Por Vicenç Navarro
Público.es,
25/06/2015.
Cuando el Profesor Juan Torres y
yo escribimos las líneas estratégicas para desarrollar el programa económico
del nuevo partido Podemos (documento que ha servido de base para la reflexión y
preparación de tal programa por dicho partido político), una de las
recomendaciones que hicimos fue que se expandiera el sector público bancario,
uno de los más pequeños en la UE-15, siendo la escasa dimensión del mismo una
de las causas de que España sea uno de los países en esta comunidad donde ha
sido más difícil para las familias y para las pequeñas y medianas empresas
conseguir acceso al crédito, una de las causas del retroceso y lentitud de la
recuperación económica. Pero nuestra recomendación no se paró aquí. Fuimos
incluso más allá, sugiriendo un cambio constitucional que declarara la
provisión de servicios de la banca privada como una función pública, es decir,
que las bases de su existencia fueran la provisión de crédito. Los taxis en
España, por ejemplo, son privados, pero ejercen una función pública, que
justifica los privilegios que obtienen, como es el de utilizar carriles de
transporte reservados para el transporte público.
Ni que decir tiene que, como era
previsible, la respuesta de la prensa económica, controlada por la banca
privada, así como de las páginas económicas de los grandes medios de
información y persuasión, que están endeudados hasta la médula, lo cual explica
su actitud casi servil hacia el poder financiero, fue de una enorme hostilidad,
alcanzando niveles de una bajeza y mezquindad que yo nunca había visto y
experimentado en los muchos países en los que había vivido y trabajado durante
mi largo exilio (Suecia, Reino Unido y EEUU). Y como era predecible, el
panfleto del Ibex-35, que se titula Nada es gratis (fundado, entre
otros, por el asesor económico de Ciudadanos, que también asesora a la banca
privada), dedicó toda una serie de artículos para desacreditar nuestras
propuestas y, cómo no, a nosotros, sus autores.
Dejando aparte los insultos,
mentiras y falsedades (que caracterizaron las páginas de tales fórums,
consecuencia de su escasa cultura democrática), es importante centrarse en la
línea central de su argumento, que subraya que, como ya han mostrado las cajas
de ahorro, la banca pública ha fracasado en España, consecuencia de su
instrumentalización por el poder político que las controlaba. “¿Cómo Navarro y
Torres pueden todavía hoy hacer tal propuesta cuando la experiencia de las
cajas de ahorro ha mostrado tan claramente el desastre de la banca pública?”.
Esta frase, o algo parecido, apareció en la mayoría de las revistas económicas
donde se reproduce la sabiduría convencional.
Las cajas de ahorros no eran bancos públicos
El problema con tal argumento es
que las cajas de ahorro no eran bancos públicos. Utilizar el supuesto
fracaso de las cajas de ahorro como muestra del fracaso de la banca pública es
insostenible e irrelevante, pues no están comparando manzanas con manzanas,
sino con melones. Las dos entidades –las cajas de ahorro y los bancos públicos-
son distintas, en su identidad, en su gobernanza y en sus objetivos. Veamos los
datos.
Las cajas de ahorro no eran
propiedad de accionistas que cotizaran en el mercado bursátil, ni tampoco eran
propiedad de una autoridad pública a la cual rindieran cuentas. No estaban ni
sometidas a lo que se llama la disciplina del mercado (aunque en España tal
disciplina tampoco caracteriza el mercado financiero altamente concentrado) ni
tampoco eran responsables (“accountable”, en inglés) ante una autoridad que las
poseyera. Las cajas eran instituciones privadas, parecidas a las fundaciones,
sin que estuvieran sujetas al régimen jurídico de las fundaciones. Según las
leyes que regularon su gobernanza (leyes aprobadas en 1985 y en 2002), sus
órganos de gobierno tenían tres grupos de propietarios (o accionistas en la
narrativa de la banca privada). Uno eran personajes procedentes de
administraciones públicas (que no debían representar un porcentaje mayor del
50% del Consejo Directivo); otros eran los clientes-impositores (que debían ser
entre un 25 y un 50% de tales cargos); y otros eran los trabajadores de la
entidad (que representaban entre un 5 y un 15%).
Tal diversidad de tipo de
“accionistas” (diversidad que se incrementaba al incluir personajes de opciones
políticas existentes dentro del grupo asignado a la administración pública)
facilitó la concentración del poder en manos de los gestores de las cajas, que
llegaron a tener un enorme poder, que muchos utilizaron de forma clientelar e
incluso corrupta, como fue el caso del Presidente de Caja Madrid. Fue esta
enorme concentración de poder en los presidentes de las cajas, con limitada
presión para rendir cuentas, lo que creó el supuesto fracaso de estas (en
aquellas que fracasaron, y que no fueron todas. En realidad muchas cajas, como
La Caixa, continuaron siendo altamente exitosas).
