ADICAE, 01/01/2015.
138 millones de euros de fianza,
apertura de juicio oral, cinco años de prisión, dos graves acusaciones como la
de "falseamiento de cuentas" y "administración desleal"...
son motivos suficientes para que la asociación se felicite por el auto del juez
Ruz que ordena la apertura de juicio oral contra los máximos responsables de
Caja Castilla-La Mancha, en cuya acusación, como única entidad con verdadera
intención de ejercer ese derecho, se encuentra ADICAE.
ADICAE iniciaba esta vía judicial
para exigir responsabilidades ante la quiebra de esta caja de ahorros dentro de
una estrategia global que persigue que se depuren todas las responsabilidades
por la gestión "nefasta y ruinosa" de la práctica totalidad de las
cajas de ahorro en toda España, e incluso de algunos bancos, aunque hayan
salido en teoría bien librados ante la proliferación de crédito irresponsable y
financiación irregular vinculada al boom inmobiliario. Decenas de miles de
millones de euros en forma de rescates públicos y abusos a los consumidores son
consecuencia de estas prácticas tan extendidas en aquella época.
El auto responde a los
requerimientos de la asociación en su escrito fechado a noviembre de este año,
requerimientos que ADICAE había venido solicitando en defensa de los
consumidores y los ciudadanos de Castilla-La Mancha ante el caso flagrante de
CCM: delito de Falsedad Contable y de Administración desleal, que deberían
conllevar penas de cárcel, inhabilitación y sanciones económicas.
La intervención de ADICAE como
acusación popular en este proceso constituye parte de una actuación global cuyo
objetivo es intentar que todas las responsabilidades de las quiebras e
irregularidades en diferentes entidades financieras salgan a la luz y se
liquiden, y que el daño producido a los clientes, a los afectados de
participaciones preferentes, cláusulas suelo, y a los ciudadanos en general,
sea objeto de resarcimiento.
ADICAE considera necesaria la
apertura de una “causa general” por la quiebra de las cajas de ahorros,
teniendo en cuenta que la liquidación del patrimonio de las cajas, que
constituían el 50% del sector financiero español, y el abandono de su obra
social, son en sí mismos motivos de peso para ello. A la espera de decisiones
similares en el resto de casos abiertos, la asociación seguirá trabajando para
que se depuren todas las responsabilidades en todas las entidades.
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