Por Andreu Missé
El diario.es,
03/01/2015.
Estos días hemos asistido a la
ceremonia del gran acuerdo social por el que tras largas negociaciones el
Gobierno de Mariano Rajoy ha concedido una nueva ayuda a los parados que
llevaban más de seis meses sin cobrar una prestación. El auxilio consistirá en
426 euros mensuales durante seis meses a los desempleados que reúnan
determinadas condiciones. La ayuda beneficiará a unas 450.000 personas durante
seis meses y tendrá un coste de unos 1.200 millones de euros.
En España hay 5,4 millones de
parados, según la Encuesta de Población Activa (EPA) o 4,5 millones, según el
paro registrado por la Seguridad Social, pero sólo 2,4 millones reciben
prestaciones. Así que en el mejor de los casos hay más de dos millones de
trabajadores sin empleo que carecen de la más mínima ayuda. La subvención
concedida ahora sólo alcanzará a un 25% de este colectivo y dejará a 1,5
millones de personas desprotegidas.
La primera constatación de estas
cifras es la lentitud del Gobierno en la concesión de esta última ayuda y la
facilidad con que se otorgaron las cuantiosas subvenciones públicas a la banca
durante los primeros años de la crisis. Entre 2009 y 2012, los bancos españoles
recibieron 88.138 millones de euros de ayudas directas en forma de
recapitalizaciones y adquisiciones de activos dañados por parte del Estado
español y de la Unión Europea, según la Comisión Europea. De este volumen ya se
dan por perdidos más de 51.000 millones.
Las entidades financieras
recibieron también importantes ayudas indirectas. Así solamente en 2012,
lograron en forma de avales y otras medidas de liquidez más de 75.000 millones
de euros. Además los bancos consiguieron otro tipo de soportes como avales del
Estado por un total de 31.000 millones para que pudieran convertir activos
bancarios de baja solvencia, los denominados créditos fiscales (DTA por sus
siglas en inglés), en capital de máxima calidad.
A estos apoyos hay que añadir la
financiación privilegiada otorgada por el Banco Central Europa (BCE) a la banca
europea, en diciembre de 2011 y febrero de 2012, por un volumen total de un
billón de euros al 1% de interés y un plazo de tres años. Las entidades
españolas fueron las principales beneficiarias de esta financiación
privilegiada del BCE. Durante la mayor parte de 2012, la banca española recibió
un promedio de 300.000 millones de euros de la entidad que preside en Mario
Draghi, que invirtieron sobre todo en deuda pública, obteniendo un beneficio de
más de 12.000 millones de euros.
Aunque las partidas de ayudas son
de naturaleza distinta y no se pueden sumar simplemente, lo cierto es que el
volumen total de recursos públicos directos e indirectos empleados para salvar
al sector financiero es mareante. Es cierto que las subvenciones a los parados
han llegado a superar los 30.000 millones anuales en 2010 y 2011. Pero en los
presupuestos de 2015 se prevé un recorte de las prestaciones del 15%
hasta reducirlas a 25.000 millones de euros, cuando el número de desempleados
previsto por el propio Gobierno se reducirá sólo en el 8% hasta quedar en 5,2
millones. Cuando se trató de ayudas a la banca no hubo nunca límites ni
reticencias.
Esta disparidad de trato está en
la raíz de que España sea el país europeo en el que más ha crecido la
desigualdad durante la crisis, según la Organización para la Cooperación y
Desarrollo, (OCDE).
Pero la diferencia más sustancial
es que mientras la banca ya ha salido de la crisis, millones de parados se han
convertido en excluidos sociales crónicos. En los nueve primeros meses de este
año, la banca ha declarado unos beneficios de 7.450 millones, el 11% más que en
el mismo periodo del año anterior. Por el contrario para varios millones de
parados su situación es peor que nunca, pues ahora se encuentren sin trabajo,
sin reservas y sin protección pública.
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