Por J. Jiménez Gálvez
El País, 23/06/2015.
La escena se ha repetido en las últimas dos semanas en
diferentes puntos de España: concejales y alcaldes de las plataformas
municipalistas mediando en desahucios. "Eso significa
ser el alcalde de todos", incidía José María González, nuevo
regidor de Cádiz, en una entrevista publicada este martes, el mismo día en que Amnistía
Internacional (AI) ha arremetido contra las autoridades españolas
por la actitud que han mantenido sobre este tema durante toda la crisis. “Han
incumplido todas las obligaciones internacionales sobre el derecho a la
vivienda”, ha recalcado Esteban Beltrán, director de la ONG, durante la
presentación de un nuevo informe que revela que ya se han producido más de
600.000 ejecuciones hipotecarias desde 2008. De ellas, solo entre 2012 y
mediados de 2014, casi 100.000 afectaron a viviendas principales.
"Muchas autoridades en
España no conciben la vivienda como un derecho humano, sino como un bien de consumo.
Esa es la raíz fundamental de este problema", ha explicado Beltrán, antes
de que Koldo Casla, autor del informe, ahondase en las principales medidas
políticas que han supuesto una "regresión" en el país. Como recoge el
documento publicado este martes, el gasto en vivienda social se ha reducido en
más de un 50% en los Presupuestos Generales del Estado entre 2009 y 2014.
Un "recorte
llamativo" —en boca de Casla— que se produce en un país
que invierte poco en este tipo de inmuebles, en comparación con las naciones de
su entorno. Según los datos del estudio de AI, titulado Derechos
desalojados, España cuenta con un 1,1% de viviendas sociales; situándose
así a la cola de la Unión Europea. Solo Grecia presenta un porcentaje más
bajo. Y Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%) se
encuentran muy lejos.
A este contexto se suma, además, que España concentra cerca del 30%
de todas las viviendas vacías que hay en Europa. "Las
autoridades de las comunidades y del Gobierno central no han intensificado su
uso, tal y como recomendaba en 2008 el Relator Especial de la ONU sobre el
derecho a una vivienda adecuada", incide el informe de Amnistía, que
recoge también cómo se ha procedido durante estos años a la venta de
inmuebles sociales a fondos de inversión —casi 5.000 en la Comunidad
de Madrid y cerca de 400 en Cataluña—.
"Es difícil encontrar en
España una violación de derechos humanos tan extendida y tan invisible",
ha continuado Esteban Beltrán, que ha denunciado cómo las autoridades españolas
han obviado todas las recomendaciones internacionales que se le han hecho sobre
la materia. "Por ejemplo, no se ha creado un mecanismo obligatorio para
mediar", ha remarcado el director de la ONG, que ha añadido que todas las
políticas desarrolladas en el país se han centrado en aliviar la deuda: "Y
no en reconocer el derecho a la vivienda como un derecho fundamental".
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