Por Eduardo Garzón
El gobierno español acaba de aprobar un impuesto a la
banca que alcanzará los 419 millones de euros. Este movimiento podría llamar la
atención, ya que estamos acostumbrados a que el gobierno otorgue ayudas a la
banca y no al revés, y especialmente cuando es palpable que el sector continúa atravesando
una mala situación (se prevén más
fusiones entre entidades bancarias y más despidos en el próximo año). Sin
embargo, que nadie se sorprenda, porque este impuesto no es más que una
condición necesaria para concretar una importante ayuda pública a la
banca. Veamos por qué.
A mediados de 2013 conocimos que la legislación
bancaria internacional iba a penalizar una serie de activos que poseían muchos
bancos españoles. Estos activos son conocidos como “activos fiscales”, pues
sirven para pagar menos impuestos. Son otorgados por el Estado a los bancos (y
a otras empresas) cuando éstos presentan pérdidas o cuando pagan impuestos por
beneficios de los cuales no se benefician. Por ejemplo, si un banco dedica 1000
euros de beneficios a contratar un plan privado de pensiones para sus empleados
o si lo “aparta” como precaución por si alguna inversión falla, el Estado le dará
activos fiscales por valor de 1000 euros porque se considera que es injusto que
esté pagando impuestos por unos beneficios que en realidad no disfruta. En los
años fiscales siguientes el banco podrá utilizar esos activos fiscales para
pagar menos impuestos (utilizándolos como una especie de bonos-descuento).
Según las antiguas normas bancarias esos activos
fiscales tenían estatus de capital de buena calidad, lo cual venía muy bien a
los bancos a la hora de cumplir las exigencias regulatorias. Pero tras el
cambio de legislación, los activos fiscales iban a ser penalizados y a dejar de
tener esa consideración favorable, puesto que en realidad no servían para
cubrir contratiempos (si un banco sufre pérdidas no las puede compensar con los
activos fiscales porque éstos sólo sirven para pagar menos impuestos). En
consecuencia, los bancos españoles tuvieron que buscar a toda prisa y de donde
fuese unos 50.000 millones de euros (en forma de capital o garantías) para
reemplazar los activos fiscales. Y ahí es donde intervino el gobierno español,
al otorgar
avales por valor de unos 30.000 millones de euros.
No obstante, la Comisión Europea inició una
investigación para valorar si el movimiento del gobierno podía considerarse una
ayuda pública ilegal. Pues bien, la forma que ha ideado el gobierno para evitar
una evaluación negativa al respecto ha sido la de establecer un impuesto del
1,5% sobre todos esos activos cubiertos porque de esta forma la consideración
de ayuda de Estado no es posible (un requisito para que una prestación o
transferencia sea considerado ayuda pública es que no esté sujeta a impuestos).
El resultado final es que la Unión Europea ya no podrá sancionar al gobierno
español por haber otorgado una ayuda descarada a la banca española. Por lo
tanto, este nuevo impuesto no es más que una condición necesaria para que la
ayuda pública de 30.000 millones de euros no sea retirada. De ahí que el
impuesto (de sólo unos 419 millones de euros) sea en realidad otra forma más de
ayudar con dinero público a la banca.
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