Por Mónica Melle
Hernández
Nueva Tribuna.es,
01/12/2014.
Escuchaba al Presidente José
Mújica decir “A los que les gusta mucho la plata hay que
correrlos de la política”. La avaricia y la codicia humana, unidas a la
falta de ética de algunas personas, nos llevan a la triste situación actual en
nuestro país, irrespirable por los casos de corrupción. Urge un buen gobierno
en la gestión de lo público.
No es suficiente que las administraciones públicas hagan
las cosas bien desde un punto de vista normativo y de eficacia, sino que un
buen gobierno en el sector público debe buscar aumentar la transparencia y la
rendición de cuentas en la gestión, fomentar la cultura de ética pública,
gestionar los impactos sociales, ambientales y económicos que se producen por
la actuación de la Administración, y avanzar en la profundización democrática y
en un mayor compromiso con la ciudadanía, mejorando el diálogo y la
participación de los grupos de interés.
¿Cómo conseguir un
buen gobierno público?
1- En primer
término, ampliar las exigencias de transparencia sobre
las decisiones públicas. Abrir el gobierno a los ciudadanos y las empresas a
través de Internet, un gobierno abierto (como el Open Government del
Gobierno Obama) que no sólo proporcione información económica y presupuestaria
y de la gestión pública, sino también de las subvenciones y de la contratación
pública, y de verificación de en qué se gastan los recursos públicos. En
el ámbito de contratación pública para limitar discrecionalidades de cargos
públicos es precisa una mayor transparencia de toda relación económica que
tiene cualquier administración con cualquier agente económico. Todos los
contratos que formalicen las administraciones públicas deberían estar
accesibles a los ciudadanos, tanto en el momento de la formalización como con
posterioridad. Incluso ¿por qué no retransmitir en directo todas las reuniones
de las comisiones y juntas de contratación, a través de Internet? Asimismo,
para facilitar una mayor concurrencia en la adjudicación de los contratos, se
debe fortalecer la prohibición del fraccionamiento artificial de los contratos
y limitar los procedimientos negociados sin publicidad en la contratación
2- En segundo lugar, urge una
estricta aplicación de códigos éticos de conducta. Estos códigos
son compromisos que adquieren voluntariamente los responsables públicos para
aplicar comportamientos éticos, pero para que realmente sean efectivos
requieren una cultura ética en la ciudadanía que se irá consiguiendo poco a
poco a través de una mayor concienciación y educación ciudadana en materia de
tolerancia cero con la corrupción.
3- En tercer lugar, escuchar las
demandas sociales y dar participación a los ciudadanos en la
vida política. Las mejores ideas y las mejores soluciones a nuestros
principales problemas pueden provenir de los ciudadanos. En esta línea, en el
ámbito local están cada vez más extendidos los presupuestos ciudadanos o
presupuestos participativos. Se trata de contar con la opinión de los
ciudadanos para priorizar algunas partidas de gasto, especialmente social, que
hoy día es sencillo de implementar haciendo uso de las tecnologías de la
información. En el ámbito de la contratación, aumentar la participación y la
pluralidad de grupos políticos para tomar decisiones es también una forma de
autocontrol, al promover en cierta medida incentivos de supervisión de unos
hacia otros.
4- Además, en cuarto lugar, es
preciso reforzar el control y las sanciones. La labor de control de
la gestión de las finanzas públicas debe ser interna, llevada a cabo por la
propia administración, y también externa, desarrollada por el Tribunal de
Cuentas y los Organismos autonómicos de control externos, siempre desde la
plena autonomía e independencia de los poderes políticos.
En el ámbito de la gestión
interna no son suficientes los mecanismos ex-ante de control y
fiscalización previa de las decisiones públicas a través de la intervención,
son también necesarios mecanismos internos de control ex-post, constituyendo
unidades de auditoría interna de la gestión pública para prevenir y luchar
contra el fraude. En el ámbito de la Administración Local y para evitar la
posible connivencia entre los responsables públicos de ese ámbito y los cuerpos
que ejercen la intervención, sus retribuciones deberían ser homogéneas,
prohibiéndose la incorporación de complementos específicos o productividades
adicionales en tales retribuciones por parte de las propias Administraciones
Locales.
