Por Ángel Montiel
La Opinión de Murcia,
22/12/2016.
Quien lea este titular dirá: vaya novedad. Pero una cosa es
que lo deduzcamos por razonables prejuicios, y otra que quede plenamente
certificado por las declaraciones de los propios ministros.
En este país se ha cometido una estafa a gran escala contra
los consumidores perpetrada por la banca nacional mediante el establecimiento
de obligaciones abusivas en la letra pequeña de los contratos de los créditos
hipotecarios. Así lo ha determinado la sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, que insta a que los bancos devuelvan lo afanado en concepto de
´cláusulas suelo´. Son unos cuantos miles de millones de euros que, desde
luego, no será fácil de recuperar por los ciudadanos afectados, ya que cada uno
de ellos deberá pleitear para verse resarcido. Muchos ya lo hicieron sin ningún
éxito antes de esta sentencia, aun cuando el Supremo reconoció también como
´abusiva´ esa imposición extravagante en la concesión de los préstamos, de
manera que lo suyo ya es ´causa juzgada´, y otros ni siquiera dispondrán de
recursos, información o ánimo para meterse en juicios, de modo que a la banca
esta sentencia le saldrá barata, como esos grandes almacenes que ya incluyen en
sus presupuestos anuales de gasto el importe de las sisas de sus clientes.
Lo grave, desde el punto de vista político, es que el
Gobierno se desentienda de la existencia de esta estafa. Los ministros de
Economía y de Justicia se lavaron ayer las manos y remitían la solución del
conflicto a la ´relación privada´ de la banca con sus clientes. Uno se pregunta
para qué queremos un Gobierno si éste permite que entidades estratégicas en la
economía de un país desplumen a los ciudadanos con la aquiescencia de legalidad
que les facilita ese mismo Gobierno. En un país en el que los administrados
estuviéramos en buenas manos, el Gobierno se haría cargo de la defensa
ciudadana y arbitraría en favor de los estafados una solución integral que
ahorraría muchos trámites y dinero al sistema judicial.
Un Gobierno que asiste impávido, indiferente y cómplice ante
un robo masivo de la institución financiera ejecutado con el aval de legalidad
que ese mismo Gobierno le prestaba, no sólo no merece nuestra confianza sino
que se hace merecedor de nuestro más profundo desprecio. Una canallada.
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