Por Antonio M. Vélez
El diario.es, 30/12/2014.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) no parece haberse dado
por aludido y todavía no ha cumplido con la Ley de Transparencia, tres semanas
después de la entrada en vigor del título preliminar, el título I y el título
III de esa norma, que desde el pasado 10 de diciembre obligan a publicar, entre
otros datos, las retribuciones brutas anuales de los máximos responsables de
las sociedades mercantiles estatales.
El ICO, que como entidad pública
empresarial está sujeto a la Ley de Transparencia, todavía no ha hecho
público el sueldo bruto de sus primeros ejecutivos en 2013 (tuvo dos), ni
sus convenios y contratos adjudicados, a diferencia de lo que ya han hecho la
mayoría de empresas públicas, desde la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) y sus principales participadas hasta Paradores de Turismo,
por citar sólo dos ejemplos.
Estos datos no están disponibles
ni en la propia página web del ICO ni en el portal de la
transparencia que ha puesto en marcha el Gobierno. El ICO tiene
un año para adaptarse a la ley, pero la omisión es relevante, tratándose de la
séptima entidad de crédito en España y de un agente clave del sector público
empresarial.
"Nosotros no somos los
publicadores en el portal de transparencia", dicen fuentes del banco
público, que señalan que "para dar cumplimiento a dicha Ley, desde el día
10 de diciembre, en la home de www.ico.es existe un enlace de acceso directo al
Portal de Transparencia", donde estará disponible esa información
"para hacerla homogénea".
Las mismas fuentes declinan explicar por qué el organismo todavía no ha
publicado esos datos en su propia web, como han hecho la mayoría de empresas
públicas. Por su parte, el Ministerio de Economía, al que está adscrito, no
comenta este asunto.
Del Congreso a la presidencia
Desde septiembre del año pasado,
la presidenta del ICO es Irene Garrido, primera mujer al frente del organismo
desde su creación en 1971. Muy vinculada al mundo universitario, desde finales
de 2011 hasta su nombramiento fue diputada del PP en el Congreso (fue la número
dos de la lista de los populares por Pontevedra, tras la ministra Ana Pastor) y
sustituyó en el cargo a Ramón Escolano, nombrado vicepresidente del Banco
Europeo de Inversiones (BEI) en sustitución de la exministra socialista
Magdalena Álvarez.
Escolano, presidente del ICO
desde enero de 2012, había sido anteriormente director de Relaciones
Institucionales de BBVA y formó parte del segundo Gobierno de José María Aznar
como director del gabinete de Economía del presidente.
El ICO, que este año ha concedido
la cifra récord de 21.469 millones de euros en préstamos, es una entidad
pública empresarial adscrita a la secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa del Ministerio de Economía y Competitividad. El instituto actúa como
Agencia Financiera del Estado y como banco público, a través de líneas de
financiación para autónomos y pymes (que comercializan las entidades de crédito
con las que suscribe convenios de colaboración) y proporcionando financiación
directa a grandes proyectos mediante préstamos por un importe mínimo de 10
millones de euros.
Con activos totales por valor de
102.203 millones de euros al cierre de 2013, el banco público es la séptima
entidad de crédito en España por volumen de activos, sólo superada por
Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Popular. Al cotizar en bolsa,
desde 2013 estas entidades están obligadas a detallar las retribuciones anuales
de todos sus consejeros por exigencia de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), un listón que el Gobierno no ha estimado conveniente aplicar a
los consejos de administración de las empresas públicas (sólo se publica la
retribución del presidente o el director general y el total agregado del máximo
órgano de gestión).
Las funciones del ICO son
principalmente promover actividades económicas que contribuyan al crecimiento,
al desarrollo del país y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional.
El organismo se financia en los mercados de capitales (no a través de los
Presupuestos del Estado), aunque las deudas y obligaciones que contrae tienen
garantía incondicional e ilimitada del Estado.
Disponible en:
No hay comentarios:
Publicar un comentario