En todo caso, es preciso reforzar
con medios materiales y humanos las fiscalizaciones y la justicia, modificando
los procedimientos para conseguir una acción rápida en la detección y castigo
de la corrupción. Deben mejorar las leyes para prevenir comportamientos
corruptos, por ejemplo aumentando a cuatro años la incompatibilidad de los
responsables públicos para ocupar cargos de responsabilidad en empresas
privadas. Y potenciarse los recursos para descubrir los delitos, creando
Oficinas Antifraude independientes de los poderes políticos, y generalizando y
ampliando el ámbito de funciones de los tribunales de contratación.
Las sanciones también deben aumentarse. En materia de
contratación pública, aunque el art. 60 de Ley de Contratos del Sector Público
prohíbe contratar con quien hubiese sido condenado por corrupción, es posible
que se produzcan subcontrataciones con empresas corruptoras, y eso debería
modificarse. Asimismo se pueden incluir en dicha Ley nuevas conductas
delictivas a las ya previstas como causantes de prohibición de contratar con las
Administraciones Pública. Todo para conseguir eliminar la impunidad.
5- Y en quinto y último lugar,
la rendición de cuentas (accountability) que, desde la
independencia, objetividad y transparencia, debe ir encaminada hacia la
evaluación del grado de cumplimiento de los compromisos y actuaciones
reflejadas en los programas electorales y, en su caso, en los posibles planes
estratégicos de las administraciones públicas. Asimismo avanzar hacia el
desarrollo de una contabilidad analítica de las diferentes actividades y
servicios de los organismos públicos que permita conocer y publicitar los
costes reales de cada actuación y política pública. Pero además, los ciudadanos
ya no quieren saber sólo en qué gastan las administraciones los recursos que
les ceden pagando los impuestos, sino que también quieren saber qué resultados
se obtienen con dicho gasto. A lo largo de la segunda mitad del siglo pasado se
desarrollaron diversos modelos de presupuestación orientada a resultados[1]. El
más conocido es el presupuesto por programas, que siempre incorpora objetivos y
resultados; haciendo posible su evaluación.
La evaluación de las políticas
públicas es además un instrumento de mejora de la gestión y de la toma de
decisiones, ya que promueve un uso más racional de los recursos y facilita
posibles correcciones de políticas una vez evaluados sus resultados. Es
necesario profundizar en la información de los resultados, esto es, en la
información de indicadores de medida adecuados que permitan un correcto
seguimiento y evaluación de resultados.
La crisis que estamos viviendo
nos obliga a poner en práctica estos principios de buen gobierno de lo público
de forma urgente. Recordando además que las ideas y buenos principios para
luchar contra la corrupción nunca serán eficaces si no llevamos a cabo un
necesario cambio cultural en nuestro país respecto a la tolerancia de la
corrupción y si no se dota de los medios y recursos suficientes a las
instituciones de control y detección de delitos.
Esperemos todo ello permita
mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y
acabar con la corrupción. Porque como la democracia no acabe con la corrupción,
será la corrupción la que acabe con la democracia.
[1] OCDE (2007): Performance
Budgeting in OCDE countries, Paris; y Robinson, M. (ed.)
(2007): Performance Budgeting. Linking funding and results, IMF.
(Nota de Carlos J. Bugallo: En
este estupendo artículo hecho en falta una mención a la participación
democrática de los funcionarios en los distintos
burós en los que trabajan; ello podría suponer, además de un plus de
eficiencia, un golpe de gracia al secretismo y al dirigismo jerárquizado, que
dan facilidades a la corrupción para cooptar al poder político y funcionarial).
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