FACUA, 19/05/2015.
Consumidores en Acción denuncia
la permisividad absoluta con los fraudes de la banca por parte del Gobierno y
las comunidades autónomas. La asociación considera un escándalo la
permisividad, arbitrariedad y descoordinación en las actuaciones de los organismos
competentes, que favorecen la impunidad de las entidades financieras.
El Banco de España, que no tiene
potestad sancionadora, emitió en 2014 un total de 6.028 resoluciones favorables
a las reclamaciones presentadas por los usuarios pero la banca hizo caso omiso
del 83,2% (cinco de cada seis) aprovechándose de que no son vinculantes. El
Ministerio de Economía, que sí tiene capacidad para imponer multas, no lo hace
por muy graves que sean las irregularidades, critica FACUA.
Ni sanciones ni acciones de cesación
Por su parte, ni la Secretaría
General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad ni su Agencia Española
de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), impulsan acciones de
cesación contra prácticas fraudulentas llevadas a cabo desde el sector
financiero.
FACUA critica que desde Sanidad y
la Aecosan tampoco se impulsan y coordinan medidas de forma sistemática y
eficaz con las comunidades autónomas para que éstas tramiten las denuncias y
multen a los bancos (o a cualquier otra empresa) que incurren en fraudes de los
que son víctimas consumidores de todo el país.
En cuanto a las autoridades de
protección al consumidor autonómicas, que sí tienen potestad sancionadora,
habitualmente se desentienden de las reclamaciones de los usuarios contra los
bancos y les derivan al Banco de España. Y ello aunque las prácticas
denunciadas vulneren la normativa de consumo, por lo que la banca se suele
librar de las multas fijadas en ella por la pasividad e inoperancia de las
comunidades autónomas, lamenta FACUA.
Cláusulas suelo y preferentes
Dos de los mayores fraudes que
han sufrido los consumidores en España, las cláusulas suelo y las preferentes,
no han sido objeto de sanciones contundentes por parte de las autoridades
competentes. Las administraciones se han tirado años desentendiéndose de las
denuncias de organizaciones como FACUA pasándose la pelota de unas a otras o,
en el mejor de los casos, aplicando multas absolutamente ridículas.
En este sentido, la asociación
advierte de que la situación se agrava por la ausencia de criterios por parte
de las autoridades de consumo autonómicas para ponderar las sanciones sobre la
base de la gravedad de los fraudes, que en muchos casos reportan a los bancos
denunciados beneficios ilícitos por importe de cientos e incluso miles de
millones, como ha ocurrido con las cláusulas suelo.
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