Por María Fernández
El País, 08/06/2015.
Los ejecutivos de la CAM
y Caixa Penedés
fueron los primeros en responder ante la justicia por abusos en las antiguas
cajas de ahorro. Hoy le toca al turno a los directivos que pilotaron la fusión
entre Caixa Galicia
y Caixanova.
Julio Fernández Gayoso, expresidente, y los codirectores José Luis Pego y
Javier García de Paredes, junto con otros dos ejecutivos y un asesor, se
enfrentan a penas de tres años de cárcel por indemnizaciones que suman 18,9
millones de euros.
Administración indebida,
administración desleal, estafa. Si hace diez años alguien llega a acusar de
estos delitos a los todopoderosos directivos de las cajas gallegas lo habrían
tomado por loco, o cosas peores. Sin embargo este lunes cinco de ellos —junto a
un asesor— se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional por imputaciones
que pueden llevarles a cumplir hasta tres años en prisión. El proceso no tiene
que ver con los 9.000 millones que necesitó la integración de Caixa Galicia y
Caixanova en Novagalicia Banco, ni con la venta masiva de participaciones
preferentes que afectó a cerca de 40.000 pequeños ahorradores. La Fiscalía
Anticorrupción los acusa de haber modificado sus contratos tras el
proceso de fusión, que tuvo lugar a finales de 2010 para “preparar la lucrativa
y previsible salida de la entidad, pues tenían pleno conocimiento de la
inminente bancarización de la misma”. La operación, que terminó con
indemnizaciones que suman 18,9 millones, se habría llevado a cabo con engaño,
haciendo pasar sus contratos blindados por acuerdos parecidos a los que tenía
el resto de la plantilla, sin que el consejo supiese nada.
Julio
Fernández Gayoso, que ejerció el poder durante varias décadas en la
Caja de Vigo y que llega al juicio con 84 años, habría actuado junto al asesor
Ricardo Pradas como cooperador al autorizar los nuevos acuerdos para indemnizar
con sumas millonarias a sus ejecutivos, “anteponiendo los intereses
particulares de los directivos a los de la entidad”.
José Luis
Pego llevaba menos de seis años como director cuando recibió por el
despido 7,7 millones de euros brutos, equivalentes a su salario fijo (627.000
euros) multiplicado por los años que le quedaban para jubilarse (12). Javier García
de Paredes, exdirector adjunto, se embolsó 5,6 millones por la renuncia a su
puesto. El finiquito para el director de la división inmobiliaria, Gregorio
Gorriarán Laza, fue de 4,8 millones mientras que Óscar Rodríguez Estrada,
director de la oficina de integración e histórico colaborador de Gayoso al que
le quedaban dos años para jubilarse, percibió 691.000 euros. En total los 18,9
millones de euros de sus finiquitos sumaban casi un tercio del valor que
Novacaixagalicia, la caja resultante, tenía tras la primera inyección del
rescate público. “Dichas liquidaciones no fueron conocidas ni autorizadas por
el consejo de la caja hasta después de su pago ni tampoco por el Banco de
España”, aseguran las fiscales Pilar Melero y Concepción Nicolás en su escrito.
Además de la pena de prisión reclaman a los acusados el importe íntegro de sus
indemnizaciones. El tribunal, presidido por Alfonso
Guevara, escuchará a lo largo de las nueve sesiones a 47 testigos,
desde consejeros a peritos, otros directivos y representantes del Banco de
España.
Los acusados defienden que sus
finiquitos se ajustaban a la legalidad y previsiblemente delegarán toda la
responsabilidad en el consejo de administración que los autorizó. Tanto las
fiscales como el FROB, personado como acusación, sospechan sin embargo que su
aprobación se camufló entre los puntos del orden del día de una sesión
celebrada en pleno mes de agosto de 2011 en la que se aprobó una dotación
específica para una eventual extinción de los contratos sin explicar el impacto
que tal provisión iba a tener en las cuentas.
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