Por J. A. Aunión
El País, 10/06/2015.
A Mónica Grillo, de 38 años, le agobia la idea de
estar pagando hipoteca hasta bien pasados los sesenta. Cada vez que junta unos
pocos ahorros, los dedica a ir amortizando la deuda del piso en el que vive con
sus dos hijos en un barrio de reciente construcción en Leganés (Madrid). Por
eso cuenta que sintió mucha rabia cuando escuchó hablar de las cláusulas suelo, esas que
establecen un mínimo a pagar en las letras de la casa por mucho que bajen los
tipos de interés. Ella las está pagando, y por su culpa se le encarece la letra
unos 2.000 euros al año. Según ha leído, no tiene por qué hacerlo. La justicia
está declarando casi todas esas cláusulas nulas por abusivas, porque la mayoría
de la gente no fue informada con claridad de lo que estaba firmando.
A ella, que se había subrogado en
la hipoteca contraída por el promotor, nadie le había hablado de ningún suelo.
Y cuando hace unos meses fue a su banco, Caja España, a reclamar, le hicieron
una oferta: “Me dijeron que me la rebajaban del 3,15% al 2,8%, y solo si además
contrataba el seguro de la casa con ellos”, asegura. “Me están choriceando”, se
queja. Les dijo que no y ha acudido a los tribunales. "Nuestra entidad
analiza caso a caso. Cada uno tiene sus circunstancias, somos sensibles a
ellas, y actuamos en consecuencia cuando así procede", señala una portavoz
de Banco Ceiss (Caja España- Duero).
Han pasado ya dos años desde que
el Tribunal
Supremo dio un golpe, que parecía de muerte, a esas cláusulas suelo.
Pero aún aguantan en vigor en unos dos millones de hipotecas, según la
asociación de usuarios ADICAE. Los usuarios, además, siguen desconcertados. No
saben dónde ni cómo tienen que reclamar y cuando van al banco a pedir que les
retiren esa condición, lo que suelen encontrar es una contraoferta como la que
recibió Grillo o, directamente, un rotundo no, asegura Javier Gastón, socio
fundador de Denunciascolectivas.com, una de las plataformas más combativas.
El proceso de reclamación
En ese momento el consumidor
puede poner una queja ante el servicio de atención al cliente del banco, que
tiene dos meses para responder. Después, si no está conforme, puede recurrir al
servicio de reclamaciones del Banco de España. Estas quejas, aunque menos que
en 2013, alcanzaron la
cifra de 15.479 en 2014. La contestación, en el plazo de seis meses,
no es vinculante para el banco, así que el siguiente paso, si no se consigue el
resultado esperado, serían los tribunales.
De hecho, las demandas van en
aumento, aseguran fuentes jurídicas. Por ejemplo, el Juzgado de lo Mercantil de
Segovia recibió 92 en el primer trimestre del año, las mismas que en todo 2013;
en el de Málaga, fueron 984 hasta abril (en todo 2014, fueron 2010); el de
León, 350 entre enero y febrero; en el de Burgos hay un juez de refuerzo que se
encarga casi exclusivamente de estos casos y en Sevilla también hay refuerzos...
La sentencia del Supremo que dio
origen a todo esto, de mayo de 2013, declaró nulos los suelos fijados por el
BBVA, Cajas Rurales Unidas y NovaGalicia (entidades que retiraron las
cláusulas). El alto tribunal dijo que esas condiciones, en abstracto, son lícitas,
pero que son abusivas si el proceso no fue transparente, es decir, si no se le
explicó bien al cliente qué estaba firmando. Fijó además unas condiciones para
establecer esa transparencia que muy pocas entidades cumplen o pueden demostrar
que cumplieron. Por ejemplo, que ofrecieron información suficientemente clara
de que se trata de un elemento definitorio del contrato y simulaciones
concretas de escenarios si los tipos de interés suben o bajan mucho.
Condiciones lícitas
Los bancos se aferran desde entonces
a esa parte de la sentencia que determina la licitud de las cláusulas salvo que
se demuestre lo contrario. Han negociado con sus clientes en ocasiones, pero no
de forma generalizada, a pesar de que, cuando el usuario ha acudido a los
tribunales, casi siempre le han dado la razón. También recuerdan que el Banco
de España dijo en un informe de 2010 que esa cobertura de riesgo —que asegura un
beneficio al banco en época de vacas flacas— permitió durante muchos años al
consumidor acceder en mejores condiciones a una hipoteca. “Son positivas desde
el punto de vista del coste medio para los clientes bancarios del crédito
hipotecario a lo largo de la vida del contrato”, dice aquel trabajo.
Para Javier Gastón, los gastos en
peleas judiciales generalmente perdidas y el daño de imagen se compensan porque
muy poca gente acaba denunciando por los gastos que acarrea o por falta de
información (entre el 3% y el 5% de los afectados lo ha hecho hasta ahora) y
porque, mientras se mantengan en vigor, suponen un beneficio muy importante
para las entidades bancarias. Por ejemplo, su eliminación se traduciría en un
roto de 129 millones euros en 2015 para el Banco Popular.
A Carlos Villaseca, de 39 años,
también le han dicho en su entidad que no le quitan su cláusula. Las
condiciones generales de su crédito para comprar una casa en Aranjuez
establecen un techo máximo a pagar de un 20% y, como contraprestación, el
cliente aceptaba un suelo del 3,75%. Él ni se enteró de que lo hacía. Desde
hace unos años está pagando 959 euros al mes, hasta 300 euros más de lo que le
habría correspondido sin ese suelo.
En 2006, cuando se reunió en la
inmobiliaria con el comercial de Credifimo (perteneciente entonces a Cajasol,
hoy de Caixabank), lo único que le dijeron sobre esas condiciones fue: “Eso
significa que solo vais a pagar lo que podáis pagar, entre 900 y 1.000 euros al
mes. Es una de las mejores hipotecas del mercado; se adapta perfectamente a vuestras
necesidades”. Villaseca, entonces, aceptó la explicación, entre otras
cosas porque les estaban dando el dinero con sus nóminas como único aval.
Un portavoz de Caixabank explica
que este caso es muy particular. Credifimo ha titulizado una parte de las
hipotecas (las ha convertido en títulos que los inversores compran en el
mercado), lo que no permite margen de maniobra. En las que dependen
directamente de ellos, asegura el mismo portavoz, se revisa caso por caso y, en
general, intentan llegar a algún tipo de acuerdo.
En Denunciascolectivas.com, y en
muchos bufetes de abogados, admiten que en muchos casos los bancos
efectivamente, negocian y acuerdan. Pero, eso sí, una vez que se ha presentado
una denuncia judicial. Así, la situación hoy es de lo más heterogénea: algunas
negociaciones sin publicidad en los bancos; cientos de contenciosos judiciales parados
hasta que resuelva una macrodemanda de 15.000 afectados a 101 entidades
interpuesta por la asociación de usuarios ADICAE; sentencias que siguen
saliendo y aplican lo fijado por el Supremo (si hay falta de transparencia se
declaran nulas y se exige la devolución desde 2013); y otras que no le hacen
caso y exigen que se restituya absolutamente todo el dinero.
Disponible en:
No hay comentarios:
Publicar un comentario