José Manuel Mariscal
Público.es, 03/1172014.
A principios de los años 90 el
Gobierno presidido por Felipe González comenzó el proceso de desmantelamiento
de la banca pública española. La asunción del credo neoliberal por parte del
PSOE exigía la liberalización de los principales componentes estratégicos de la
economía española y, entre ellos, las finanzas. El resultado fue la creación de
la Corporación Bancaria Española “Argentaria”, que agrupó a entidades como el
Banco Exterior de España, Caja Postal, Banco Hipotecario de España, Banco
de Crédito Local o el Banco de Crédito Agrícola.
Tras la victoria del PP de Aznar
en el 96, la privatización de la banca pública podía hacerse de un solo golpe,
lo que sucedió en 1998. También fue el PSOE, en esta ocasión el de Zapatero, el
que sentó las bases para la liquidación del sector financiero semipúblico de
carácter social que suponían las cajas de ahorro y también fue el PP, el de
Rajoy, el que terminó de dar las facilidades necesarias para que el sector
financiero se haya concentrado en pocas manos (de 50 entidades a 15), tras
sanear con dinero público las cajas antes de que los grandes grupos se hicieran
con ellas a precio de saldo.
El resultado práctico es que tres
entidades financieras (Santander, la Caixa y BBVA) concentran en sus manos el
60% del mercado y que a pesar de las ayudas públicas, en sus diversas
modalidades (más de 1 billón de euros) el crédito no llega a las familias ni a
las empresas. La banca ha preferido comprar títulos de deuda pública con el
dinero prestado por el BCE, haciendo “caja”, lo que está provocando el
estrangulamiento de las PYMES, del trabajo autónomo y de la economía social.
La crisis en la esfera financiera
de la economía española se ha saldado con un reordenamiento brutal del sector,
concentrando más poder en menos manos, convirtiendo a la banca en el núcleo de
un poder decisorio sobre la planificación económica de un país. Que la banca no
acceda, ni nadie la obligue, a hacer circular el dinero tras recibir ayudas
milmillonarias provoca la dificultad de acceso a financiación sobre todo de los
más débiles. Los grandes grupos empresariales ya se ocupan de tener acceso al
crédito en este capitalismo de amiguetes que es España. Sin embargo, la pequeña
y mediana empresa y, sobre todo, la economía social se ve abocada al cierre
tras exprimir a los pocos trabajadores con los que cuente cada una. Otra manera
más de conformar una oligarquía de intereses empresariales que arrasan y se
apropian de nichos de mercado. El ejemplo más sangrante lo vemos en el
comercio. Mientras que en nuestros barrios cierran cada día cientos de pequeños
comercios, las grandes superficies proliferan como setas.
El crédito a las empresas que
conforman el tejido productivo de un país ayuda a conformar el modelo
productivo en el modo de producción capitalista. Que el ahorro se dirija hacia
la especulación inmobiliaria o hacia la cooperativa de aceite de mi pueblo es
una decisión política que hoy está en pocas y ruines manos. Pretender, por lo
tanto, nacionalizar el sector bancario es, cada día que pasa, una exigencia
razonable y, sobre todo, necesaria si se quiere embridar la economía de un país
desde una política democrática.
La Revolución Democrática que
perseguimos pasa también porque el Bloque Social y Político alternativo asuma
la exigencia de democratizar la economía para hacer limpia la política, y eso a
su vez pasa por el control democrático de las finanzas desde la soberanía
popular.
Pero mientras tanto, los resortes
de poder institucional que Izquierda Unida tiene deben ser utilizados para
acumular fuerzas en esa dirección, utilizando los resortes legales necesarios
para hacer del crédito al tejido productivo un servicio público, no un negocio,
tal y como rezaba en el programa electoral con el que concurrimos a las
elecciones andaluzas.
El pasado martes el Consejo de
Gobierno aprobaba el Anteproyecto de Ley del Ente Público de Crédito,
proponiendo al Parlamento que se cree, por primera vez en 25 años, un banco
público en España. Esta es la respuesta a las críticas que hace un año, el
todopoderoso Francisco González, presidente del BBVA, hizo a la pretensión de
crear un banco público en Andalucía, afirmando que el sector público no debiera
“meterse” en el sector financiero: “Es una espita más para gastar dinero de
forma poco cercana a lo que el mercado requiere”, añadió.
El resultado ha sido la creación
de una sociedad mercantil; una entidad financiera con orientación de banca de
empresas. La entidad que se va a crear solicitará al Banco de España la
autorización coloquialmente conocida como “ficha bancaria”, lo que le permitirá
acceder a recursos más allá de los Presupuestos Públicos: emisión de títulos,
mercado interbancario, operaciones de los Bancos Centrales y depósitos de
clientes. Según la Disposición Adicional del anteproyecto, la decisión de
solicitar dicha ficha se tomará por el Consejo de Gobierno una vez constituida
la sociedad.
Junto con esta función de banca
de empresas, el anteproyecto de ley incluye las de un servicio financiero de apoyo
a las PYMES y economía social que no se limite a la venta de “productos
financieros”, sino a la búsqueda de soluciones acordes a las necesidades de
estas empresas, incluyendo la asistencia y formación en materia financiera. Por
último, también plantea la cooperación con otras entidades financieras
inspiradas en principios éticos y de apoyo al desarrollo de la economía
andaluza.
Estamos satisfechos de haber
conseguido una estructura de control parlamentario sobre lo que será una
sociedad mercantil pública. Las puertas giratorias y el clientelismo se evitan
con participación, transparencia y rendición de cuentas, en este caso, ante el
Parlamento andaluz. Basta recordar la imposición desde Maastricht de la
independencia de los bancos centrales del poder legislativo para dar cuenta de
la importancia de este elemento en la ley.
En definitiva, esta decisión
supone una ruptura absoluta con las políticas neoliberales desde los años 90 y
rompe con el credo de que lo público no debe meter las narices en las finanzas,
a no ser que necesite ayuda para no caer.
Sí, se puede. Se puede intervenir
desde lo público en la planificación de la economía a favor de los más débiles.
En Andalucía, el 90% del tejido productivo son PYMES. Asimismo, la economía
social y la orientación ética y sostenible de la producción son la base de
nuestra alternativa para Andalucía. A éstos va dirigido este Ente público de
Crédito.
El camino a recorrer hasta poner
en marcha esta experiencia alternativa de planificación democrática de la
economía no va a ser fácil. El poder financiero de este país ha dado muestras
sobradas de su agresividad y de su influencia política, como en el caso de la
suspensión de la aplicación de la ley andaluza antidesahucios. Defender esta
medida, y sus posibilidades de desarrollo futuro, es tarea también del conjunto
de los sectores productivos que podrían verse beneficiados, ganando una batalla
frente al oligopolio empresarial y financiero. Y a suscitar apoyos sociales a
la Banca Pública nos vamos a dedicar.
Disponible en:
No hay comentarios:
Publicar un comentario