Por Anabel Díez
El País, 23/12/2014.
El final no está escrito ni
tampoco cuántos grupos políticos votarán con el PP, pero después de tres
reuniones de los portavoces de todos los grupos parlamentarios sí hay acuerdo
en restringirse privilegios que hasta ahora tenían. Así se pondrá de manifiesto
en las leyes de control financiero de los partidos, estatuto de altos cargos y
otras tres que se modificarán para achicar el espacio a las posibilidades de
corrupción. Pero no solo, también que se ponen restricciones a beneficios
existentes hasta ahora. Las fuentes consultadas de la oposición coinciden en
que todos están de acuerdo en prohibir la condonación de deudas de los partidos
por parte de las entidades financieras como ha ocurrido a lo largo de la
historia de la democracia recuperada. Por otro lado, los portavoces se han
reducido a la mitad las cantidades de las donaciones privadas que pueden
recibir: de 100.000 euros al año a 50.0000.
Definitivamente, las empresas no
podrán hacer donación alguna a los partidos políticos. “Hay un acuerdo general
sobre rendición de cuentas y control de las mismas, así como de medidas
relacionadas con la ejemplaridad”, dijo a este periódico el secretario general
del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, que junto al portavoz del
partido, Carlos Floriano, y el diputado José Antonio Vera negocian este paquete
de leyes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó en el Congreso
el pasado 27 de noviembre.
Las donaciones solo las podrán
hacer los afiliados porque desaparecerá de la legislación la figura de
militantes y simpatizantes ya que detrás de esas denominaciones podría haber
donaciones encubiertas. Estas serán, además, nominales y serán publicadas a
partir de los 10.000 euros. Cuando la ley salió del Consejo de Ministros la
cantidad era de 25.000 y solo a partir de ahí los donantes tendrían que dar su
nombre. Los espacios para la corrupción y la ausencia de transparencia se
acortan. Los responsables financieros de los partidos tendrán que dar cuenta de
su gestión al Parlamento. La financiación ilegal de partidos entrará en el
Código Penal, algo que los grupos no habían hecho durante estas tres décadas
largas de democracia. Los plazos de prescripción de estos delitos se aumentarán
de manera que si se descubre una ilegalidad la redención no se produzca hasta
un tiempo muy dilatado. El trasvase de dinero de las fundaciones a los partidos
también será vetado que era otra forma de financiación irregular.
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