reducir el impacto de la cláusula suelo de sus hipotecas. La
asociación ha compilado y publicado muchas de esas cartas de bancos como Banco
Sabadell, Banco Popular, Banco Gallego, Caja Rural de Navarra, Ibercaja,
Bantierra o Catalunya Banc.
Observando las cartas podemos ver que ninguna propuesta
incluye la obligación de devolver las cantidades cobradas ilegalmente por la
cláusula suelo, además de exigir al usuario que renuncie a acciones legales ya
iniciadas o que pudiera emprender en el futuro.
Las condiciones más
habituales
1. Reducción de la cláusula suelo a cambio de firmar una
declaración de conocer perfectamente las consecuencias y riesgos que tiene esta
cláusula.
2. Eliminación temporal de la cláusula suelo por periodos
que suelen oscilar entre los 2 y los 20 años. Después, la cláusula vuelve a sus
condiciones iniciales.
3. Eliminación total del suelo a cambio del aumento del
diferencial.
4. Obligación de contratar productos como seguros de vida o
seguros de protección de pagos.
5. Conversión temporal de la hipoteca de interés variable a
interés fijo.
6. Combinación de las anteriores opciones para elegir una.
Entre las variantes ofrecidas se llega a comercializar la posibilidad de
“mantener el préstamo hipotecario en la situación actual”, es decir, perpetuar
la cláusula ilegal en las mismas condiciones que viene sufriendo el cliente.
7. Otra modalidad detectada por ADICAE es reducir o eliminar
la cláusula suelo sin avisar al usuario ni notificarlo por escrito, con el fin
de que el banco vuelva a aplicarla cuando lo estime oportuno y sin avisar.
Además la asociación denuncia que estos acuerdos y cartas
suelen ir acompañadas de malas prácticas como:
- Prohibir al consumidor sacar de la sucursal el documento
con la oferta.
- Impedir ver el contrato antes de la firma.
- Exigir confidencialidad.
Por todo ello, ADICAE recuerda que ningún consumidor debe
aceptar ninguna condición por eliminar o reducir el impacto de la cláusula
suelo, además de exigir la devolución íntegra de las cantidades indebidamente
cobradas, tal como lo exige en la macrodemanda de 15.000 afectados y lo
respalda el reciente informe de la Comisión Europea.
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