Por Carlos Cruzado
Nueva Tribuna, 25/01/2015.
Hace unos días, el
secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, señaló que el Gobierno está
ultimando el nuevo Reglamento sobre el Impuesto de Sociedades, que prevé su
entrada en vigor durante el primer semestre del año. Esta normativa, según
Ferre, procura la mayor transparencia de las compañías trasnacionales, a las
que se les exigirá que presenten informes sobre sus actividades “país por país”
con el fin de conocer lo que tributan en cada uno y los beneficios que
obtienen.
Esta y otras medidas que
pretenden seguir el modelo británico, tienen por objeto evitar la elusión
fiscal y, sobre todo, elusiones masivas como la que estimó en su día el
servicio de estudios de Fedea, que cifró en 144.000 millones de euros
el dinero que los españoles ocultan en paraísos fiscales –una cifra
que seguramente es muy superior a la vista del dinero que se va destapando en
cuentas opacas–. Ahora bien, cuando hablamos de “españoles” obviamente nos
estamos refiriendo tanto a personas físicas como sociedades.
Los paraísos fiscales son el destino de
operaciones que mueven importantes sumas de dinero, aunque dada la falta de
transparencia es difícil cuantificar su magnitud. Algunas estimaciones cifran
en más de 19 billones de euros la riqueza global depositada en estos
territorios de baja tributación, lo que equivale a un tercio de la
economía mundial.
Para hacernos una idea,
estas cantidades multiplican por veinte el PIB español y son
gestionadas por tres actores principales: corporaciones multinacionales, bancos
y grandes patrimonios, tal y como ha señalado en reiteradas ocasiones el
economista Alberto Garzón. Según el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, entre
las grandes compañías se encuentran la mayoría (94%) de las que cotizan en el
Ibex 35, que cuentan con filiales en paraísos fiscales.
Respecto a los grandes patrimonios, en muchas ocasiones buscan ocultar su
identidad a través de los paraísos fiscales, valiéndose del secreto bancario y
de la ineficacia en el intercambio de información entre países, pero también de
las muchas facilidades que tienen para constituir sociedades y otras figuras
jurídicas sin demasiadas exigencias de identificación.
Las entidades financieras,
por su parte, pretenden, además de reducir su factura fiscal y facilitar el
acceso a sus clientes preferenciales a dichos territorios, escapar a los
estrictos controles a los que suelen estar sometidos por parte de los bancos
centrales de sus países de origen. También pretenden esquivar las normas
estatales a las que están normalmente sujetos para controlar e impedir excesivas
exposiciones a prácticas de riesgo. De hecho, fue a través de estos territorios
cómo los bancos estadounidenses operaron con las hipotecas subprime que
esparcieron impunemente la crisis económica actual a todo el mundo.
A tenor de lo expuesto, los
Técnicos del Ministerio de Hacienda instamos al Ejecutivo a promover un acuerdo
en el seno de la OCDE para la obtención automática de información de carácter
mercantil o tributario de las personas y empresas que operan o son titulares de
bienes o derechos en estos territorios off-shore, complementando y ampliando a
todos los territorios el firmado por 50 países el pasado mes de octubre. Con
medidas de este tipo se luchará más efectivamente contra el fraude fiscal en
nuestro país, ya que más del 70% de la evasión procede precisamente de grandes
corporaciones y patrimonios, que cada año eluden el pago de la friolera de más
de 40.000 millones de euros.
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