El diario.es, 02712/2014.
El juez de la Audiencia Nacional
Santiago Pedraz ha preguntado a las partes personadas en ocho de las piezas en
las que investiga irregularidades en la gestión del Banco de Valencia (BdV) si
debe archivar o propone juzgar a sus máximos responsables después de que las
gestiones efectuadas en el último año para que distintos organismos
dependientes de la administración del Estado designen dos peritos hayan
resultado infructuosas, según se desprende de una providencia a la que ha
tenido acceso Europa Press.
El magistrado ha recibido
recientemente la última negativa, emitida por la Sociedad Estatal de Gestión
Inmobiliaria y Patrimonio (Segipsa), a su solicitud de técnicos que le informen
sobre la tasación de los distintos bienes inmuebles a los que afectan las
investigaciones, abiertas a raíz de la presentación de estas querellas por
parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
En la providencia, especifica que
"la imposibilidad y dificultades puestas de manifiesto a lo largo de la
investigación judicial" le han llevado a tomar esta decisión. Según han
informado fuentes jurídicas, el magistrado comenzó a cursar en noviembre del
pasado año sus peticiones para la designación de peritos, y ha preguntado a
organismos como la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o la
secretaría de Estado de Hacienda, entre otros.
Operaciones
"ruinosas"
Las ocho querellas presentadas
por el FROB se centran en el diseño y aprobación, por parte de distintos
exdirectivos de la entidad, de operaciones de financiación "verdaderamente
ruinosas", principalmente negocios inmobiliarios a los que se aparejó la
concesión de créditos presuntamente irregulares, y que depararon un elevado
perjuicio económico al banco.
En concreto el FROB presentó querellas
por una operación urbanística de la sociedad participada Nou Litoral para la
construcción de una urbanización; la financiación conferida a la inmobiliaria
Metrovacesa; la compra de dos edificios al empresario mallorquín Bartolomé
Cursach; y otras tres macrooperaciones urbanísticas financiadas por la entidad.
El fondo de rescate también se
querelló por la compraventa de participaciones de la sociedad Inversiones
Financiera Agval en 2008, la adquisición de acciones de la sociedad Costa
Bellver; la concesión de financiación a favor de la sociedad Capital
Residencial y la financiación del grupo inmobiliario Salvador.
Entre los imputados en estas
piezas por la comisión de delitos de administración desleal, apropiación
indebida y otros, se encuentran altos directivos del banco como su expresidente
José Luis Olivas, su exconsejero delegado Domingo Parra y el exdirector general
de Bancaja Aurelio Izquierdo. También están imputados el
expresidente del Valencia C.F Bautista Soler, varios integrantes de la familia
Calabuig, y distintos empresarios de la construcción.
Pedraz, que investiga otras ocho
piezas relacionadas con el Banco de Valencia, ha dado 10 días a las partes,
entre ellas la Fiscalía Anticorrupción, para que le presenten escrito y
soliciten la práctica de diligencias complementarias si lo consideran adecuado.
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