En realidad, la experiencia con los bancos públicos ha sido muy limitada en
España. El ICO (Instituto de Crédito Oficial), una agencia pública, no es una
banca pública pues, aun siendo una institución pública de crédito, su actividad
crediticia se realiza a través de la banca privada, hecho que encarece el
crédito innecesariamente y desplaza a la banca privada la gestión del crédito.
En nuestro documento para Podemos hicimos la recomendación, ridiculizada por
los gurús mediáticos, afines al capital financiero, de que el ICO actuara como
un banco público, pidiendo prestado dinero del BCE y ofreciéndolo directamente
a las pequeñas y medianas empresas, sin externalizar su gestión.
La experiencia internacional
Sorprenderá al lector que en el
mundo hay muchos más bancos públicos que privados. En realidad, la banca
pública existe ampliamente en Europa, y, como he documentado en otros
artículos, ha jugado un papel clave en las economías que se consideran más
exitosas. Los bancos públicos han sido, por ejemplo, centrales en el éxito del
mal llamado milagro económico alemán. Un tanto igual ocurre en Francia, Italia,
Reino Unido, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Austria, EUUU y
Canadá. En todos estos países, estos bancos públicos (tanto a nivel central
como regional e incluso urbano) han sido elementos fundamentales del desarrollo
económico.
No en España, donde la banca
pública apenas existe, y ello como consecuencia del enorme poder (a todas luces
claramente exagerado) político y mediático que la banca privada, y muy en
particular los tres grandes bancos, Santander, BBVA y CaixaBank, que controlan
más del 60% del mercado financiero, tiene. En realidad, es práctica común que
los dirigentes de estos bancos tengan relaciones preferenciales con los
gobiernos españoles, tanto centrales como autonómicos, instruyendo a los
gobernantes sobre qué políticas públicas deben aplicarse. Son también los
bancos privados los que canalizan predominantemente el enorme fraude fiscal
realizado (el 73%) por las grandes fortunas y por las grandes empresas, que
detraen del fisco casi 43.000 millones de euros al año. Hoy la banca privada,
en complicidad con los paraísos fiscales, juega un papel central en el fraude
fiscal. El mayor fraude que existe en España está también relacionado con la
excesiva extensión de su banca privada (casi tres veces superior en proporción
que en EEUU).
Pero la situación es todavía
peor; la banca privada, incluyendo los tres grandes bancos citados en el
párrafo anterior, ha conseguido millones y millones de euros prestados del
Banco Central Europeo (que no es un banco central, sino un enorme lobby de la banca
privada) a unos intereses bajísimos (menos de un 1%). Con este mismo dinero, en
lugar de ofrecer crédito, ha comprado deuda pública que tenía una enorme
rentabilidad, pues la compraba a unos intereses del 6, 8, o incluso 12% en el
caso de los bonos públicos del Estado griego. Es el chollo del siglo. Imagínese
usted, lector, que recibe dinero a unos intereses bajísimos, y con este dinero
prestado se compra algo que le da unos intereses muchísimas veces superiores a
los que usted pagó. Se haría millonario en pocos días. Pues esto fue lo que
ocurrió con la banca privada española.
Las complicidades entre la banca privada y el poder político
La complicidad entre el Banco
Central Europeo y la banca privada ha alcanzado niveles escandalosos. Pero lo
que es incluso más indignante es que, cuando los bancos privados, incluidos los
tres grandes, comenzaron a comprar tanta deuda pública (incluyendo de Grecia)
que podrían incluso colapsar en caso de que los Estados, como Grecia, no
pudieran pagarles, entonces el BCE, el FMI y los gobiernos de la UE les
compraron la deuda pública a fin de que no perdieran y salieran dañados. La
famosa deuda pública griega se debe ahora no a los bancos privados, sino a las
autoridades públicas que gastaron el dinero de los contribuyentes del erario
público de cada país para salvarlos del colapso. Y para colmo de desfachatez,
ahora los gobiernos que ayudaron de una manera descarada a la banca, como fue
el gobierno español, movilizan a la opinión popular para atacar al gobierno
Syriza diciéndole que deben pagarles la deuda, la cual ha hecho mucho daño a
Grecia, y cuyo rescate para salvar a los bancos también se ha hecho a costa de
más y más recortes en los países cuyos gobiernos ayudaron a la banca privada.
En Europa, hoy, el que no está indignado es porque no conoce lo que pasa en su
entorno.
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