Por L. Ballester
Levante-EMV, 25/06/2015.
Las demandas a las entidades
bancarias de usuarios afectados por preferentes, acciones o morosidad han
colapsado los juzgados de Primera Instancia de Valencia y el resto de partidas
judiciales de la provincia, según denunció ayer Intersindical Justicia.
El sindicato achaca a «las entidades financieras» la situación de los juzgados valencianos por las masivas demandas presentadas por los usuarios por las preferentes y las acciones de Bankia (que rozan las 10.000 desde 2013). Y llueve sobre mojado porque se acaban de sumar los 3.400 escritos presentados, sólo en Valencia, por «las más de 3.000 cesiones de crédito del BBVA en Valencia, que ha vendido a un fondo de inversión, que está solicitando la reapertura de expedientes que en su día ya se tramitaron y se archivaron, por lo que habrá que buscarlos de nuevo y volver a tramitarlos. Esto va a ser el caos», explicaban ayer fuentes de Intersindical Justicia a Levante-EMV.
La avalancha de demandas provoca falta de espacio físico por toda la documentación que se acumulan, «por lo que se trabaja rodeado de expedientes tanto en las mesas como alrededor de las sillas». Los funcionarios también se ven obligados a atender «cientos de llamadas telefónicas y visitas del ciudadano en el mostrador que solicitan información, que impiden avanzar en la tramitación de los expedientes, ya que son los mismos funcionarios los que tienen que tramitar y atender al público y el teléfono», lamentan desde Intersindical.
El sindicato achaca a «las entidades financieras» la situación de los juzgados valencianos por las masivas demandas presentadas por los usuarios por las preferentes y las acciones de Bankia (que rozan las 10.000 desde 2013). Y llueve sobre mojado porque se acaban de sumar los 3.400 escritos presentados, sólo en Valencia, por «las más de 3.000 cesiones de crédito del BBVA en Valencia, que ha vendido a un fondo de inversión, que está solicitando la reapertura de expedientes que en su día ya se tramitaron y se archivaron, por lo que habrá que buscarlos de nuevo y volver a tramitarlos. Esto va a ser el caos», explicaban ayer fuentes de Intersindical Justicia a Levante-EMV.
La avalancha de demandas provoca falta de espacio físico por toda la documentación que se acumulan, «por lo que se trabaja rodeado de expedientes tanto en las mesas como alrededor de las sillas». Los funcionarios también se ven obligados a atender «cientos de llamadas telefónicas y visitas del ciudadano en el mostrador que solicitan información, que impiden avanzar en la tramitación de los expedientes, ya que son los mismos funcionarios los que tienen que tramitar y atender al público y el teléfono», lamentan desde Intersindical.
La situación puede agravarse, según fuentes sindicales, «con la modificación del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal que llevan aparejada la despenalización de muchos procedimientos, entre ellos los derivados de accidentes de tráfico en los que las faltas pasarán a la vía civil por lo que también se tramitarán en los Juzgados de Primera Instancia».
El colapso, además, viene de lejos. El sindicato denuncia que «se produjo al eliminar la Dirección General de Justicia una plaza del cuerpo de Gestión en cada uno de los Juzgados de 1ª Instancia de Valencia, con el objetivo de aumentar la plantilla en los Juzgados de la provincia, que un año no se ha realizado». A pesar de haber denunciado este hecho, «el equipo del conseller de Justicia en funciones, ignora las peticiones de refuerzo de funcionarios y deja una herencia de colapso en la jurisdicción civil», lamenta Intersindical.
Además, esta eliminación de plazas «tenía por objeto la creación de 15 juzgados, pendientes de creación desde 2010, aunque se publicó la suspensión de su creación en junio de 2011». Para paliar esta situación, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a petición de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), «dotó de jueces de refuerzo a estos órganos, pero la Conselleria de Justicia, fiel a su trayectoria, hace caso omiso de las solicitudes de refuerzos y como colofón el plan de refuerzo ha sido reducido, no dotando a ningún juzgado civil de refuerzo»
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